"Denunciar delitos es deber del ciudadano": así reivindicó el PSOE la acusación popular en las causas contra el PP

El PSOE reivindicó durante años su labor como acusación popular en procedimientos abiertos contra el Partido Popular, como la trama Púnica. La formación, que ahora quiere prohibir por ley que los partidos políticos se personen bajo esta figura, apeló entonces al "deber" recogido en la Constitución de los ciudadanos de poner en conocimiento de los jueces presuntas prácticas corruptas.

"La denuncia de hechos presuntamente delictivos es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como un deber de los ciudadanos (véanse los artículos 259, 262 y 264 de la LECrim). Y es en cumplimiento de ese deber, por lo que la Acusación popular puso en conocimiento de quien es el responsable de la investigación de los hechos, es decir el Juzgado, hechos nuevos pero íntimamente relacionados", reza un escrito la formación socialista al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El mismo se presentó el 2 de septiembre de 2021 en una de las piezas separadas de la trama por la presunta caja B del PP madrileño. En concreto, en la relativa a los contratos con la empresa Waiter Music. La formación, que también ha acusado en otros procedimientos contra el PP como la trama Gürtel, su derivada 'Papeles de Bárcenas', o el 'caso Lezo', recurrió junto con la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) la decisión del juez de no seguir investigando esta pieza.

Coto a las acusaciones populares

Al respecto expuso que todavía quedaban diligencias por practicar que hacían necesaria la prórroga de las actuaciones. Para ello reivindicó el papel de las acusaciones populares recordando expresamente los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo regula.

Con todo, no es la única vez que se pronuncia en estos términos. En el marco del 'caso Lezo', que se sigue principalmente contra el expresidente madrileño, Ignacio González, el PSOE también reivindicó la legitimidad de las acusaciones populares para pedir diligencias. Para ello apeló al artículo de la LECrim que determina que los que se personan en las diligencias "podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar a la práctica de diligencias".

Se trata de un precepto que la reforma quiere borrar. Con esta modificación legal, que desde el PP han bautizado como 'ley Begoña', se pretende impedir que partidos políticos y asociaciones afines puedan tener voz y voto en la instrucción de las causas. El texto, que prohíbe también la personación de jueces y fiscales, determina que su papel quedaría relegado a la interposición de querella inicial y a la fase de vista oral. Es decir, durante la instrucción no puede impulsar la causa ni pedir diligencias, por lo que la misma quedaría en manos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, en caso de que hubiera.

El texto, registrado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, ha levantado ampollas en la carrera judicial y fiscal. Las cuatro asociaciones de jueces se han pronunciado en contra de limitar hasta dicho extremo a las acusaciones populares o de incluir como causa de recusación de un juez, la manifestación pública de una opinión sobre asuntos de índole política.

El viraje del PSOE

En cuanto a su tramitación, tampoco las asociaciones fiscales lo acogen; máxime porque reforma la LECrim, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal por el trámite de proposición de ley, lo que implica que obviará los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Además, la acción popular viene establecida en la Constitución, por lo que se apunta ya a visos de inconstitucionalidad que hacen que la futura ley termine en el Tribunal Constitucional.

Se trata de garantías a las que el PSOE ha apelado cuando ejercía dicha acusación. La formación socialista ha litigado con esta figura en innumerables causas, más allá de Gürtel, Púnica y Lezo. De hecho, se personaron en varias piezas de la trama Villarejo -como la que afectó al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz por el espionaje a Luis Bárcenas-, también en la trama del pelotazo de las mascarillas por la que irán a juicio Alberto Luceño y Luis Medina, la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el caso del máster de Cristina Cifuentes o más recientemente, la trama Koldo. La Audiencia Nacional autorizó su personación como acusación popular pero le ordenó litigar bajo el paraguas del Partido Popular, por haber sido el primero en formalizar su acusación.

Causas en peligro

Con todo, los argumentos esgrimidos en sus escritos para justificar su actuación en estos procedimientos son ahora los que se pretende borrar de las leyes. El objetivo, según el PSOE, es evitar las filtraciones continuas de sumarios de investigación y también la pena de telediario a la que se ven sometidos los investigados. De hecho, añaden también la imposibilidad de que un juez pueda admitir a trámite una querella redactada con "meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades".

Además. incluyen en una disposición transitoria adicional la obligatoriedad de que la norma se aplique a los casos en curso una vez entre en vigor. De conseguirlo, causas como la que se sigue contra Begoña Gómez o contra David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, respectivamente, quedarían al borde del archivo. Los dos procedimientos se impulsaron por denuncia de Manos Limpias, personada como acusación popular.

Además, también se asestaría un duro golpe a la causa contra el fiscal general, donde está personada como acusación popular la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Al igual que ocurre con el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía insiste en que el procedimiento debe archivarse.