Industria y renovables piden eliminar la tasa de producción eléctrica
La suspensión del impuesto a la producción eléctrica pactada por el PP y Junts está en un limbo tras el aplazamiento pactado por el PSOE y Sumar de la Comisión en la que se debía liquidar el gravamen del 7% que piden las grandes eléctricas y las renovables y que beneficiaría a los consumidores domésticos con una notable rebaja de la factura de casi 400 millones anuales a los que se sumarían más de 700 millones de ahorro para comercio e industria, lo que redundaría en una contención de los costes y de los precios finales.
Es previsible que en febrero, con la plena vuelta a la actividad parlamentaria, se reactive la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde el PP y Junts (con el apoyo de Vox, PNV y ERC) incluyeron una enmienda transacional para suprimir ese impuesto.
El Gobierno trata de que sus socios de legislatura sigan apoyando esa medida. Sin embargo, las últimas declaraciones de Junts o de miembros del PNV, como Íñigo Ansola, partidario de limpiar de recargos la factura, complican los planes del Ejecutivo de mantener el IVPEE.
Aunque en unas recientes declaraciones el presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) se refería específicamente a su apoyo a la supresión del impuestazo a las compañías energéticas, también dejaba claro que el PNV se decantará por apoyar a la industria, a las empresas y a las energéticas porque «son las empresas que más están aportando económicamente a las haciendas forales, al empleo y al Estado del Bienestar».
El sector estima que eliminar el impuesto de generación eléctrica, que se aplica sin distinción tanto a las nucleares como a las renovables y a las otras energías emisoras de CO2, traería consigo importantes rebajas en la factura eléctrica tanto para los más de 8 millones de consumidores domésticos con tarifa regulada como al pequeño comercio o la gran industria.
La Ley del Sector Eléctrico establece que los cargos del sistema son costes ajenos al uso de las redes y al coste de la energía, que se financian a través de la tarifa eléctrica. Estos cargos, que incluyen costes asociados a políticas energéticas y sociales, encarecen la factura final de los consumidores. La eliminación del impuesto del 7% podría suponer un ahorro medio del 4,4% para los hogares (unos 37 euros) y hasta 40.605 euros para las grandes industrias.
Los cargos del sistema son junto con los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, los que componen la parte fija de la tarifa. Los cargos financian a las renovables, hacen frente a la deuda del sistema y financian los sistemas de las islas, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Gobierno ha propuesto una actualización de los cargos para 2025, lo que podría incrementar los pagos de los consumidores en un 33%.
La enmienda del PP y Junts propone suprimir el impuesto siempre que el sistema no genere déficit. En 2023, los ingresos del sistema fueron suficientes para cubrir todos los costes regulados, con un superávit de 3.902,9 millones gracias a la incorporación del superávit de 2022 (6.190,1 millones), que compensó los menores ingresos externos registrados respecto a los inicialmente previstos para el ejercicio (-3.376,2 millones). Para conocer los datos de 2024 habrá que esperar aún unos meses, aunque se espera que el sistema cierre en equilibrio.
La eliminación de este impuesto es una reivindicación recurrente por parte de la industria desde la introducción del gravamen en 2012 ya que, de facto, es trasladado por los productores de electricidad a la factura del consumidor industrial. Este impuesto representa una carga de unos 1.100 millones anuales sobre los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque desde su adopción ha alcanzado picos de 1.600 millones.
Lastre para la industria
«Mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de estados de la UE, puesto que ninguno de ellos tiene implantado un gravamen similar», defiende Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que engloba a las patronales de la automoción, química, cemento, alimentación y bebidas, siderurgia, refino o el papel, entre otras. La Alianza pide «eliminarlo definitivamente» ya que, además, puede incluso dificultar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, «al plantear barreras a la electrificación» explica. Renovables como Solaria afirman que el IVPEE tiene un impacto negativo para el desarrollo del sector al «encarecer la electricidad producida con energías renovables con la que atraer industria», según ha defendido su director general, Darío López.