La penúltima promoción de jueces y fiscales muestra su "preocupación" por la reforma del Gobierno del sistema de acceso

Jueces y fiscales de la penúltima promoción han impulsado un comunicado -que ya cuenta con el respaldo de más de 600 firmas- en contra del proyecto de ley con el que el Gobierno pretende modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y abrir la puerta en el primer caso a la incorporación de casi un millar de jueces interinos para paliar la falta de togados en juzgados y tribunales. Los firmantes se posicionan en contra de la reforma y defienden que el ejercicio de la labor jurisdiccional "requiere de una formación específica que solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad".

El comunicado de integrantes de la 72º promoción -que ha sido respaldado por tres de las cuatro asociaciones judiciales: APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, incide en que "el estudio de la oposición durante años, superando tres duros exámenes (un test anónimo y dos pruebas orales y públicas), completado todo ello con una fase teórico-práctica en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos y seguida de una fase de prácticas tuteladas y una última fase de sustitución y refuerzo de, como mínimo, cuatro meses antes de acceder al primer destino, nos permite ejercer con garantías y responsabilidad una función tan delicada y trascendente para la sociedad como la función jurisdiccional o fiscal".

Tras mostrar su "preocupación" y pedir que se escuchen sus reivindicaciones, también se oponen la modificación del sistema de acceso porque consideran que "la carencia evidente de personal que sufre la Administración de Justicia en España (la quinta peor ratio de jueces de la Unión Europea, 11 por cada 100.000 habitantes, siendo la media europea de 24) se debe solventar aumentando el número de plazas en el turno libre", garantizando que así se cumplan "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir siempre el acceso a la función pública".

Según exponen, la entrada de jueces y abogados fiscales por el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos "perjudica nuestras posibilidades de promoción y el desarrollo de nuestras carreras profesionales, al tiempo que desincentiva a los actuales opositores, que ven mermadas de forma significativa sus posibilidades de acceso".

"Las reclamaciones en relación con sus condiciones laborales y el abuso de la temporalidad -se quejan- no pueden solventarse a costa de perjudicar a los jueces y abogados fiscales que han accedido a sus carreras por turno libre (especialmente los integrantes de las últimas promociones), ni a los opositores que se sacrifican durante años, sin remuneración alguna, para llegar a ser jueces y abogados fiscales, con el sacrificio económico y personal que ello supone".

En cuanto a la jurisprudencia europea invocada por el Gobierno para justificar la reforma, precisan que hace referencia a "situaciones de interinidad en plazas que durante años no se ofertan en concurso público, lo que no ocurre en este caso, puesto que se trata de vacantes temporales". Los sustitutos, subrayan, "han podido concurrir a estas vacantes cada año en oposición libre o a través de las convocatorias del cuarto turno".

Además, recuerdan, el propio TJUE manifiesta que "no pueden adoptarse soluciones para reprimir el abuso de la temporalidad carentes de base legislativa o contrarias a las Constituciones de los estados miembros". Según ponen de relieve, esta medida vulnera claramente el artículo 103 de la Constitución, que obliga a la Administración Pública a servir "con objetividad los intereses generales y a actuar "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La estabilización mediante una convocatoria extraordinaria, se quejan, no puede convertirse en una tercera vía de acceso a las carreras judicial y fiscal, "entendiendo que debería regularse su situación mediante el ingreso por uno u otro sistema ya establecido".

En cuanto al restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, califican la propuesta de "anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar", en la medida en que supone "una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social" de ambas carreras, "imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio". Esta medida, subrayan, "perjudica especialmente" a jueces y fiscales pertenecientes a zonas del territorio donde hay pocas plazas disponibles, "forzándoles a abandonar su residencia".

El traslado forzoso, se quejan, "provoca importantes perturbaciones en la vida personal y profesional y no se aplica a ningún otro funcionario público". Además, añaden, "no contribuye a mejorar la situación precaria de la Administración de Justicia", sino que al contrario "genera perjuicios al propio servicio".

Los cambios continuados en el destino en plazos cortos de tiempo -señalan- "impiden un conocimiento en profundidad de los asuntos del juzgado y del entorno en el que se desempeña la función jurisdiccional o fiscal y perjudica la necesaria estabilidad de los órganos judiciales". Es una medida, recuerdan, que se eliminó en la carrera judicial en 2009, porque se consideraba "no ajustada a la realidad de la judicatura", por lo que entienden que "no tiene ningún sentido que se recupere en 2025".