Junts da a Sánchez hasta marzo para «llenar la cesta»
El Gobierno volvió ayer a poner a prueba la flexibilidad de sus convicciones, un nuevo ejercicio de contorsionismo forzado por la necesidad de mantener viva la relación con Junts. El enésimo giro de guion, recorriendo paso por paso todo aquello que dijo que no haría. Pedro Sánchez cerró ayer un acuerdo con Carles Puigdemont para aprobar un nuevo decreto social con el grueso de las medidas que decayeron el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. El pacto va más allá de este extremo concreto, pues permite restablecer los contactos y devolver a Junts a la mesa de negociación con el PSOE de la que se levantó hace 12 días. A cambio de «levantar la congelación» del diálogo con los socialistas –que Puigdemont impuso desde Bruselas–, Sánchez rectifica y transige con dos nuevas cesiones: troceará el ómnibus, limitándolo a 29 medidas, y tramitará la proposición no de ley (PNL) para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Hasta ahora, la proposición no de ley estaba bloqueada en la Mesa del Congreso que, en dos ocasiones, ha evitado calificarla para dar margen a la negociación entre los socios. Los juntaires reformularán la iniciativa con un «redactado más jurídico» para tratar de buscarle el encaje en el procedimiento parlamentario y legal sobre el que había dudas. Hasta la fecha, los socialistas habían mostrado su rechazo frontal a tramitarla, calificando de «inconstitucional» la medida y señalando que «no hay ni intención ni necesidad» de someterse a este trágala, dado que es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. A preguntas de los periodistas, el presidente confirmó ayer en rueda de prensa desde La Moncloa que el PSOE aceptará la tramitación parlamentaria de la medida, pero que no se acabará sometiendo efectivamente a ella. «El Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, confirmó, dado que la cuestión de confianza debe partir del Consejo de Ministros y no del Congreso de los Diputados.
La esperanza del Ejecutivo es que ni siquiera llegue a votarse en Pleno, porque de hacerse y contar con el apoyo de Junts, supondría asestar un duro golpe al Ejecutivo. Un golpe político, aunque sin consecuencias jurídicas, porque las PNL no obligan a nada. No obstante, la cuestión de confianza se ha convertido ya en un «deadline» para la legislatura. Según ha podido saber este diario de fuentes nacionalistas, los de Puigdemont se dan hasta el próximo mes de marzo –cuando debería votarse la cuestión de confianza, dado que Junts no tiene «cupo» parlamentario para promover su debate antes– para hacer balance de los cumplimientos o incumplimientos del Gobierno. Dependerá de lo «llena que esté la cesta», resuelven, en alusión a las cesiones pendientes que Sánchez haya logrado culminar para entonces. En el punto de mira, la negociación sobre la cesión de competencias en inmigración, la financiación, la expansión del catalán en las instituciones europeas o todo lo relativo a la denominada «amnistía política», esto es, el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor válido.
Sánchez trató ayer de hacer pedagogía y lanzó guiños a Junts, con un «agradecimiento y reconocimiento a los grupos que desde posiciones alejadas son capaces de pensar en lo común y llegar a acuerdos en beneficio de la gente». También trató de restar trascendencia al varapalo parlamentario sufrido hace una semana y disipar así la sensación de colapso que destila su ejecutivo, porque «un gobierno, cualquier gobierno puede perder una votación, pero no nos resignamos a perder la mayoría de este país. Y lo haremos negociado hasta la extenuación y buscando apoyos en todas partes». Para conseguir sacar adelante el decreto, el Gobierno ha tenido que ceder en otra cuestión que dijo que no haría: trocear el decreto ómnibus. Lo aprobado ayer por el Ejecutivo se centra en lo nuclear del paquete social, 29 medidas entre las que figuran la revalorización de las pensiones conforme al IPC y mejora de las pensiones mínimas; las ayudas a la DANA, al transporte público y a los afectados del volcán de La Palma, y las relativas a los colectivos vulnerables, entre otras. Se dejan fuera todos los aspectos fiscales y de corte más económico, aunque también se incluye el traspaso del palacete al PNV en París.
Más allá de la bocanada de aire inmediata, garantizando la aprobación del decreto social, el Gobierno se garantiza también cierto oxígeno, con un movimiento de fondo para volver a atraer a Junts a la senda del diálogo. Sobre la mesa quedan otras muchas carpetas y que permanecían paralizadas por la hibernación de los contactos que estableció Puigdemont el pasado 17 de enero. Entre ellas, la más trascendente, la que afecta a los Presupuestos que garantizan la legislatura. «Partido a partido», señaló el presidente, sin querer entrar en detalles, pero uno de los puntos del acuerdo con los juntaires afecta a la «perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña». Ya hay movimientos presupuestarios.