El envejecimiento de la «generación babyboomer» hundirá el mercado laboral en 10 años
España se enfrenta al sombrío reto que supone el envejecimiento de la población en mayor medida que en el resto de los países industrializados, pero en ellos la tasa natalidad es muy superior. Este proceso será particularmente intenso en la próxima década, cuando la mayoría de la «generación babyboomer» llegue a la jubilación. Por ello es necesario y urgente adaptar tanto el mercado laboral como los sistemas de jubilación y de pensiones a la nueva realidad demográfica, en la que la creciente longevidad incrementa el gasto en pensiones, pero también ensombrece el potencial productivo y la actividad empresarial del país. Esto obliga a adoptar reformas tanto en el ámbito laboral como en el de la Seguridad Social.
En el año 2030 más del 40% de la población activa superará los 50 años. Pero ya en la actualidad, los mayores de 55 años suponen el 26% del personal de las empresas españolas, 10 puntos más que hace tan solo un año , por lo que resultaría fundamental erradicar el edadismo en los procesos de selección. Esta población activa sénior tiene cada vez más peso y representación en el mercado laboral español. Si la frontera de edad se rebaja 10 años, la situación es más preocupante aún, ya que el peso de los mayores de 45 años en el mercado laboral no hace más que crecer, hasta suponer el 48% de los empleados, frente al 26,4% que representaban en el año 2005.
En el caso del sector público la situación es aún peor. Según constata el Instituto Nacional de Estadística (INE), las comunidades autónomas son las que mayor empleo público concentran y las que tienen las plantillas más envejecidas, con el 59% del total de trabajadores públicos que superan los 55 años, en torno a 624.000 trabajadores. A continuación se sitúan los entes locales, que en los siguientes 10 años verán como se jubilan 215.000 trabajadores. En el caso de la Administración Central y la Seguridad Social se suman unos 160.000 trabajadores. En el resto de administraciones se concentran otros 52.000 trabajadores restantes. Es decir, 1.050.000 se convertirán en pensionistas durante la próxima década, lo que plantea una renovación laboral para las instituciones gubernamentales sin igual y difícilmente conseguible, ya que la población laboral joven no será capaz de cubrir todos los puestos vacantes por la inversión de la pirámide poblacional fruto de la menor natalidad de la Unión Europea.
Especial reto deberá afrontar el sector bancario en el relevo generacional de sus plantillas, ya que el 51% de sus empleados es mayor de 45 años, según Randstad Research. En los últimos dos años y medio, el grupo de ocupados del sector que tienen entre 45 y 54 años ha superado de forma notable al de los que tienen entre 35 y 44 años, aumentando la brecha entre ambos; mientras que los grupos de 25 a 34 años y los mayores de 55 se mantienen estables. Así, casi uno de cada cinco empleados del sector tiene más de 55 años, lo que significa que, en torno al 20%, de ellos se jubilarán, previsiblemente, en el transcurso de la próxima década. En total, el sector de la banca ocupa a 440.000 personas en España, un 8% menos que el año pasado, según los datos del segundo trimestre de 2024 recogidos por el INE. De ellos, el 56 % trabajan en el segmento de servicios financieros, en tanto que otro 27% son empleados de seguros, reaseguros y fondos de pensiones privados; y el 17% restante, trabajan en actividades auxiliares.
En conjunto, el sector bancario representa el 2% del empleo nacional, con una distribución del 1,1% en servicios financieros, el 0,6% en seguros, reaseguros y fondos de pensiones privados; y el 0,3% en actividades auxiliares. Randstad prevé que, en los próximos años, la revolución tecnológica creará más puestos de trabajo en el sector, como analistas de inteligencia artificial (IA), especialistas en transformación digital y científicos de datos, entre otros. En servicios financieros, el 50% de las empresas planea priorizar la capacitación en habilidades relacionadas con la IA y Big Data, y el 85% tiene como objetivo adoptar estas tecnologías.
Otro de los sectores más afectados por el envejecimiento poblacional es el de la construcción. La población menor de 30 años en este sector representa solo el 11% de personas ocupadas frente al 8,5% de los de 60 y más años, según los últimos datos del Observatorio de la Construcción. Un porcentaje que se dispara por encima del 20% en el caso de los mayores de 55 años, lo que dejará de estar activo en los próximos diez años.
Con estas cifras se hace necesario actualizar la legislación para que la jubilación no sea tan drástica, ya que apenas tiene fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo retribuido y la de pensionista. Las últimas reformas han apostado por el retraso generalizado de la edad de jubilación. La estrategia seguida en la última reforma ha sido endurecer la jubilación anticipada e incrementar los incentivos a la jubilación demorada, con el objetivo de que una fracción importante de los trabajadores retrasen la edad a la que se jubilan más allá de la edad legal. Para Fedea, la previsión del Gobierno sobre la contribución de la jubilación demorada a la sostenibilidad del sistema «peca de un exceso de optimismo, entre otras cosas porque la reforma no ha supuesto un cambio radical con respecto a la legislación previa, que ya incluía incentivos a la demora». Por eso, estima que restringir la jubilación anticipada a partir de una edad mínima «no ayuda a reducir el gasto en pensiones ni a alargar la vida laboral».
Desde Funcas advierten de que en las dos próximas décadas el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público en España, alcanzándose alrededor del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, en especial por las pensiones. Por ello, el envejecimiento afecta directamente a las fuentes tributarias principales. Por un lado, a medida que aumenta la población jubilada, la base del impuesto sobre la renta personal se reduce, lo que disminuye la recaudación y progresividad del IRPF. De hecho, el proceso de cambio demográfico ya es visible en este impuesto. En los últimos años, se ha incrementado de manera notable el peso de los contribuyentes con 65 o más años. Por ejemplo, el porcentaje de declarantes en dicho grupo de edad ha crecido desde el 15,3% en 2004 al 25% actual, mientras que el de no declarantes sujetos a retención ha aumentado desde el 27,3% al 46,1%. En consecuencia, el peso de los salarios dentro de las rentas del trabajo gravadas en el IRPF ha caído en casi dos puntos entre 1995 y 2023, al tiempo que el de las pensiones ha aumentado en 3,4 puntos. Por otro lado, los mayores consumen más servicios no sujetos a gravamen o con tipos reducidos, lo que reduce la recaudación por IVA y otros impuestos sobre el consumo.
Este aumento del gasto se ve claramente reflejado en los servicios de dependencia. España destina ya el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración. Desde 2020 se incrementaron las partidas presupuestarias asignadas a la dependencia, que han crecido un 251% en el periodo 2020-2024 según apunta Fedea. Después de un estancamiento entre 2019-2020, los fondos crecieron significativamente en 2021 y han seguido aumentando hasta 2023. Varias comunidades autónomas han experimentado incrementos notables en el gasto destinado a dependencia, con Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares superando un 20% de aumento –muy por encima del promedio nacional–.
Eso ha redundado en que el sector de la dependencia represente ya el 3,2% del empleo en España. En 2024, el empleo en dependencia alcanza los 700.000 empleados, un 12% más que en 2023. Un 82% de estos empleos son indefinidos y la ratio de salarios en el sector respecto de los salarios generales se ha recuperado respecto a niveles prepandemia.