Anticorrupción apunta al Ministerio de Ribera: la empresa de la trama obtuvo la licencia sin cumplir los requisitos
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Audiencia Nacional que abriera diligencias contra los miembros de esta presunta organización criminal tras detectar que la empresa matriz desde la que operaban, Villafuel, consiguió la licencia del Ministerio de Transición Ecológica, pese a no cumplir "aparentemente" con los requisitos legales establecidos.
Así consta en la querella a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, y en la que se apunta al departamento que entonces dirigía Teresa Ribera. En concreto, Anticorrupción sostiene que Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 por el Ministerio para operar en el sector de los hidrocarburos, pese a que no cumpliría los requisitos de capital exigidos y a que obtuvo el crédito bancario después de haberse constituido.
"Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 (...) sin cumplir, aparentemente, con el requisito financiero que la normativa exige, dado que, en esa fecha únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000 euros, en tanto que únicamente consta la ampliación de capital por importe de 580.000 euros. Además, el crédito bancario (2,5 millones de euros) lo obtuvo con posterioridad a la constitución como operador de hidrocarburos", expuso.
Las "deficiencias" del expediente
El sumario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, desvela cómo los miembros de la red trataron de concertar una reunión en aquellas fechas con el Ministerio para conseguir el título de operador. De hecho, constan correos que el administrador único de Villafuel, Pedro Antonio Marín, envió a altos cargos del departamento bajo el pretexto de resolver "las deficiencias" del expediente.
La UCO destacó que, aunque el pretexto para reunirse era exponer su "mejor voluntad" para "seguir creciendo de forma honesta", la realidad "no fue así", dado que en apenas dos años de operaciones, el fraude ascendió a 182 millones de euros. Tampoco dieron por válida la documental que la firma entregó al departamento que controlaba Teresa Ribera.
Las diligencias, en el marco de las cuáles acabaron en prisión provisional tanto Aldama como su socio Claudio Rivas, arrancaron a raíz de esta querella de Anticorrupción en la que se constató un presunto fraude a Hacienda superior a los 182 millones de euros. La Fiscalía apuntó a la existencia de una presunta organización criminal que emuló la venta de petróleo desde Villafuel a una serie de empresas pantalla creadas para el efecto cuando, en realidad, dicho petróleo se suministraba directamente a los clientes finales, de manera que se ahorraban las cuotas de IVA correspondientes a dicha actividad.
La querella, firmada por el mismo fiscal que dirige la trama Koldo e interpuesta en junio del año pasado, pidió investigar a un total de 82 personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentran Víctor de Aldama y el dueño de Villafuel, Claudio Rivas. Cuatro meses después, el 7 de octubre, el juzgado de Santiago Pedraz asestó el primer golpe a la trama con una tanda de detenciones y registros. Tras pasar a disposición judicial, Aldama negó cualquier vínculo con la red y con los principales investigados.
La mediación de Aldama
Su abogado, el prestigioso penalista José Antonio Choclán, se opuso a su ingreso en prisión y se ofreció a aportar los "elementos necesarios" para esclarecer los hechos. Sin embargo Pedraz atendió los requerimientos de Anticorrupción y envió a la cárcel al comisionista ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, toda vez que se rastrea el desvío al extranjero de casi 74 millones de euros.
El ingreso en prisión de Aldama surtió efecto y, siete semanas después, se materializó su propuesta de colaborar con la Justicia a través de una primera confesión en sede judicial que le valió su libertad. El empresario declaró en el marco del caso Koldo, pero también dio pistas sobre esta causa contra la trama del fuel. En ese sentido, apuntó a reuniones en el Ministerio de Transición Ecológica e incluso aportó en el Tribunal Supremo el teléfono de la exministra para demostrar que tuvo contacto con ella, presuntamente por este asunto.
Desde entonces Aldama ha amagado con tirar de la manta y ha avanzado que su terminal móvil puede salpicar a altos cargos del Gobierno. Como avanzó este medio, el magistrado Pedraz le devolvió el contenido del teléfono tras el volcado efectuado por la Guardia Civil. Tras ello, levantó el secreto de sumario de las pesquisas, aunque mantuvo el secreto en lo relativo al móvil de Aldama.
En estos meses la UCO ha constatado la existencia de una presunta trama criminal, perfectamente jerarquizada y con roles asignados, en cuya cúspide se situaban Rivas y Aldama. En un escalafón inferior se encontraba la "subdirectora" y "cara visible" de todo el entramado societario, María Luisa Rivas; tras ella Francisco Cillán, considerado el jefe de operaciones, y, en el último escalafón, una decena de testaferros que estaban detrás de las empresas implicadas.
Anticorrupción pidió información a Ribera
Anticorrupción, por su parte, sostuvo que todos los integrantes de esta red eran "piezas esenciales" para el funcionamiento de la trama e hizo hincapié en que "la operativa fraudulenta" no se habría podido llevar a cabo sin la licencia que el Ministerio de Transición Ecológica otorgó a Villafuel en 2022. Tanto es así, que el mismo mes que se interpuso la querella, Anticorrupción se dirigió al departamento que lideraba Ribera para recabar información de la petrolera.
En su respuesta, el Ministerio expuso que Villafuel cumplió con la condición exigida en cuanto a su capacidad legal al estar constituida como sociedad limitada. Ahora bien, en cuanto a su capacidad técnica, razonó que "no requeriría necesariamente medios técnicos específicos al actuar como intermediaria entre los depósitos fiscales y los minoristas". De esta forma pusieron en duda que cumpliera con lo recogido en el Real Decreto 197/2010 por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector de los hidrocarburos.