La Seguridad Social se quedará con el 40% de la subida del salario mínimo
Yolanda Díaz mantiene su intención de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del IPC y hasta el tope máximo marcado por el comité de expertos convocado por ella misma para asesorarla. Así, la ministra de Trabajo llevará a la mesa de diálogo social convocada para hoy una subida del SMI del 4,4%, hasta los 1.184 euros mensuales, 50 euros más que lo marcado hasta ahora – con efectos retroactivos desde el 1 de enero–, lo que tendrá un impacto muy superior en el coste salarial mensual de las empresas, en torno a los 80 euros más por trabajador al mes. Eso significa que 30 euros irán directamente a las arcas de Seguridad Social y de Hacienda, casi un 38% del total, que se elevará incluso hasta el 40% incluyendo el tipo de cotización por accidentes de trabajo y el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Díaz ha vuelto a hacer oídos sordos a las advertencias empresariales y ha convocado la mesa de negociación para plantear a sindicatos y patronal una subida del SMI «inasumible» para los empresarios. La ministra no acudirá presencialmente a la reunión y será el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien presida una reunión que se presenta más que complicada para llegar a un consenso de todas las partes. Los empresarios ya han manifestado que no apoyarán una subida del 4,4% y reclaman que el incremento «debe ser proporcional al comportamiento de la economía y de la inflación».
Cepyme calcula que elevar el salario entre un 3,4% y un 4,4% llevará el coste salarial para las empresas a una horquilla de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, con todas las cotizaciones sociales. Con ello, la diferencia con el pasado ejercicio se situaría entre 78 euros y 80 euros, lo que suponen un 56% y un 62% por encima del año 2018, el primero ejercicio del Gobierno de Pedro Sánchez. La patronal de las pymes ha incidido en que el SMI se ha incrementado un 73% entre 2016 y 2024 y, con la subida que tiene previsto plantear el Gobierno para 2025, el incremento acumulado de esta renta mínima en los últimos ocho años será casi del 81%.
Fuentes empresariales confirmaron a LA RAZÓN que la posición de la patronal está en el «no» porque los resultados de las empresas –sobre todo las pymes– «no han crecido en la misma proporción que el SMI». Tomando el salario mínimo desde 2018, este ha crecido un 54%, casi tres veces más que el IPC, que lo ha hecho un 19,4%, además de que la productividad de la pyme sigue cayendo y se sitúa ya en niveles de 2015.
Tampoco han subido los contratos públicos, que mantienen congeladas sus tarifas desde 2016 y que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a indexar con la subida del SMI o con la del IPC. Además, otras circunstancias impiden un posible acuerdo que pueda ser rubricado por las patronales CEOE y Cepyme: «El Gobierno no tiene en cuenta la brecha que se ha generado entre sectores y comunidades autónomas; lo suben por encima del IPC sin un criterio lógico; se ataca directamente a las empresas más pequeñas, que son las que tienen la mayoría de este tipo de contratos, por lo que se ataca a la parte más vulnerable del tejido empresarial; se sigue sin tener en cuenta la situación empresarial; y ni siquiera se respeta el Estatuto de los Trabajadores».
Para Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, la subida va a tener un impacto desigual por sectores, y será muy negativo especialmente para las micropymes –empresas de entre uno y cinco trabajadores–, el campo o el hogar. «En la presente situación es imposible avalar un incremento tan elevado por efectos perjudiciales sobre la competitividad y el empleo en las empresas. Hay sectores como el agrario o el comercio que ya no pueden asumir más subidas como las de los últimos años», por lo que aboga por no estandarizar una subida generalizada y por estudiar primero «cómo está la situación económica y de la empresa» antes de abordar un nuevo incremento. «Las pymes ya no pueden más», aseveró.
En la misma línea, el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha alertado de que en los últimos cinco años se han destruido unos 174.000 empleos en los sectores de la agricultura, el hogar y de la formación profesional dual, unos ámbitos en los que los trabajadores que cobran el SMI son «prácticamente la totalidad del sector».
Esta negativa a una nueva subida del salario mínimo será la enésima por parte de CEOE y Cepyme. El Ministerio de Trabajo ha acordado solo con CC OO y UGT la subida en las cinco últimas ocasiones. La última, la de 2024, fue del 5%, desde los 1.080 euros mensuales hasta los 1.134 euros. Tampoco se sumaron al incremento del 8% de 2023, ni a los aumentos de 2022 y 2021. Únicamente respaldaron el impulso de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales. Como tope máximo, los empresarios avalarían un incremento del SMI entre 2,8% –el IPC con el que se cerró el año– y un 3,07% –la subida de los salarios por convenio–.
Los sindicatos tampoco se han mostrado satisfechos con el informe de los expertos. UGT y CC OO reclaman subidas que se sitúen entre el 5% y el 6%, «porque la buena marcha de la economía española deja márgenes para esta mejora salarial», pero no desdeñarían un acuerdo bipartito con Trabajo por el 4,4%.