Alerta electoral entre los socios de Sánchez
La debilidad del Gobierno se cronifica y los socios parlamentarios se recolocan. Con una legislatura al borde del abismo, solo sostenida por la vocación de Pedro Sánchez de resistir, el contexto que se impone es que "cualquier escenario es posible" y todos se preparan. La estrategia de los aliados del Gobierno es, en distintos niveles, marcar distancias y perfil respecto al Ejecutivo. También en Moncloa han decidido avanzar por un carril propio, en el que es difícil que encuentren la connivencia de sus socios, para lanzar un mensaje de autoridad: política, judicial e, incluso, económica, ante la sensación de descomposición. Como muestra: el plante ante Junts -con la caída del decreto ómnibus-, la reforma de la acusación popular o el relevo en Telefónica formalizado desde el mismo Palacio de la Moncloa.
Aunque en el Gobierno busquen trasladar sensación de viabilidad legislativa, negando taxativamente la eventualidad de un anticipo electoral -"para nada", asegura un ministro-, los aliados no se fían y han decidido encender las alertas electorales, por lo que pueda pasar. La estrategia es engrasar la maquinaria y tratar de rentabilizar su posición. Es sintomático que sea precisamente Sumar, socio con asiento en Moncloa, quien está haciendo más evidente estos movimientos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha organizando sendas reuniones con los ministros de su ala en el Gobierno para que el espacio empiece a carburar, presiona a la parte socialista, personificada en el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para avanzar en la rebaja de la jornada laboral, e iniciará este jueves una gira por España para reivindicar su papel en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la citada reducción de jornada.
También desde la izquierda a la izquierda del PSOE se mantienen firmes en sus posicionamientos. Desde Podemos condicionan su apoyo a los Presupuestos a exigencias de máximos como el gravamen a las energéticas, la ruptura de las relaciones con Israel o la rebaja de los alquileres en un 40%. También la irrupción de Irene Montero en la escena nacional, recuperando un renovado protagonismo desde su destino en el Parlamento Europeo, permite descifrar que algo se mueve. Socios como el PNV, Junts o Esquerra también están en esta clave y tratan de acelerar al máximo el cumplimiento de los compromisos pendientes ante la eventualidad de que un futuro gobierno, al que todas las encuestas le ubican en la órbita de las derechas, sea menos sensible a sus demandas.
Pero el perfil propio no solo lo marcan los socios. También el Gobierno ha decidido avanzar por un carril propio que recuerda al rumbo emprendido en otros momentos del pasado, coincidentes, con la precampaña electoral: aislarse de sus socios, lanzando medidas sin consensuar. Especialmente llamativo es lo relativo a la normativa en materia de vivienda, un gran acto para recuperar la iniciativa política que no contó ni en su diseño ni en su puesta de largo con Sumar y otros partidos de la mayoría de investidura, que consideraron “insuficientes” las medidas. También en lo que respecta a la reforma de la acusación popular el Gobierno se condujo por su cuenta, sin consensuar siquiera el anuncio con los aliados que necesita para sacarla adelante.