El Gobierno crea el sistema de avales y garantías para el alquiler y recupera la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables
El nuevo decreto ómnibus pactado por el Gobierno y Junts recoge dos medidas de calado para el sector de la vivienda, un sistema de garantías para el alquiler y el blindaje contra desahucios de los hogares vulnerables.
El sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos de alquiler fue anunciado días atrás por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo vinculó al alquiler asequible; entre la docena de medidas para resolver el problema de la vivienda en España. El Gobierno busca con este sistema asegurar al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años, según detallaron fuentes del Ministerio de Vivienda.
Junts ha asegurado que el fondo también se hará cargo de los desperfectos en la vivienda que puedan generar los arrendatarios morosos, así como de los suministros no sufragados.
Desahucios
Junto a esta nueva medida, el Gobierno ha anunciado la prórroga de la paralización de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 y para quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. También recogía la posibilidad de solicitar compensación por parte del propietario hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encontraban una alternativa habitacional en un plazo de tres meses.
Esta medida decayó el jueves de la pasada semana después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la derogación del decreto ómnibus en el que venía recogida y cuya convalidación había sido rechazada un día antes por el Congreso después de su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.
El nuevo decreto ómnibus también contempla la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables, cuya vigencia se ha extendido durante todo este año.
Igualmente, recoge los nuevos descuentos en el bono social de electricidad. Desde el pasado 1 de enero, se ha establecido un descuento del 50% para los consumidores vulnerables, aunque con una reducción progresiva. A partir del 1 de julio, la rebaja mermaba hasta el 42,5% y el 1 de enero de 2026, hasta el 35%.