El Gobierno anuncia la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que prevé la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad y de medidas concretas que deberán adoptar sectores vitales tanto públicos como privados para reforzar su protección frente a ciberataques.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros una norma que, ha destacado, se tramitará con el procedimiento de urgencia. "El uso de las redes y sistemas de información se ha convertido en crucial para el desarrollo de la inmensa mayoría de nuestras actividades sociales y económicas. Estas redes están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras", ha defendido el ministro. Y es que los ciberdelitos ya suponen el 20% de las denuncias en España y aumentaron en 2024 un 13,5%, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior.
La futura norma supondrá la incorporación al ordenamiento jurídico de la Directiva europea de 2022 que exige a todos los estados miembros que adopten medidas que garanticen un nivel común de ciberseguridad, así como la obligación a los países de la UE de que se doten de las capacidades necesarias en materia de ciberseguridad para reducir las amenazas. Según ha explicado el ministro del Interior los efectos de los incidentes cibernética representan una grave amenaza, ya que pueden llegar a perturbar las actividades económicas, mermar la confianza de los usuarios y ocasionar grandes daños a la economía, la sociedad y también, por supuesto, a la seguridad nacional.
El titular de Interior ha detallado que el borrador contempla que las entidades públicas o privadas a las que afectan las normas de ciberseguridad que se implanten tiene que tener su residencia fiscal en España o, en caso de otro estado de la UE, ofrecer sus servicios o desarrollar sus actividades en nuestro país.
En ambos casos, estas entidades deberán operar en aquellos sectores considerados de alta criticidad para el correcto funcionamiento del país, como son, entre otros, la energía, el transporte, la banca y los mercados financieros, el sector sanitario y las infraestructuras digitales y los servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones.