Del borrado de mensajes al papel de Moncloa: las claves que deja sin responder García Ortiz

El fiscal general del Estado dedicó este miércoles los 75 minutos de su comparecencia ante el magistrado que le investiga por revelación de secretos a desmontar una causa que, según dice, nace ya predeterminada para sentarle en el banquillo. Su interrogatorio–insólito en democracia por cuanto que nunca antes se ha imputado a un fiscal general en activo- no ha servido para esclarecer las incógnitas sobre el borrado de su teléfono móvil o el papel de Moncloa en la filtración del correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Son muchas las cuestiones que se quedaron en el tintero, en parte porque solo respondió a su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado. Nada más sentarse ante el magistrado Ángel Hurtado, el fiscal general dejó claro que solo respondería a su abogado y a la Fiscalía, cuya representante, subordinada directa suya, declinó plantear cuestiones. El motivo que esgrimió Ángeles Sánchez Conde, número dos de la institución, es que no procedía interrogarle porque todavía no se había resuelto si se vulneraron sus derechos con el registro a su despacho el pasado 30 de octubre.

Así pues García Ortiz no se sometió a las preguntas de las partes ni tampoco del magistrado instructor. Siguiendo el guion trazado por la Abogacía, rechazó que hubiera filtrado el correo incriminatorio o el expediente tributario de Alberto González Amador y también descartó que lo hubiera pasado a Moncloa. Su alegato se centró en denunciar que la entrada a su despacho fue invasiva, que el magistrado ya tenía decidido de antemano su procesamiento y que Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que apuntaló su imputación, también podría ser sospechosa de dar a conocer los correos puesto que también tuvo acceso a ellos.

El móvil de García Ortiz

Pero más allá de este señalamiento, el fiscal general no esclareció extremos que son especialmente relevantes para el procedimiento y sobre los que no hubo respuesta. El primero de ellos fue el relativo al borrado de su teléfono. La UCO encontró cero mensajes en sus teléfonos, pese a que los mismos sí se localizaron en el móvil de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid que declara este jueves también como imputada.

Preguntado por ello, García Ortiz se limitó a decir que él cambia periódicamente el contenido de su terminal por motivos de seguridad. Según deslizó, por sus manos pasa información sensible sobre asuntos confidenciales de toda índole que le lleva a ir eliminando todo lo almacenado. En concreto, dijo que en estos cerca de tres años que lleva ejerciendo de fiscal general ha cambiado de teléfono seis veces.

En segundo lugar, tampoco dio detalles sobre el protocolo de borrado que, según la Fiscalía General del Estado, se aplicó al terminal del fiscal general también por motivos de seguridad. Este argumento esgrimido desde la cúpula del Ministerio Fiscal choca con lo defendido en sede judicial por la testigo Almudena Lastra, quien dijo que no había “ninguna pauta” del delegado de protección de datos relacionada con los terminales móviles.

El protocolo de borrado

No obstante, sí confirmó que los altos cargos del Ministerio Público cambian el teléfono cada cierto tiempo. Por todo ello, el magistrado requirió a la Fiscalía copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y de mails y también se ha dirigido a los proveedores de Whatsapp y Google para que aporten los datos que tengan en su poder sobre el fiscal general del Estado.

Precisamente uno de los puntos sobre el que las acusaciones pretenden arrojar luz es sobre los terminales desechados. El propio González Amador le ha requerido por escrito para que explique qué ha pasado con los teléfonos que ha ido empleando desde mediados de 2022 y también si ha hecho copia de seguridad de su contenido antes de retirarlos. Se trata de extremos que quedaron en el aire al negarse a responder a las partes de este procedimiento.

García Ortiz, que se sentó al lado de su defensa, tampoco se pronunció sobre su actuación en las semanas posteriores a la emisión de la nota informativa que desmentía que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a Alberto González Amador. El fiscal general guardó silencio sobre los hechos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de aquel año. Un mes después de ocurrir los hechos, dijo en una declaración institucional que estuvo "informado" de los acontecimientos y que asumía la "responsabilidad última" de la redacción del comunicado.

Turno de Pilar Rodríguez

No obstante, de las diligencias practicadas se desprende que tuvo un papel activo en la redacción del desmentido. Solo reconoció su vinculación en los hechos a mediados de junio, en concreto, dos días antes de que declarase como testigo Almudena Lastra. La fiscal superior de Madrid le señaló tanto en dicha comparecencia como en la practicada hace unos días en el Tribunal Supremo, cuando dijo que le preguntó si había sido él quien filtró el correo en cuestión y que éste le respondió que eso no importaba.

Se trata de extremos que también han quedado sin responder, aunque sobre lo que sí se pronunció el fiscal general fue sobre la propia Lastra. En concreto deslizó que ella no le habló entonces en los términos en los que apuntó en su declaración y dijo que fue una de las personas que tuvieron en su poder los correos filtrados; dejando caer de esta manera que también podría ser sospechosa de la supuesta filtración que se investiga.

Con todo, la causa sigue adelante y el magistrado trata de acceder a todo el material telefónico borrado, si bien considera que hay elementos objetivos suficientes como habla de una "dinámica delictiva" en la que García Ortiz goza de un "papel preeminente". Tras su interrogatorio, llega el turno este jueves de la también investigada, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Tras ellos, el 5 de febrero, comparecerá el jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a quien el magistrado imputó hace apenas unos días con el avance de las pesquisas.