Nuevo asalto para derribar el Monumento a los Caídos en Pamplona
Las Asociaciones Memorialistas por el derribo del Monumento a los Caídos en Pamplona no desisten en su empeño de echar abajo el edificio, que forma una elegante silueta en el Segundo Ensanche de la capital navarra desde 1942.
Para ello presentaron ante el Ayuntamiento de Pamplona, que lidera Bildu, un recurso de reposición contra la resolución de Alcaldía del 28 de noviembre que denegó su solicitud de derribo presentada el 16 de octubre. Reclaman que se anule y se dicte una nueva iniciando el procedimiento de demolición. A la vez, han convocado una manifestación este sábado, a las 18:00 horas, «para apoyar el derribo, en defensa del derecho de las víctimas del franquismo a la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición».
Las asociaciones consideran que la resolución municipal «es nula porque no está motivada», ya que «se limita a manifestar que, vista la solicitud de las asociaciones y el informe jurídico municipal, se desestima, sin indicar ni concretar qué argumentos o motivos se tienen en cuenta o se rechazan». Asimismo, consideran que el informe jurídico municipal «no hace una interpretación correcta de la normativa» y aseguran que «la única solución admisible en derecho es la retirada y eliminación, en definitiva, el derribo». Según explican, el informe municipal dice que la Ley de Memoria Democrática estatal «no es de aplicación en Navarra, porque no es una legislación básica. Sin embargo, la propia ley dice en su disposición final cuarta que es legislación básica».
«La ley pretende garantizar que las víctimas protegidas por vulneración de Derechos Humanos reciban el mismo tratamiento en todo el territorio del Estado. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática es de aplicación en Navarra», defienden en una nota de prensa.
Estas asociaciones sostienen que el edificio «debe ser derribado, porque así lo mandan los artículos 35 y 37 de la Ley de Memoria Democrática, el artículo 11 de la LF de Reconocimiento y Reparación de las víctimas del franquismo de Navarra y el Censo de símbolos franquistas de Navarra. Todas dicen que deben ser retirados o eliminados y tratándose de un edificio equivale a ser derribado. En ningún momento dicen las leyes que el monumento puede ser resignificado», insisten, a pesar de que el consistorio de UPN y CDN ocultó tanto los escudos franquistas exteriores, la inscripción y nombre del edificio frontal, así como las inscripciones del interior.
Sus detractores afirman que «no está protegido por el Plan municipal porque la normativa de protección del Monumento a los Caídos no está en vigor al no haber sido publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra».
Aseguran que el alcalde de Pamplona «puede actuar sin ningún impedimento y sin necesidad de que una mayoría de 14 votos del Pleno modifique la normativa» e instan a que, «en aplicación de sus competencias, inicie el procedimiento de derribo».
Por contra, Javier Campal, presidente de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, recuerda que el asunto «está judicializado y hasta que no se resuelva el contencioso no se puede tocar», en referencia a la acción que dirige la entidad con apoyo de informes del arquitecto Ismael de la Barba.
Fuentes de la asociación apuntan que «en la publicación del Ayuntamiento el edificio está catalogado con un grado 2 y las arcadas con un grado 3, y tienen catalogación además todos los edificios de la plaza y los edificios colindantes, la iglesia y la casa parroquial».
Al ser un catálogo, «simplemente con el hecho de que esté recogido en el documento del Plan General es de aplicación, y por tanto a los efectos de protección tiene toda la fuerza independientemente de su publicación».
Asimismo, «en las fichas de protección son claros los valores que hacen al conjunto merecedor de ser catalogado, y además se hace especial hincapié en el hecho de que se deben mantener». Esto «implica que no es posible su demolición, pero tampoco su mutilación o redefinición».
Explican desde la asociación que «el edificio, falsamente denominado a los caídos y cuyo nombre es Monumento de Navarra a sus Muertos, es un edificio votivo, un sarcófago que recogía a los muertos en el frente durante la Guerra Civil, en el bando nacional, como posteriormente se han elevado multitud de monumentos a los caídos en el bando republicano, aun siendo el perdedor».
Los valores de la edificación «están descritos en las fichas del catálogo, en el informe» presentado por la propia entidad «y en multitud de documentación existente en internet», pero «está publicado y recogido en el documento publicado por la Administración, por lo que tiene consideración normativa de aplicación».
Señala De la Barba que, «como hemos manifestado en multitud de ocasiones, el defender los valores urbanísticos, arquitectónicos y artísticos del conjunto es defender lo obvio».
Además, «el debate no estaría en su demolición, que sería un atentado contra el patrimonio edificado, sino en si la consideración de su catalogación debe ser la de Bien de Interés Cultural, como el más importante vestigio de la segunda mitad del siglo XX en Navarra, y como testigo de un momento histórico, que fue el que fue, y no admite discusión».
Por tanto, incide el arquitecto, «no solo no es posible su demolición, sino que cualquier intervención deberá mantener los valores que tiene el conjunto, incluyendo los elementos arquitectónicos y artísticos; es decir que incluiría tanto la obra pictórica como la escultórica vinculada a la edificación».
«Es de señalar» para el experto «que el edificio se construye para un fin determinado y este sigue siendo vigente, y su desaparición supondría un menosprecio a aquellos que murieron en el frente».
«Nosotros no somos los propietarios del Patrimonio, sino solo sus administradores, siendo responsables de mantenerlo y transmitirlo. La interpretación corresponde a los historiadores, a los críticos y a cada observador del bien», concluye Ismael de la Barba.