El juez interrogará al etarra Valentín Lasarte sobre la orden de la cúpula de ETA de asesinar a Gregorio Ordóñez
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogará el próximo 17 de febrero al etarra arrepentido Valentín Lasarte por el asesinato de Gregorio Ordóñez, del que se acaban de cumplir 30 años. Así lo ha acordado el magistrado, a instancias de la Fiscalía, en una resolución en la que acuerda prorrogar seis meses más la instrucción de la causa, hasta el próximo 29 de julio.
El instructor ha citado a Lasarte para escuchar su versión sobre la conversación que tuvo en prisión con uno de los etarras arrepentidos que han declarado en el procedimiento como testigos protegidos que las órdenes para asesinar el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián las impartió la cúpula de ETA en Francia, lo que contribuiría a apuntalar los indicios para el procesamiento de los cinco exjefes de ETA -Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Julián Achurra, «Pototo»; y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»- imputados por su supuesta responsabilidad en el atentado por el que ya fueron condenados Javier García Gaztelu, «Txapote», Juan Ramón Carasatorre, «Jon», y el propio Lasarte.
El magistrado hace hincapié en que el testimonio de uno de esos testigos protegidos "resulta de relevancia" porque aseguró que tuvo que ser el comité ejecutivo quien diera la orden de atentar porque así se lo había manifestado Lasarte en prisión, quien según explicó le comentó "que recibió la orden de Francia a través de una carta" y que la decisión se tomó en el país vecino "y se transmitió" al "comando Donosti". Pero el testigo no precisó quién dio la orden personalmente, porque preguntado por el juez si Lasarte le habían comentado qué terroristas estaban al frente de la Zuba, "nombres frente a quien se pretende auto de procesamiento", se limitó a contestar: "No, así no".
Por este motivo, la fiscal Manuela Fernández Álvarez defendió en su petición al juez que "se precisa como diligencia de investigación la declaración testifical del testigo directo", Valentín Lasarte, y una vez llevada a cabo, señaló, "se estará en disposición de decidir lo procedente sobre el procesamiento".
El magistrado recoge el guante y acuerda su declaración como testigo "para que aclare los extremos aludidos" por el testigo protegido 2/2023 "sobre quién y cómo se transmitió la orden de atentar
contra el señor Ordóñez". Y para determinar si la comparecencia será presencial o por videoconferencia, pide a la Policía judicial "sobre el domicilio y lugar de residencia" de Lasarte, en libertad desde 2015.
Según señalaron los dos exmiembros de la banda terrorista, la autorización de la Zuba «era necesaria» cuando se trataba del asesinato de un político, pero no cuando el objetivo era atentar contra policías, guardias civiles o miembros del Gobierno, acciones criminales que dependían directamente de los «comandos».
Tal y como consta en sus declaraciones, sostuvieron que el «comando Donosti» no habría podido asesinar a Gregorio Ordóñez -que fue asesinado a tiros mientras almorzaba en el bar «La Cepa» del casco viejo de San Sebastián el 23 de enero de 1995- «de ninguna de las maneras» sin autorización del Comité Ejecutivo.
Según la Guardia Civil, los cinco exjefes de ETA investigados participaron al menos «en la toma de decisión del asesinato de Gregorio Ordóñez». Pero tanto «Mikel Antza», exresponsable del «aparato político», como «Iñaki de Rentería» (antiguo jefe de los aparatos «militar» y logístico de ETA entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido) negaron al juez García Castellón por videoconferencia que tuvieran responsabilidad alguna en el atentado.