Transparencia reclama la normativa y el acta de la comisión creada para el cambio de uso de Cuelgamuros

En este año dedicado a Franco por el Gobierno de Pedro Sánchez, el tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos volverá a ser noticia, pendiente de un cambio de uso previsto en la Ley de Memoria Democrática. Con este fin, la[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/vuelve-comodin-valle-comision-interministerial-acometera-resignificacion-cuelgamuros_202406126668b872e73ed600015ee0c2.html||| comisión interministerial encargada de llevar a cabo el mecanismo de «resignificación»]] de Cuelgamuros quedó constituida el pasado 2 de julio.

Al día siguiente, una petición al amparo de la ley de Transparencia reclamó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la «publicación en el BOE del real decreto sobre su creación; la normativa de funcionamiento; el acta de la reunión, con aclaración del día, la hora y el lugar donde tuvo lugar, copia de su convocatoria y las dietas que cobran sus miembros por asistencia».

Al no haber respuesta por parte de la Administración, el solicitante interpuso el 25 de septiembre una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El 24 de octubre, el Consejo recibió un escrito en el que se señalaba que, «por razones organizativas internas, entre ellas el traslado y cambios internos estructurales», había sido «imposible el envío de la contestación en plazo», y se adjuntaba un texto remitido a su vez al interesado.

El ministerio de Ángel Víctor Torres explicaba que la Comisión Interministerial de Resignificación del Valle de Cuelgamuros fue creada por acuerdo de Consejo de Ministros el 11 de junio de 2024 y en una nota oficial de prensa de Política Territorial y Memoria Democrática se dio a conocer «toda la información relativa a la constitución, funciones y miembros» que la «integran», bajo presidencia de Torres y vicepresidencia de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, con Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática ejerciendo la Secretaría. Se explica que «los integrantes de la Comisión Interministerial no percibirán remuneración ni indemnización por su pertenencia a la misma. (…)».

A continuación, se indica que se reunirá una vez al mes, con presidencia de Torres y todos los miembros que la componen. Seguidamente, se exponen sus funciones, «encaminadas a transformar el Valle de Cuelgamuros en un nodo de interpretación, como lugar de memoria democrática».

Asimismo, la «propuesta e impulso de medidas encaminadas a la resignificación»; la «coordinación de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales, así como de sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, asociadas» a un cambio de uso; la «realización de una propuesta de asignación de los bienes inventariados adscritos al Valle de Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales y organismos y entidades vinculadas y dependientes para la gestión efectiva de los mismos hasta la creación del órgano instrumental previsto», y el «impulso para la elaboración de un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable que determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial».

El 28 de octubre de 2024 fue el turno para las alegaciones del interesado, quien explicaba: «No me consta, salvo error, el haber recibido la publicación en el BOE del decreto sobre la creación de la Comisión Interministerial para la Resignificación del Valle de Cuelgamuros ni la normativa sobre su funcionamiento ni el acta de la reunión mantenida por dicha comisión, de la que, además, se hace eco la nota de prensa referenciada en su respuesta por la Administración, ni los datos solicitados de su celebración y convocatoria».

La respuesta del Consejo de Transparencia no se hizo esperar: «En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique», apunta.

En lo que «atañe al fondo del asunto», tras «dictarse la resolución extemporánea y realizarse el trámite de alegaciones correspondiente, ha quedado circunscrito a lo relacionado con la fecha de publicación en el BOE del real decreto sobre la creación de la comisión, a la normativa sobre su funcionamiento, al acta de la reunión mantenida y a los datos de su celebración y convocatoria», añade el CTBG.

Además, considera que, según «las funciones que se encomiendan a la comisión interministerial, no parece que estemos ante uno de los supuestos en los que se requiera una norma específica de creación que deba publicarse en el BOE».

Pero «como el ministerio no se ha pronunciado sobre este extremo ni ha formulado alegación alguna, se ha de estimar la reclamación en este punto» para que «facilite el acceso a su publicación en el BOE».

Igualmente, el Consejo estima «procedente el acceso a las reglas de funcionamiento de la comisión» y solicita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el «acta de la reunión mantenida por dicha comisión, así como copia de su convocatoria».