Purgas, órdenes y prohiciones: el "sprint" en la primera semana de Trump

La crisis «exprés» entre Estados Unidos y Colombia, que se resolvió en apenas ocho horas y con la victoria de Trump al lograr que Petro aceptara los aviones con migrantes deportados para no verse sometido a aranceles del 25 por ciento, es el colofón perfecto a la primera semana del presidente en la Casa Blanca. Nada de lo que ha hecho o anunciado en estos días es una sorpresa, pero ha sido de tal intensidad que impresiona. El mandatario defiende abiertamente que solo está haciendo cumplir las promesas que hizo a sus votantes durante casi dos años de agitada campaña electoral. Solo en sus primeras 24 horas en el cargo, el republicano firmó al menos 42 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones, instaurando acciones para, según él, «regresar el sentido común a Estados Unidos».

Una de esas órdenes rescindió 78 acciones ejecutivas, órdenes y memorandos presidenciales de la era del demócrata. Estas incluyen acciones relacionadas con la retirada del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la retirada de la Organización Mundial de la Salud, la eliminación de iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión, y el cambio de políticas del gobierno federal hacia las personas transgénero; además de la decisión reciente de Biden de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo.

Pero quizá el ángulo más agresivo y previsible de la era Trump 2.0 está siendo la inmigración. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informa regularmente de los inmigrantes indocumentados que han sido arrestados y de los vuelos con deportados.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes están en máxima alerta, particularmente en las ciudades consideradas «santuario», porque las protecciones para los indocumentados han quedado en el limbo después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia que busque formas de presionar legalmente a los funcionarios de estas urbes que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias en la identificación y captura de estos migrantes. Para llevar a cabo esta promesa de deportación masiva, Trump necesitará todo el capital político que hoy conserva en el Congreso donde tiene mayorías, por lo menos en los próximos dos años. También deberá recurrir a acuerdos con los países latinoamericanos emisores de migrantes, entre ellos México, un socio comercial con el que -sumado a Canadá- comparte un acuerdo de libre comercio que ha decidido ignorar a través de amenazas económicas e imposición de aranceles.

De estas amenazas no se han salvado tampoco los aliados más históricos como Europa. En su discurso de estreno en el escenario internacional, Trump advirtió virtualmente desde el Foro Económico de Davos que «o fabrican sus productos en EEUU o enfrentarán aranceles». Todo esto al tiempo que insistió a los miembros de la OTAN con aumentar su contribución a la alianza militar o «aceptar las consecuencias».

El plan que vende Trump es el de «poner a EE UU primero» y «traer de vuelta el sentido común», según advierte mientras no le tiembla la mano para tomar otras medidas más impopulares como el indulto a 1.500 imputados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento por impedir la certificación de la victoria electoral de su antecesor, Joe Biden, cuyo legado hoy quiere erradicar.

En ese esfuerzo de borrar cualquier rastro del gobierno demócrata, también eliminó la orden de Biden que redujo el costo de medicamentos recetados, lo que podría abrir la puerta a que las farmacéuticas aumenten sus precios para los beneficiarios de Medicare y Medicaid, los programas de salud públicos a nivel federal.

Los expertos advierten que en esta andanada de órdenes ejecutivas, que pueden variar desde lo que son efectivamente comunicados de prensa sin peso real hasta políticas importantes que pueden implementarse rápidamente, hay a la vista un número enorme de desafíos legales que tendrá que sopesar la Casa Blanca. Algunas son claramente inconstitucionales o entran en conflicto con leyes existentes (por ejemplo, la ley que prohíbe TikTok), por lo que no se sabe hasta qué punto el Congreso, ahora controlado por los republicanos, o esta Corte Suprema, que ha sido favorable a Trump en varios temas, están dispuestos a ceder su poder.

De hecho, la semana pasada un tribunal detuvo una de esas acciones, en concreto, la que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Constitución durante más de un siglo. Esto significa que, al menos por ahora, la orden no tendrá efectos inmediatos y podría estar destinada al fracaso. Sin embargo, lo que suceda a continuación podría darnos pistas importantes sobre la relación que mantendrá el presidente de Estados Unidos con los tribunales. Pese a estos obstáculos que se avecinan, lo cierto es que la aplanadora Trump marcha a alta velocidad.