Confirmado: el Gobierno negará la jubilación a quienes hayan trabajado menos de este tiempo
El Gobierno ha anunciado nuevas medidas que endurecen los requisitos para acceder a la jubilación en España. La reforma, que forma parte de un proceso iniciado en 2013 y que culminará en 2027, ha generado controversia entre los trabajadores debido a los cambios progresivos en la edad de retiro y a las condiciones más estrictas para obtener una pensión completa.
Uno de los puntos clave de la reforma es el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria. A partir de 2025, los trabajadores que no acumulen al menos 38 años y 3 meses de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses para retirarse. Por el contrario, quienes alcancen ese tiempo mínimo de cotización podrán jubilarse a los 65 años.
Además, los requisitos para acceder a la jubilación no contributiva también serán más estrictos. Será necesario haber cotizado al menos 15 años, con la condición de que dos de esos años se encuentren comprendidos en los últimos 15 años previos a la solicitud de jubilación. Según el Gobierno, esta medida busca asegurar que los beneficiarios hayan mantenido una relación laboral activa en los años más recientes.
Un golpe para quienes enfrentan trayectorias laborales inestables
Estos cambios han sido duramente criticados, especialmente por aquellos que han enfrentado largos periodos de desempleo o trabajos precarios. Las nuevas condiciones dificultan aún más el acceso a la jubilación, dejando fuera a quienes no cumplan con los estrictos criterios establecidos.
Por otro lado, las opciones de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, también conllevan penalizaciones significativas. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los trabajadores podrán retirarse desde los 64 años y 6 meses, siempre que hayan cotizado al menos 38 años, aunque deberán asumir una reducción de hasta el 21% en su pensión.
En la modalidad involuntaria, diseñada para quienes se ven obligados a dejar de trabajar por causas ajenas a su voluntad, el retiro será posible a partir de los 62 años y 6 meses, pero con penalizaciones que pueden alcanzar el 30%.
El debate continúa
El Ejecutivo ha defendido estas modificaciones como imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente al envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, los trabajadores afectados perciben estas medidas como una barrera que limita su acceso a un derecho esencial, especialmente en un contexto laboral cada vez más complicado.
Con la entrada en vigor de estas medidas, quienes no cumplan con el tiempo de cotización requerido se verán excluidos del sistema de jubilación, lo que ha generado un amplio debate sobre la equidad y la viabilidad de las reformas.