El "limbo legal" en el que se mueven las empresas de desokupación

"Un proceso voluntario y ordenado". Así se venden las empresas de desokupación que prometen echar a los "inquilinos morosos" en 24 horas. El negocio de estas sociedades se ha incrementado en el último año, siguiendo la estela de la famosa "Desokupa" de Daniel Esteve, y cobran un precio mínimo de 1.500 euros por cada caso. "Están en un limbo legal que muchas veces es difícil de clarificar", señalan fuentes policiales a LA RAZÓN.

No hay rastro de estas empresas en las bases de datos legales. El Ministerio del Interior no cuenta con un registro de estas sociedades ya que ninguna de ellas tiene como objeto social la "desokupación". Lo normal en estos casos sería que se registraran como "empresas de seguridad". Sin embargo, la Policía Nacional tampoco tiene constancia de sus actividades con este término ya que este Cuerpo es el que se encarga de vigilar a este sector.

Algunas de ellas promocionan en sus redes sociales que son "empresas autorizadas por el Ministerio del Interior". Una circunstancia que se niega de forma tajante por parte del área de Fernando Grande-Marlaska.

En internet se puede comprobar que no son, al menos en la actualidad, flor de un día y multiplican su presencia con promesas que atraen a los millares de españoles que son víctimas de morosos. "Desokupa 24H", "Bastión Desokupación", "Desokupaexpress", "Desokupa Demolition" o "Servi-Okupas", son algunos de los nombres de las empresas que se promocionan en las redes.

Todas ellas han seguido la estela de Daniel Esteve, el mediático propietario de la originaria "Desokupa". Este hombre asegura en las redes que su empresa nunca ha sido condenada y los casos que han tratado se han solventado con éxito.

"Los precios oscilan entre los 1.500 y los 8.000 euros dependiendo de los casos. Si los inquilinos son más violentos y hay peligro de seguridad incrementamos el importe. Todo legal. Sin consecuencias para nosotros y para el propietario", afirma a LA RAZÓN uno de los encargados de estas empresas que prefiere mantener el anonimato por la "mala prensa" que tienen muchos de los miembros de estos colectivos.

La "presión psicológica"

"Cada vez tenemos más llamadas y más contrataciones pero los okupas también se las saben todas. Utilizamos la presión psicológica para que se derrumben y al final desistan en seguir en las casas", especifica. Este hombre reconoce que "no es nada fácil para los morosos vivir bajo estas circunstancias". "Es hacer la vida imposible como ellos lo hacen a nuestros clientes", añade.

Los mecanismos que emplean tienen una técnica común. Primero se desplazan a las viviendas con un grupo de al menos cinco "machacas" e intentan hablar de forma cordial con los okupas. Si la negociación no llega a buen puerto se instalan "controles de acceso".

Una de las herramientas con las que cuentan es con el asesoramiento de despachos de abogados que les aconsejan como llevar a cabo sus cometidos. El objetivo es no realizar acciones que puedan estar implicadas en delitos punibles. "Se mueven al borde de la legalidad", señalan las fuentes policiales consultadas.

En las últimas semanas se han conocido casos que ese límite lo han sobrepasado. Uno de los dueños de estas empresas lleva desde octubre en prisión provisional acusado por ser el líder de una "organización criminal". La investigación sobre este sujeto fue realizada por los Mossos d'Esquadra tras recabar más de 60 denuncias por prácticas presuntamente ilegales.

El testimonio de uno de los clientes

Los agentes sugieren en sus informes que estos individuos utilizaban la "intimidación" para "sacar rendimiento económico". No es el primero ni el último de estos casos que se han ido conociendo a lo largo del tiempo. "Cuando recibimos el aviso de estos controles de acceso, avisamos de que pueden incurrir en un delito de coacciones y muchos los desmontan", advierten fuentes policiales a LA RAZÓN.

"Hay en ocasiones que nos encontramos con okupas que se van y dicen que han recibido golpes y amenazas de muerte", afirman estas fuentes. Sea como fuere, todas estas empresas juegan con una carta a su favor que es la lentitud de la burocracia para desalojar a okupas e inquilinos morosos.

Esta es su principal baza. La desesperación de los propietarios que ven como se alargan años las sentencias para los alzamientos. Uno de los clientes que contrató los servicios de estas empresas explica su experiencia a LA RAZÓN. "Estuve dos años esperando que les echaran y casi me arruino. Tenía un alquiler y una hipotecas. Unos pocos ahorros y necesitaba la vivienda. Cuando me llegó el tercer aplazamiento decidí dar el paso", relata.

Este hombre, que prefiere guardar el anonimato, desembolsó una cantidad cercana a los 5.000 euros. Tuvo que pagar dentro de ese importe un dinero al inquilino moroso. A pesar de ello, en una semana consiguió recuperar el inmueble. "No sé qué hicieron pero tampoco me importa. Estaba desesperado y solo quería conseguir mi casa", afirma.

Los detenidos de las empresas de desokupación

En el año 2023 en el distrito madrileño de Tetuán, siete trabajadores de una de estas sociedades fueron detenidos por la Policía Nacional. Se les acusó de coacciones y tenencia ilícita de armas. Las diligencias apuntaban que se hicieron pasar por agentes para desalojar cinco viviendas sin orden judicial.

Esta semana, otra de estas compañías ha estado en el ojo del huracán. Daniel Esteve puso el foco en DesokupaCyL al que acusó de hacer prácticas ilegales. Todo ello se produjo en el marco de una vídeo que se hizo viral sobre un desalojo en el que se equivocaron de vivienda.

Este suceso fue en Monforte de Lemos en Galicia. Los miembros de esta empresa llamaron a la casa errónea. A pesar de las insistencias del propietario, que tenía todos los papeles en regla, le profirieron insultos y amenazas. La grabación refleja sus métodos y después de hacerse público, el líder de esta empresa reconoció su confusión.