Cheques publicados en el BOE
La proposición de Ley registrada por el Gobierno, por la que se limita las acciones de la acusación popular en un procedimiento judicial, ha levantado una nueva controversia en el ámbito jurídico y en el político.
Los juristas defensores de la iniciativa apelan al Derecho comparado, argumentando que se trata de una figura desconocida en el ordenamiento jurídico del resto de países europeos y que, en España, es un vestigio decimonónico que nació con el objetivo de reforzar procesos iniciados contra los propios jueces y magistrados.
Los detractores aseguran que llevarla a cabo aniquilaría una herramienta útil contra la corrupción y que los procesos más famosos en esta materia han sido posibles gracias a la denuncia y seguimiento de partidos y organizaciones.
El interés jurídico y académico es incuestionable, pero lo que no debe perderse de vista es la motivación que le ha llevado a Pedro Sánchez a emprender semejante reforma en este momento.
También sería engañoso hacer este análisis sin tener en cuenta las razones que se esconden detrás de importantes medidas, como la reforma del Código Penal, la Ley de Amnistía o decisiones enmendando la plana a sentencias judiciales, como los indultos del «procés». Desde esta perspectiva, no cabe otra conclusión que Sánchez ha utilizado el Parlamento para acomodar el ordenamiento jurídico a sus intereses en cada ocasión que se le ha presentado.
Si no hubiesen hecho falta los votos de ERC, no hubiese habido indultos ni reforma del Código Penal, la ley de amnistía fue el primer plazo de los pagos pendientes a los escaños de Puigdemont y, si no estuviesen investigados en sendos procesos judiciales la esposa y el hermano del líder socialista, no se habría producido esta proposición de anulación de gran parte de las acciones de la acusación popular.
Cincelar las leyes para que sirvan a los intereses particulares es una corrupción en sí misma, más allá de las cuestiones sobre constitucionalidad o sobre la bondad jurídica de las mismas.
La primera medida de moral pública exigible a un gobierno es la prohibición del uso del poder en interés particular.
El fiscal general del Estado está inhabilitado, en términos éticos, después de su reciente imputación y mantenerle al frente de la responsabilidad para controlar el ministerio público en casos que afectan personalmente a Sánchez es impensable en la tan apelada Europa, sino más propio de países como Venezuela.
La erosión que están sufriendo las instituciones no tiene parangón en nuestra democracia y la ambición de Sánchez se paga en cheques publicados en el BOE.