Moncloa espera el jaque de Puigdemont: "Las cartas están sobre la mesa"
El Gobierno ha decidido mover ficha en la partida que juega con Junts por la legislatura. Un movimiento arriesgado y con implicaciones que comenzarán a dilucidarse este mismo viernes, cuando el expresidente Carles Puigdemont comparezca desde Bruselas para imprimir un nuevo ritmo a la partida. Está por ver si es el "game over" definitivo. Será en respuesta a la decisión que se tome un día antes en la Mesa del Congreso, donde el PSOE tiene previsto hacer valer su mayoría -con Sumar- para consumar el rechazo a la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que pide Junts. En Moncloa son conscientes de que su "determinación" tendrá consecuencias y ya se preparan para asumirlas: "Las cartas están sobre la mesa".
En el Ejecutivo no han cambiado de posición. Siempre sostuvieron que la cuestión de confianza era una iniciativa "extemporánea" que "no tocaba". Ni por el contexto, hay varias mesas de negociación abiertas con los posconvergentes en las que se están registrando tímidos avances; ni por el fondo, se trata de una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, que no se puede activar a través de los partidos de la oposición. A pesar de no tener base constitucional, en Moncloa decidieron dar margen al acuerdo y postergaron la decisión de la Mesa unas semanas, tratando que el devenir de las conversaciones con Junts permitieran que fueran ellos quienes retirasen la iniciativa motu proprio.
Esto no ha ocurrido y llegados al punto de tener que tomar una decisión en el Gobierno han decidido plantarse. Consideran que calificar la proposición no de ley (PNL) y promover su debate en pleno, abriría la puerta a un "peligroso precedente" y que en el futuro "un día sí y otro también" hubiera partidos políticos que utilizasen esta herramienta para tratar de censurar al Gobierno o someterle a una derrota parlamentaria. Fuentes gubernamentales recuerdan que Puigdemont tiene los "instrumentos y las herramientas" para fiscalizar la acción del Ejecutivo, esto es, le emplazan a que se sume a una moción de censura impulsada por Alberto Núñez Feijóo.
Lo hacen con la convicción de que el expresidente no tiene incentivos para ello. Primero, porque esto le supondría un profundo quebranto electoral, porque la sociedad catalana no lo entendería. Segundo, porque si se cumple el escenario que dibujan todas las encuestas, Junts pasaría a la irrelevancia política en ante una mayoría absoluta de PP y Vox. No tendría capacidad de influencia en Madrid ni tampoco en Cataluña, donde gobierna Salvador Illa. Y como tercer escenario, la aplicación de la amnistía, de la que todavía sigue pendiente Puigdemont, se enfrentaría a más obstáculos si la Moncloa cambia de manos. Estos argumentos son los que exponen las citadas fuentes gubernamentales para asentar este último movimiento y que no sea en falso.
En paralelo, según ha podido saber este diario, el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los interlocutores con Junts trabaja a máxima intensidad en estas horas decisivas para el devenir de la legislatura. "El Gobierno dialoga y conversa. Es nuestra seña de identidad hablar con el grupo parlamentario, buscar acuerdos y buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento", ha explicado esta mañana Bolaños, para mostrarse convencido de que la Mesa del Congreso adoptará una decisión "perfectamente fundamentada en derecho" sobre la cuestión de confianza que quiere tramitar Junts.
En juego hay mucho más que la iniciativa de los posconvergentes, están todas las carpetas que, a día de hoy, permanecen abiertas en la negociación entre el Gobierno y sus socios. La principal, la prioritaria, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En clave presupuestaria, el Ejecutivo lleva semanas abonando la tesis de una prórroga, "destramatizando" que un nuevo incumplimiento constitucional de presentar las cuentas vaya a perjudicar la buena marcha de la economía y la aplicación de recursos.