Puigdemont negocia decidir a quién se expulsa de Cataluña
El acuerdo sobre la cesión de la inmigración a la Generalitat debe asumir que sea esta la que tome todas las decisiones en la resolución de los expedientes de expulsión, la presencia de los Mossos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y el control también de la expedición del NIE (Número de Identidad de Extranjero). Aquí estaban hace semanas, sobre la base del compromiso socialista de que era posible avanzar por esta línea de exigencia del partido de Carles Puigdemont, y aquí vuelven a estar. A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y otros niveles técnicos, advirtieran de que el acuerdo comprometido era imposible de ejecutar, aunque solo fuera por respeto a lo que manda la normativa de Bruselas.
Después de verse con el agua al cuello con el decreto ómnibus, una especie de cuestión de confianza si se hubieran negado a introducir los cambios exigidos por Junts y hubieran perdido la votación, los socialistas vuelven a la línea de salida, el punto en el que Junts explicaba que el pacto, sobre la base de sus condiciones, estaba prácticamente hecho a falta, tan solo, de algunos flecos. Santos Cerdán y Turull siguen mano a mano buscando cerrar el acuerdo. Ayer almorzaron en Madrid para intentar reconducir las relaciones y evitar este rosario de sobresaltos y choques que las caracterizan.
En todo caso, cabe decir que en la rueda de negociación del Gobierno con Junts se ha vuelto a la posición en la que estaban cuando el partido de Puigdemont decidió presentar la moción de confianza en el Congreso de los Diputados. Los «propagandistas» de Moncloa y sus terminales están luchando por instalar en el relato el mensaje de que el pacto sobre el decreto ómnibus tiene tanto alcance como para que, por fin, y después de tantos amagos, se pueda decir que ya se empieza a hablar de Presupuestos.
Pero la realidad es tenaz, y en lo que están Turull, por parte de Junts, y Cerdán, por parte socialista, es en volver a donde lo habían dejado en el traspaso de la inmigración a la Generalitat. Además de en las gestiones sobre el catalán oficial en la Unión Europea, la amnistía política, y ya, en último lugar, y ejecutados antes estos compromisos, la financiación singular para Cataluña.
En materia de inmigración, la participación de los Mossos en el control de fronteras no es el punto más delicado en la redacción de la letra pequeña.
Gobierno y Junts se miran de reojo porque los dos saben que la estabilidad de Pedro Sánchez no suma ya al partido de Puigdemont, por muy necesitado que esté, como dicen los socialistas, de mantener a Sánchez en el poder para que no se le frustre la ejecución total de la amnistía en su beneficio personal.
Para entender qué pasa hay que tener en cuenta lo que se mueve dentro del partido de Puigdemont. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es su mayor problema. Y saben que ganar concesiones en Madrid sólo acabará redundando en beneficio de Illa, que es quien dirige la Generalitat. Aunque con la cesión de las competencias en inmigración, en Junts creen que tienen el salvoconducto para, una vez traspasadas, dañar a Illa por «blando».