Agentes de la UIP y la UPR de la Policía Nacional no recibirán los chalecos antibalas licitados por Marlaska hasta 2028
Los chalecos antibalas son "la última barrera entre los policías y el peligro inminente (disparo de arma de fuego o agresión con arma blanca)", por lo que su ausencia podría provocar "un daño para la salud de los policías". La teoría parece estar clara para la Dirección General de la Policía (DGP), que en noviembre de 2024 justificaba así la adquisición de "4.760 chalecos integrales de orden público".
Sin embargo, lejos de dotar a los agentes de medios para proteger sus vidas, en un momento en el que las agresiones a los policías se han disparado, decidieron dividir esta adquisición cuatro años (2025-2028). De este modo, de aprobarse esta licitación, cuyo valor total asciende a 8,6 millones de euros, sólo se distribuirían 1.190 unidades al año.
Desde la Confederación Española de la Policía (CEP) consideran que este movimiento no es sino la prueba de "cuánto le cuesta a Interior hacer un esfuerzo real, potente y definitivo para proteger a los policías". Y es que, si los plazos se cumplen, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) "no tendrían su chaleco integral hasta dentro de dos años".
A estas alturas, cabe preguntarse qué es el denominado "chaleco integral", que sustituye al conocido chaleco antibalas. Según explican desde la Dirección General de la Policía, se trata de un equipo "actual, polivalente y compacto, ya que combina el chaleco balístico de dotación colectiva con el chaleco antitrauma de la especialidad". Por otra parte, estamos ante un "chaleco antibalas, anticuchillo y antipunzón". Lo que viene a ser un "todo en uno" que, además, resulta más "ventajoso a nivel logístico y económico" para la Policía Nacional.
Trato "indecente" a los agentes
El coste final de cada chaleco ascendería, según la Memoria de la DGP, a 1.505 euros (sin IVA). Su objetivo es proteger al agente "cubriendo el torso (pecho y espalda), cuello, hombros, brazos y pelvis". Asimismo, debe ser confortable, ligero, flexible y ergonómico, permitiendo al policía "portar el arma reglamentaria, realizar manipulaciones a dos manos y hacer fuego en las posiciones de pie y tendido".
Y si bien estos equipos están pensados para las unidades de la UIP y la UPR, desde la CEP denuncian el olvido de los GOR, Grupo Operativo de Respuesta, "que también hacen frente a disturbios en primera instancia y a los que se trata de una forma indecente en cuanto a medios de protección".
Sobra decir que la cantidad licitada es insuficiente y que el objetivo de aunar en un chaleco "tantas funciones" obedece también a la búsqueda de abaratar costes por parte del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, no hay que pasar por alto otro detalle importante que figura en esa Memoria de la Dirección General de la Policía, que hace referencia al "cumplimiento en la prevención de riesgos laborales".
En este punto hay que hablar del El Real Decreto 2/2006 de 16 de enero establece una serie de normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes han denunciado el incumplimiento reiterado de esta norma y todo apunta a que esta nueva estrategia por parte de Interior implica un "lavado de cara" en este sentido. Tanto es así que desde la DGP aseguran que, con esta licitación, se cumple con "la circular sobre la obligatoriedad del uso de chaleco antibalas".
Pero a día de hoy, el incumplimiento sigue flagrante, ya que las nuevas licitaciones de Interior son a "años vista". Desde la Confederación Española de la Policía aseguran que el Ejecutivo vende como algo "histórico" cifras que son "testimoniales y casi una ofensa" para los 72.000 agentes del Cuerpo.
Táser y cámaras personales de grabación
Esta nueva estrategia de Interior tiene reflejo, no sólo en este contrato de "chalecos integrales de orden público", sino en otras compras de material como táser y cámaras personales de grabación. Según explican desde la CEP, en la actualidad la Policía Nacional cuenta con 1.600 inmovilizadores eléctricos, una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que hay 72.000 agentes en el Cuerpo. Pues bien, desde la DGP anunciaron la compra de 3.500 táser más, cantidad que sigue siendo insuficiente y que además no será de entrega inmediata. La compra es en cuatro años, por lo que los agentes recibirán 700 cada año.
Y lo mismo ocurre con la falta de cámaras de grabación personal, 4.000 en la actualidad. La Dirección General de la Policía anunció la adquisición de 7.000 nuevos dispositivos, entre 2025 y 2028. Un gasto de 10,38 millones, que no cubrirá las necesidades de los agentes. "La cifra sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de los policías en muchas intervenciones en las que sería vital poder registrar lo que ocurre", insisten desde este sindicato.
En definitiva, los agentes denuncian las maniobras de Interior para lavar su imagen frente a unos datos que siguen alertando de la falta de medios y de inversión: "Cuando lo que está en juego es la vida o la integridad física, todo es poco".