Presupuestos, impuesto a las energéticas o pensiones : Así ha bloqueado Junts la agenda del Gobierno
La derrota parlamentaria del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados ha evidenciado la dependencia que tiene el Ejecutivo de los siete votos de Junts. Mientras, los de Carles Puigdemont no tienen reparos en marcar los tiempos al Gobierno y alinearse incluso con el PP para boicotear grandes proyectos, como los presupuestos o la revalorización de las pensiones.
Si se analiza todo el trabajo parlamentario en el Congreso, el Ejecutivo ha sacado adelante unas 720 votaciones y ha perdido cerca de 75, entre ellas leyes importantes, pero también iniciativas de menor peso. Y las ha perdido por el voto en contra de la formación que lidera Carles Puigdemont, PP y Vox, pero también con el de otros grupos aliados de la investidura.
Entre las medidas más importantes que ha bloqueado Junts junto al PP se encuentra el decreto ómnibus de esta semana, que incluía la revalorización de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte, con lo que ha vuelto a mostrar, como desde el inicio de la legislatura, el valor de sus votos.
La conquista de Junts: la ley de amnistía
Su principal conquista ha sido la ley de amnistía, promesa que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Ya en su tramitación parlamentaria Junts marcó el paso. Retrasó su aprobación hasta conseguir una redacción que entendían cubriría a todos las personas con causas por el 'procés', aunque, por el momento, aún no ha amparado a Puigdemont.
En enero de 2024 salvó in extremis otro decreto ómnibus con reformas en Justicia y uno con medidas anticrisis a cambio de la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, promesa que sigue sin hacerse realidad y que exige cumplir para seguir negociando con el Gobierno.
Meses después, en julio, los de Puigdemont se alinearon con PP y Vox para rechazar la reforma de la ley de extranjería para distribuir a los menores migrantes en la península. Y ese mismo mes los tres partidos tumbaron la senda de estabilidad, el paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado.
El Gobierno aprobó de nuevo la senda con los mismos objetivos de déficit y en septiembre, tras comprobar que seguía sin los apoyos necesarios, decidió retirar el texto de la tramitación parlamentaria. Siguen prorrogados los presupuestos de 2023.
El impuesto a las energéticas
Junts volvió a unirse a PP, Vox y UPN contra el proyecto de ley para regular el alquiler de temporada y en noviembre los de Puigdemont dieron la sorpresa en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde presionaron al Gobierno para dejar caer el impuesto a las energéticas. Fue una negociación agónica y a altas horas de la noche, que acabó con el Ejecutivo haciendo promesas contradictorias al bloque de izquierdas por un lado y a PNV y Junts por otro.
El último órdago fue la proposición no de ley para que el Congreso inste al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza, iniciativa que los socialistas no quieren tramitar y que llevó a Puigdemont a anunciar la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE.
Los "noes" del resto de socios
No solo Junts ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en la presente legislatura, ya que otros socios de investidura también han forzado la retirada de varias leyes. A comienzos del pasado año, Podemos votó en contra del decreto del Ministerio de Trabajo que reformaba el subsidio de desempleo.
También la ley del suelo tuvo que ser retirada antes de someterse a votación en mayo. Los socialistas no lograron el apoyo del PP a un texto que, por motivos dispares, rechazaban sus socios habituales, de Sumar a Podemos, ERC, Junts o Bildu.
El PNV, que ha apoyado la mayoría de las normas del Ejecutivo, se ha salido del bloque de la investidura en más de una ocasión. La última en el impuesto de las energéticas, pero también lo hizo el pasado 11 de septiembre para, con el PP y Vox, instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.
Unanimidad con la "ley ELA"
Ha sido algo raro, pero la legislatura ha dejado ver también que el consenso, e incluso la unanimidad, es posible. Ejemplo paradigmático fue la llamada "ley ELA", una norma diseñada para agilizar la evaluación de la dependencia de las personas con esa enfermedad y garantizarles cuidados las 24 horas en las fases avanzadas.
Y solo Vox se apartó del acuerdo general para reformar la Constitución y borrar del artículo 49 el término "disminuidos", sustituido por "personas con discapacidad".
Aunque con más de cinco años de retraso, el PSOE y el PP también se pusieron de acuerdo el pasado julio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no hubo unanimidad entonces; Vox y varios aliados del Gobierno rechazaron de plano el pacto bipartidista.
EFE