La Audiencia devuelve a Aldama el móvil con un terabyte de datos que amenaza a Moncloa

La Audiencia Nacional ha entregado a Víctor de Aldama el volcado del teléfono móvil que la Guardia Civil le requisó tras su detención el 7 de octubre por su implicación en la trama de los hidrocarburos. Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que se trata de un terabyte de datos que ahora están ya en posesión tanto del empresario como de la Fiscalía Anticorrupción, para proceder al reglamentario expurgo del dispositivo.

La Guardia Civil ha culminado de esta forma el estudio del terminal que, según ha deslizado el propio Aldama, podría contener información muy perjudicial para el Ejecutivo. Cabe recordar que el conseguidor ha mostrado su disposición a colaborar tanto con las diligencias sobre el 'caso Koldo' como sobre esta trama de fraude de hidrocarburos que sigue bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

De hecho, tras la incautación del dispositivo, Aldama se ofreció a ayudar a los investigadores para facilitar no solo el acceso a todos los documentos encriptados, sino para orientarles en la búsqueda de material determinante que puede salpicar a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Así pues, la UCO ha dedicado estos últimos meses al estudio y volcado de la información contenida en el dispositivo y, tras un primer expurgo, ha depositado su contenido en una plataforma con acceso habilitado al empresario y a la Fiscalía Anticorrupción.

El recado de Aldama a Sánchez

Ahora se abre un proceso en el que se decidirá qué material se integra en la causa y qué se aparta, por no tener relación con el procedimiento. Además, también se estudiará en esta pieza secreta si parte de lo hallado en el móvil es de interés para otras diligencias, como pudiera ser la 'trama Koldo', cuya pieza principal se sigue en la Audiencia Nacional y su derivada en el Tribunal Supremo, centrada en la presunta implicación de José Luis Ábalos.

La Guardia Civil ha accedido a una cantidad ingente de mensajes, wasaps, imágenes y documentos de toda índole. De hecho, barajan un volumen de datos que supera los 1.000 gigabytes. Se trata de un contenido que preocupa en el Ejecutivo, especialmente tras las confesiones que ha protagonizado en sus dos declaraciones en sede judicial por el caso Koldo. En la primera de ellas, celebrada el 21 de noviembre en la Audiencia Nacional, desveló un presunto reparto de comisiones por el pelotazo de las mascarillas y otros negocios entre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. Según dijo, el primero percibió 400.000 euros y el segundo 200.000 euros.

Se trató de una confesión que le valió la excarcelación de Soto del Real y a la que ha seguido una segunda comparecencia en el Tribunal Supremo. En su segunda cita, el 16 de diciembre, Aldama amplió el foco y detalló un presunto sistema de cobro de comisiones a cambio de facilitar adjudicaciones de obra pública a empresas cercanas. Según precisó, Koldo le dijo en "muchas ocasiones" que parte de estos beneficios en B irían para el PSOE. Preguntado por una cifra concreta, precisó que alcanzó un 1,5% de porcentaje por obra; entre 3,5 y 4 millones de euros.

"Relaciones con ministros"

Del mismo modo mantuvo en la diana al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno. De ambos dijo que recibieron dinero negro. El primero, habría percibido 15.000 euros en un sobre en frente de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y el segundo 25.000 euros por facilitar un aplazamiento en Hacienda.

De hecho, Aldama deslizó al término de su comparecencia que tuvo "relaciones" con varios ministros. Aunque el magistrado Leopoldo Puente frenó esta parte del interrogatorio, recordándole que estas "relaciones" por sí mismas no constituyen ilícito penal, la advertencia se entendió como un aviso a navegantes de todo lo que queda por salir.

Y, en ese sentido, el contenido del teléfono que ahora recupera es determinante. Máxime porque en estas diligencias sobre una presunta trama del fuel está investigada Carmen Pano, la empresaria que confesó ante la Guardia Civil haber llevado personalmente 90.000 euros a la sede del partido socialista en 2020; mismo año en que la 'trama Koldo' se adjudicó los contratos covid que investiga la Audiencia Nacional.

Y, por si fuera poco, el empresario fue claro con Pedro Sánchez a su salida de Soto de Real. Apenas minutos después de que el presidente del Gobierno le retara a demostrar sus acusaciones, Aldama le lanzó el primer aviso. "Que no se preocupe, que va a tener pruebas". También respondió a Montero, después de que ésta dijera que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete. "Compre pomada porque se la va a quemar", le espetó.

La trama de hidrocarburos

Ahora el material se incorpora a las diligencias que dirige Santiago Pedraz y que se mantienen bajo secreto, por lo que, al menos de manera provisional, solo Aldama y Anticorrupción tendrán acceso a este material. Ahora bien, en cuanto el magistrado lo alce, se prevé un desfile de interrogatorios en la Audiencia Nacional de todos los imputados en esta causa. Con todo, el foco se pone en tres personas: Aldama, el que fuera su socio, Claudio Rivas, y Carmen Pano.

Pedraz acordó prisión los dos primeros tras el estallido de la operación, en octubre. Entonces se supo que se trataba de un entramado que habría defraudado 182 millones de euros en apenas dos años a través del fraude fiscal en concepto de IVA de los hidrocarburos. Los investigados -entre los que se encuentra un importante número de testaferros- se apoyaron en empresas pantalla a través de las cuáles desviaron el dinero fuera de España.

De hecho, los investigadores siguen rastreando un presunto desvío de 74 millones de euros que salieron del país a través de transferencias a Portugal, Colombia y China. El avance de las pesquisas demuestra que la dimensión de este procedimiento penal es mayor de lo esperado y que el mismo puede acabar salpicando a personas el entorno del Ejecutivo. La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió, en una nota informativa dada a conocer tras el estallido del caso, que este tipo de organizaciones consiguen "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración".

Sin embargo, sus principales cabecillas ya están en la calle. Primero consiguió la libertad provisional Víctor de Aldama y, tras él, Claudio Rivas. El magistrado le revocó la prisión provisional el 17 de diciembre alegando que, en el tiempo que estuvo encarcelado, se han estudiado las evidencias digitales incautadas y se ha podido "profundizar" en la investigación. Cabe recordar que la UCO también está analizando el terminal móvil de Rivas, dueño de la petrolera Villafuel.

Precisamente Rivas se ha dirigido al juzgado de Pedraz recientemente para pedir que levante el secreto que pesa sobre las diligencias. En los escritos, a los que ha tenido acceso este medio, denuncia "indefensión" con esta situación ya que no hay riesgo alguno de destrucción de pruebas. A su reclamo se han sumado su hermana María Luisa Rivas y Javier Cillán, presunto fiduciario de la trama.