Hazte Oír pide auxilio a la Comisión Europea para evitar el fin de la acusación popular que planea el Gobierno
Hazte Oír ha enviado un escrito a la Comisión Europeo para poner en conocimiento la reforma legislativa que planea el Gobierno para acabar con la existencia de la acusación popular, tal y como hasta ahora se la ha conocido.
La asociación reclama a la Unión Europea que denuncie la Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas del Ministerio de Justicia porque "pone fin al Estado de derecho" y "atenta contra la independencia judicial". Especialmente, advierten, en cuanto a que garantiza la impunidad de cualquier investigado vinculada al Gobierno.
Trasladan a las altas instancias comunitarias que la limitación del acceso a la acusación y de su participación en causas "tendría un impacto directo en investigaciones en curso que afectan a figuras" vinculadas al partido político que gobierna e impulsa, precisamente esta reforma, el PSOE. Ponen como ejemplo que supondría la liquidación de las acusaciones populares presentes en casos como "Koldo", "Begoña Gómez", "David Sánchez" o la causa especial contra el fiscal general del Estado.
Hazte Oír subraya lo "curioso" que resulta que los socialistas busquen ahora "restringir este derecho", cuando en el pasado lo han ejercido activamente en procesos judiciales que afectaron al PP, como ocurrió en los casos "Gürtel" o "Púnica".
"Si hay a alguien a quien molesta, de manera directa, la figura de la acusación popular es a los poderes públicos y, qué casualidad, al partido político que está en el poder. Por eso mismo es tan urgente y necesario que la limitación de la acusación popular no se lleve a cabo pues es evidente su necesidad", exponen en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Hazte Oír explica a la Comisión que la acusación popular en nuestro país constituye una figura clave para "garantizar la rendición de cuentas y el Estado de Derecho", sobre todo para la "lucha contra la corrupción" en la que esta figura ha desempeñado "un papel decisivo" en casos de gran relevancia mediática y judicial.
Yendo a lo concreto, en la carta, firmada por su portavoz, Ignacio Arsuaga, explica que la proposición de ley que anula la acusación popular implica que la acción penal "queda en manos de la Fiscalía jerárquicamente subordinada a un fiscal general cuyo nombramiento depende del Gobierno".
Con lo que, prevé esta entidad, que una investigación judicial por corrupción siga adelante "dependerá de forma exclusiva de la decisión de una Fiscalía que presenta nulas garantías de imparcialidad", especialmente en casos que afecten de lleno al Poder Ejecutivo.
piden a la Comisión que active los mecanismos oportunos para evitar que con esta medida "se ataque" en nuestro país "a los principios fundamentales" de la UE. Se muestran seguros de que va en contra de los artículos 2 y 19 del Tratado comunitario y del 11 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.
"Las reformas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez parecen orientadas no solo a debilitar la independencia judicial, sino también a consolidar su control sobre las instituciones clave, poniendo en jaque los principios del Estado de Derecho", zanjan, al final del escrito.