Barones del PP presionan para no volver a votar en contra del decreto "troceado" del Gobierno
El Gobierno ha dado un giro de guion «inexplicable» con el decreto ómnibus que obliga, a su vez, al PP a posicionarse de nuevo. Los populares habían construido un argumentario robusto en torno a su voto en contra de la pasada semana en el Congreso. Suponía un «cóctel» de medidas variopintas que nada tenían que ver unas entre otras. "Chantajes", "cesiones", -por el "regalo" del palacete de París al PNV, un decreto "trufado" -por mezclar medidas para ayudar a los valencianos por la Dana, la subida de las pensiones con el rechazo a prorrogar la bajada del IVA a los alimentos o a la luz, eran algunos de los adjetivos que usaban los populares para armar su voto negativo.
Bajo ese mantra, liderando Génova el rechazo al decreto por incluir medidas que protegían a los okupas, el PP había logrado calmar el malestar que recorría ya en algunos territorios ante el «no» en el Congreso. Y es que al decaer el decreto, las comunidades autónomas –la mayoría del PP– tuvieron que ajustarse el cinturón y prever partidas extraordinarias para financiar con su presupuesto la gratuidad total -o en parte- del transporte público. Aragón, por ejemplo, perdería 363 millones de ingresos al decaer el decreto y hasta 400 millones en el caso de la Comunidad de Madrid. Si bien, los populares habían coordinado desde el minuto uno la acción con las comunidades para presionar a Sánchez ante el relato de que el PP era el que se "cargaba" la gratuidad del transporte.
Ahora, de cara a la nueva votación que tendrá lugar el próximo mes, ya hay varios presidentes autonómicos que presionan al PP para que no vuelva a votar en contra del decreto del Gobierno. En varios territorios admiten que sería difícil justificar un «no», sobre todo ahora que el Ejecutivo ha «troceado» el decreto como demandaba el propio Alberto Núñez Feijóo para apoyarlo. Así, empiezan a deslizar a la dirección del PP su apuesta de que deben moverse del no a la abstención, como mínimo. Este lunes se reunirá la Junta Directiva del partido y los propios barones podrán dar su opinión al presidente. Fue Feijóo el que este mismo martes lanzaba un ultimátum a Sánchez al asegurar que tendría los "votos gratis" de su partido si presentaba por separado las medidas.
[[H2:«Humillación»]]
Oficialmente, el partido evita hacer pública su postura hasta que no tenga el decreto encima de la mesa. «Hasta que no veamos negro sobre blanco el contenido de lo que ha acordado Sánchez con Puigdemont, no nos vamos a posicionar sobre el sentido de nuestro voto», reaccionó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Ante las preguntas de la prensa, Génova evita también reaccionar para maximizar «la humillación» a la que Puigdemont ha expuesto a Sánchez, según aseguran. Sin embargo, sí hay un matiz en la nueva posición del partido, al reconocer públicamente que «Sánchez hace lo que quería Feijóo», trocear el decreto. Por eso es que tendrán difícil no moverse, después de cumplirse la petición del presidente.
Miembros de la dirección consultados, sí dejan la puerta abierta a repensarse el voto con el objetivo de no votar en contra. De hecho, ya antes de votar el decreto ómnibus hubo debate dentro del grupo parlamentario sobre la idoneidad de votar en contra de la subida de las pensiones. Los populares tienen en contra sus propias encuestas. Génova lanzó un sondeo tras votar en contra del decreto para corroborar si su decisión era entendida por sus electores. La mayoría de los votantes del PP respaldaban que cada medida se vote por separado y también daban la razón a Feijóo en que esta fuese su línea roja para dar el «sí» a Sánchez. Según este sondeo al que ha tenido acceso LA RAZON, un 89,9% de los vcotantes del PP cree que Feijóo tenía razón frente a Sánchez en su petición de "trocear" el decreto. Hay casi un 30% de los votantes de Sánchez que culpabilizan a su líder de que no se haya aprobado el decreto, frente a un 51,5 % de sus electores que responsabilizan a Feijóo.
Y es que el Gobierno no ha incluido en el decreto algunas de las medidas que más espantaban a los populares como la actualización de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, que se verá más adelante. Ha introducido un nuevo sistema público de avales para proteger a propietarios e inquilinos de posibles okupaciones. La prórroga para suspender los desahucios era una medida que rechazaba tanto el PP como Junts, pero clave, para amarrar el voto de Sumar y Podemos.