Parte de la cúpula fiscal insta a García Ortiz a dimitir: "Es impropio de un Estado de Derecho"
Trece fiscales de la máxima categoría de la carrera han firmado una carta en la que solicitan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que cese como máximo representante de la institución ante el daño reputacional que está haciendo al órgano. La misiva, que le han hecho llegar este mismo viernes, apunta al "intolerable daño" que le está causando a la institución y a la necesidad de que renuncie ante el "panorama" que le acerca a un procesamiento por presunto delito de revelación de secretos.
El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, expone que su negativa a responder a las preguntas del magistrado que le investiga es "impropia en un Estado de Derecho" y asegura que "los escenarios procesales por los que se está obligando a transitar a la institución (...) son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión".
Los fiscales firmantes le recuerda que desde la última Junta que convocó el propio García Ortiz para comunicarles que permanecería en el cargo pese a su imputación, se han producido "hitos" en la causa que se sigue contra él "que hacen imprescindible su renuncia". Al hilo continúan explicando que la imagen de la institución se está viendo sometida a una "tensión insoportable" y que su permanencia en el puesto está provocando unos daños "tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía".
Varapalo por no responder al juez
"Es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación. La permanencia de V.E. en el cargo de Fiscal General del Estado difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera. El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal", argumentan.
[[QUOTE:PULL|||Su comparecencia en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del instructor es impropia de un Estado de Derecho]]
Los trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala explican que el panorama se ha visto agravado por la "insólita posición" en la que se encuentra el fiscal general "contraria a la lógica procesal más elemental". En concreto, le reprochan que durante su interrogatorio el pasado miércoles se negara a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, al que acusó de actuar de manera "predeterminada".
Esta postura ha incendiado a parte de la Junta de Fiscales de Sala que entiende que puede adoptarla como ciudadano a título particular pero nunca como representante de la Fiscalía General del Estado. "La comparecencia del fiscal general negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia en un Estado Democrático de Derecho. Puede hacerlo como investigado don Álvaro García Ortiz, nunca el fiscal general, que, pese a ser objeto de investigación penal, sigue representando al Ministerio Fiscal", insisten.
Los 13 firmantes
El texto lo han suscrito 13 de los 36 fiscales de la primera categoría de la carrera y que integran la Junta de Fiscales de Sala. En concreto, respaldan la misiva los cuatro fiscales del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno); la exfiscal general del Estado y de la asociación progresista UPF, María José Segarra; la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán; el que fuera fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix; el fiscal de Sala Jefe de la Sección de lo Penal del Supremo, Javier Huete (y que recibió a García Ortiz el miércoles a su llegada al Supremo); la fiscal Elvira Tejada, el fiscal adscrito a la Sala de lo Civil del TS, José Miguel de la Rosa; el fiscal de Sala de la Sección Contencioso del TS, Antonio Narváez; además de Pilar Martín Nájera y Francisco Moreno.
La misiva se conoce apenas 48 horas después de que García Ortiz declarara en sede judicial investigado por la filtración en prensa de los correos sobre Alberto González Amador. García Ortiz compareció durante 75 minutos ante el magistrado instructor, aunque se negó a responder a sus preguntas. De hecho, solo se prestó a responder a su defensa letrada, que ejerce la Abogacía General del Estado y a la Fiscalía.
El ente, representado por la 'número dos' de la institución, María Ángeles Sánchez Conde, se negó a formular pregunta alguna, alegando que está pendiente de resolución un recurso de apelación contra el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre. Ahora, los fiscales firmantes exponen que García Ortiz debe "dejar al margen" la Fiscalía y defenderse con sus propios medios, pues ahora mismo es el jefe directo de la fiscal que representa a la institución en la causa.
"En un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de V.E. al cargo que ostenta para preservar a la institución. Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución", concluye la misiva.