El Gobierno negocia in extremis con Junts para sortear la ruptura total
El Gobierno ha decidido mover ficha en la partida que juega con Junts por la legislatura. Un movimiento arriesgado y con implicaciones que comenzarán a dilucidarse este mismo viernes, cuando el expresidente Carles Puigdemont reúna a su núcleo duro en Bruselas para imprimir un nuevo ritmo a la partida. Está por ver si es el «game over» definitivo. Será en respuesta a la decisión que se tome un día antes, hoy, en la Mesa del Congreso, donde el PSOE tiene previsto hacer valer su mayoría –con el voto de sus socios de coalición– para consumar el rechazo a la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que pide Junts. En Moncloa son conscientes de que su «determinación» de tumbarla tendrá «consecuencias» y ya se preparan para asumirlas. «Las cartas están sobre la mesa», aseguran fuentes socialistas.
En las horas decisivas hasta la reunión, esta mañana, del órgano rector de la Cámara Baja se suceden las negociaciones a varias bandas para intentar una última jugada. El PSOE, que había optado por exhibir una renovada fortaleza frente a sus socios, comienza ahora a flaquear ante sus amenazas y está tratando de persuadir a los de Puigdemont para encontrar una salida que les permita salir indemnes a ambos de la controversia generada. Se apunta a una reformulación de la iniciativa, una nueva redacción o un instrumento parlamentario distinto, que mantenga la vocación de fiscalizar al Gobierno, pero sin recurrir a la cuestión de confianza. De esta forma, los socialistas podrían validarla, mientras que de insistir en el formato actual, mantendrán su negativa. Y eso puede llevar la legislatura al colapso.
En el Ejecutivo no han cambiado de posición. Siempre sostuvieron que la cuestión de confianza era una iniciativa «extemporánea» que «no tocaba». Ni por el contexto, hay varias mesas de negociación abiertas con los posconvergentes en las que se están registrando tímidos avances; ni por el fondo, se trata de una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, que no se puede activar a través de los partidos de la oposición. A pesar de no tener base constitucional, en Moncloa decidieron dar margen al acuerdo y postergaron la decisión de la Mesa unas semanas, confiando en que el desarrollo de las conversaciones con Junts permitiera que fueran ellos quienes retirasen la iniciativa motu proprio. Esto no ha ocurrido y llegados al punto de tener que tomar una decisión sobre su viabilidad, en el Gobierno han decidido plantarse.
Consideran que calificar la proposición no de ley (PNL), y promover su debate en pleno, abriría la puerta a un «peligroso precedente» y que, en el futuro, «un día sí y otro también» hubiera partidos políticos que utilizasen esta herramienta para tratar de censurar de manera encubierta al Gobierno o someterle a una derrota parlamentaria sostenida. Fuentes gubernamentales recuerdan que Puigdemont tiene los «instrumentos y las herramientas» para fiscalizar la acción del Ejecutivo, esto es, le emplazan a que se sume a una moción de censura impulsada por Alberto Núñez Feijóo.
Lo hacen con la convicción de que el expresidente no tiene incentivos para ello. Primero, porque esto le supondría un profundo quebranto electoral en la inmediata cita con las urnas, porque la sociedad catalana «no lo entendería». Segundo, porque si se cumple el escenario que dibujan todas las encuestas, Junts pasaría a la irrelevancia política ante una mayoría absoluta de PP y Vox. No tendría capacidad de influencia en Madrid ni tampoco en Cataluña, donde gobierna Salvador Illa. Y como tercer escenario, la aplicación de la amnistía, de la que todavía sigue pendiente Puigdemont, se enfrentaría a más obstáculos si La Moncloa cambia de manos. Estos argumentos son los que exponen las citadas fuentes gubernamentales para tratar de asentar este último movimiento y que no sea un paso en falso.
En paralelo, según ha podido saber este diario, el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los interlocutores con Junts, trabaja a máxima intensidad en estas horas decisivas para salvaguardar el devenir de la legislatura. «El Gobierno dialoga y conversa. Es nuestra seña de identidad hablar con el grupo parlamentario, buscar acuerdos y buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento», señaló ayer Bolaños, para mostrarse convencido de que la Mesa del Congreso adoptará una decisión «perfectamente fundamentada en derecho» sobre la cuestión de confianza que quiere tramitar Junts.
En juego hay mucho más que la iniciativa de los posconvergentes. Encima de la mesa están todas las carpetas que, a día de hoy, permanecen abiertas en la negociación entre el Gobierno y sus socios. La principal, la prioritaria, la que permitiría agotar el mandato, es la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En clave presupuestaria, el Ejecutivo lleva semanas abonando la tesis de una prórroga, «desdramatizando» que un nuevo incumplimiento constitucional de presentar las cuentas vaya a perjudicar la buena marcha de la economía y a la correcta asignación de recursos.