El rechazo del decreto ómnibus paraliza las ventas de eléctricos al tumbar las ayudas del Moves III
La suspensión de las ayudas a la compra de automóviles eléctricos que se ha producido al perder el Gobierno el pasado miércoles la votación en el Congreso de los Diputados del llamado decreto ómnibus paralizará de inmediato las ventas de automóviles eléctricos, con lo que España no podrá alcanzar los objetivos con los que se comprometió con la UE.
Incluir la ampliación del Moves con otro tipo de medidas legales que no tienen nada que ver con el tema puede tener gravísimas consecuencias para el sector del motor en España, uno de las industrias más potentes del país. Por ello, fabricantes y empresarios de la distribución han pedido al Ministerio de Industria una acción inmediata para solucionar el error.
Para ello, se solicita la tramitación, por vía de urgencia, de un Real Decreto-ley que contenga la prórroga del plan que ya se había anunciado antes de fin de año por un periodo de seis meses y que ahora, tras el revolcón que sufrió el Gobierno el pasado miércoles, ha sido suspendida.
Asimismo, se piden certezas inmediatas para garantizar las ayudas en las operaciones realizadas en enero, máxime tras el anuncio de su prórroga en diciembre. Los fabricantes y comercializadores advierten de la situación absurda que puede plantearse en el caso de que un cliente haya solicitado las ayudas y negociado el precio teniendo en cuenta las condiciones del Moves en estos días. Pero si el automóvil aún no ha sido matriculado, oficialmente para el Estado el coche no ha sido comprado y por lo tanto a partir del jueves no tendría derecho a las ayudas.
En caso de que las ayudas sean suspendidas, la situación para la totalidad de la industria del motor podría complicarse extraordinariamente. No solo por el inmediato frenazo a las ventas de eléctricos sino, sobre todo, por su incidencia en los niveles de emisiones en el total de las ventas. En este momento, la cuota de mercado de los coches eléctricos puros se sitúa en torno al 5% y otra proporción similar la de los coches híbridos enchufables. En caso de cesar las ayudas, se calcula que el nivel de ventas descendería a la mitad. Y con ello, las nuevas normas de reducción de emisiones, fijadas a partir del 1 de enero por la UE, el 93,6 gramos por kilómetro como media de los vehículos vendidos, no podrían cumplirse. Se calcula que para poder cumplir las nuevas normas europeas el nivel de ventas de coches electrificados debería situarse este año en el 25%.
[[QUOTE:PULL|||El sector teme no llegar a los objetivos de descarbonización y enfrentarse a fuertes multas de la UE]]
Las consecuencias de no poder alcanzar estos objetivos de descarbonización se traducen en fuertes multas a los fabricantes que, naturalmente, tratan de evitar ya que, en su conjunto, podrían elevarse a cantidades del orden de los 16.000 millones de euros, que hundirían las cuentas de resultados de las empresas. La única solución sería dejar de vender automóviles de combustión. El cálculo en España se situaría en un descenso de ventas de unas 175.000 unidades, según las estimaciones de los propios fabricantes. Una cifra que nos devolvería a los niveles de matriculaciones de antes de la pandemia y que afectaría no solo a los propios fabricantes, sino a los empresarios de las redes comerciales que verían descender su facturación en casi un 20%.
La consecuencia para un país como el nuestro que produce mayoritariamente automóviles con motores de combustión interna sería la paralización de la producción de las fábricas y el despido de la mano de obra sobrante. Hay que tener en cuenta que el rechazo a este decreto, que tumba también desde miércoles la deducción del 15% del IRPF en la compra de un eléctrico, las ayudas en la instalación de un punto de recarga para particulares y las subvenciones para empresas y administraciones públicas, no solo supone dejar «desamparados» a los compradores que han confiado en la continuidad de las ayudas anunciadas, sino que pone en evidencia la necesidad de revisar la estrategia de descarbonización, indican todas las fuentes del sector. Los empresarios están preocupados por la falta de un programa nacional de incentivos al cambio de vehículos en un momento en el que el parque no para de aumentar su antigüedad y ya se sitúa por encima de los 14 años. Por ello, piden un plan de gestión centralizada de incentivos, con ayudas directas exentas de tributación que, respetando el principio de neutralidad tecnológica, contribuya a retirar de las circulación los modelos más antiguos y contaminantes.