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El PP busca apoyo jurídico para que Jéssica declare en el Senado

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En el grupo del PP del Senado empiezan a maniobrar para ver qué se puede hacer para evitar que los comparecientes de la Comisión de Investigación del «caso Koldo» circulen por las sesiones parlamentarias sin responder a las preguntas de los senadores. Ya ha habido varios casos de figuras muy relevantes, como Javier Hidalgo o Cristina Álvarez (asesora de Begoña Gómez), que han optado por guardar silencio y evitar responder a las preguntas de los senadores y eso es algo que la Cámara Alta, controlada por la mayoría del PP, aspira a anular. En estos momentos, ya hay un informe jurídico, elaborado por letrados de las Cortes, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que concluye que «no es aceptable» que los comparecientes de la Comisión manifiesten directamente que no van a responder a las preguntas.

Ese informe rechaza que sea aceptable «la postura del silencio general ante la batería de preguntas variadas de los diversos miembros de la Comisión». Es decir, a cada pregunta, el compareciente debe responder, salvo que haya alguna causa que lo justifique, que se puede deber a «la lesión de un derecho». En este sentido, el informe recoge tan solo dos posibles causas para que los comparecientes puedan evitar responder pregunta a pregunta: la protección del derecho a la libertad ideológica y del derecho a no declarar contra sí mismo (es decir, el posible perjuicio que puede causarle penalmente la declaración al declarante).

Para ahondar en esta línea, el informe señala que «no hay un derecho general, libre e incondicionado que permita al compareciente simplemente mantenerse callado ante las preguntas», ya que la validez de la negativa a contestar «ha de determinarse caso a caso, incluyendo o excluyendo determinadas preguntas». De hecho, los senadores deben «conocer la causa del silencio» de los comparecientes: «De otro modo, se convertiría en un privilegio sin amparo». En este sentido, el propio Hidalgo se negó a declarar recientemente e hizo oídos sordos a todas las preguntas de los senadores, pese a no estar imputado. La misma actitud adoptó Álvarez, asesora de Moncloa al servicio de Begoña Gómez, quien aludió a que no iba a responder a ninguna pregunta porque los temas que se trataban estaban «judicializados». En ambos casos, evitaron justificar su silencio pregunta a pregunta. El PP tiene intención de citar a más figuras relevantes en la Comisión de Investigación y, entre ellas, aparece Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, o varios nombres vinculados a la trama de los hidrocarburos. El informe jurídico, que recurre al derecho comparado y pone el ojo en el funcionamiento de este tipo de órganos parlamentarios en Estados Unidos, plantea instrumentos para acabar con los «silencios». Por ejemplo, atribuye al presidente de la comisión la potestad para ordenar al compareciente que «responda a la pregunta» que le han hecho los senadores.

«Las Cámaras pueden adoptar reglas específicas que contemplen las cuestiones relativas a las declaraciones y a la invocación de un privilegio, que deberá referirse a una pregunta en concreto», añade el documento elaborado por los letrados. También señala que «ha de existir un trámite de denegación del privilegio o de liberación del testimonio, entre las facultades del Presidente de la Comisión y de la Mesa, revisable ante la Comisión en pleno».

«Nada impide a una Comisión de Investigación aprobar unas normas de actuación siempre que se respeten los principios generales y los limites reglamentarios», agrega el documento jurídico.

Actualmente, los citados por la Comisión de Investigación tienen la obligación de comparecer (si no, se enfrentan a penas reguladas por el Código Penal), aunque luego se puedan acoger a su derecho a no declarar. No obstante, en el Senado buscan fórmulas jurídicas que limiten los silencios.

Además de las negativas a declarar, la Comisión de Investigación del «caso Koldo» también se está encontrando con problemas a la hora de solicitar documentos relevantes en la causa, ya que hay algunos actores relevantes que se niegan a facilitarlos.

Entre ellos, según fuentes del Senado, se encuentran, sobre todo, el Ministerio de Hacienda (se negó a entregar documentos que luego llevó Hidalgo) y Juan Carlos Barrabés. Por la comisión han pasado ya muchas figuras relevantes de la trama Koldo, pero siguen sin desfilar Pedro Sánchez y Begoña Gómez. El PP se guarda esa baza y no anticipa cuál será su decisión definitiva ni la fecha en la que activará este movimiento. Es previsible que al presidente lo dejen para el final.




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