La suspensión de los desahucios de familias vulnerables, "una sentencia de muerte" para los que más necesitan vivienda

El tira y afloja mantenido por el Gobierno y Junts que desembocó en un primer momento en el rechazo del decreto ómnibus dejó durante una semana sin efecto del denominado «escudo social» que el Ejecutivo levantó durante la pandemia y que recoge medidas como la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una medida que, sin embargo, ha terminado siendo rescatada tras el acuerdo entre los secesionistas y el PSOE para salvar de la quema esta y otras medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público.

La continuidad de la moratoria de los desahucios ha sido celebrada por partidos de izquierda y organizaciones sociales como una medida necesaria para proteger a las familias más vulnerables. Pero donde unos ven buen tiempo, otros ven nubarrones en el horizonte. Y es que abogados y actores del sector inmobiliario consideran que esta prórroga tendrá efectos colaterales negativos a medio y largo plazo. «Puede parecer una buena noticia para las familias vulnerables que ya viven en alquiler, pero supone una sentencia de muerte para aquellas que necesitan encontrar una vivienda ahora», advierte Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

«Las enormes complicaciones que encuentran los propietarios para recuperar su vivienda en caso de impago han provocado que en los últimos años sean cada vez más los colectivos que nunca son seleccionados para alquilar una vivienda: familias vulnerables, aquellas en riesgo de serlo y un amplio abanico de familias que no pueden competir en ahorros, salarios o apoyo familiar frente a otros perfiles más elitistas. Vistas las nocivas consecuencias de su aplicación en los últimos años, resulta incomprensible el ánimo del Gobierno por seguir apostando por esta medida y hundiendo cada vez más a las familias que necesitan un alquiler», añade.

Arantxa Goenaga, abogada y socia de Af Legis y experta en derecho inmobiliario, considera que la medida contribuye, además, a estrechar todavía más la menguante oferta de vivienda en alquiler. En su opinión, la medida «genera una grave inseguridad a los propietarios porque se aprobó por un Real Decreto que se derogó por no haber un acuerdo entre partidos políticos que nada tenía que ver con la cuestión. Y se vuelve a aprobar por otro Real Decreto que debe convalidarse de nuevo por el Parlamento en un mes. Y no sabemos en que punto estarán los políticos en llegue ese momento».

Además, Goenaga asegura que la prórroga también crea «inseguridad social porque se les está haciendo asumir [a los propietarios] una carga que corresponde a la Administración y que llevan prolongando desde 2020 y por diferentes motivos: la covid, la guerra de Ucrania, la inflación… pero el caso es que no se sabe cuándo dejaran de prolongar los procedimientos judiciales y los propietarios podrán recuperar sus propiedades». Y todo ello, concluye, conduce a «una inseguridad en el mercado porque quien debe ofrecer vivienda en el mercado, que es la Administración, ni se lo plantea. Y los que tienen esa vivienda, los propietarios, están sufriendo un lastre en los procedimientos y se les están imponiendo cada vez más obligaciones, lo que lleva a que tampoco quieran poner sus inmuebles en alquiler o lo hacen en unas condiciones que impiden a muchas personas acceder a ellas», remata.

Abel Marín, abogado y socio del despacho Marín y Mateo Abogados, apunta también a que, con estas prácticas, «se corre el riesgo de consolidar una cultura que desincentiva el respeto a la propiedad ajena y al cumplimiento de los contratos, pilares fundamentales de una economía de mercado y una sociedad democrática».

Limitación de derechos

Marín explica que aunque pueda ser bienintencionada, la suspensión prolongada de los desahucios puede ser «una limitación al derecho de los propietarios a disponer de sus bienes, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el cumplimiento de los contratos de arrendamiento. Además, la compensación ofrecida, determinada según índices de referencia establecidos por el gobierno, podría no reflejar el valor real del mercado ni cubrir adecuadamente las pérdidas sufridas por los arrendadores».

El abogado advierte, además, que estas políticas «pueden ser percibidas como una forma de intervención estatal que se asemeja a prácticas de economía dirigida (comunista), donde el Estado impone condiciones que afectan la libre disposición de la propiedad privada. Al establecer mecanismos de compensación y suspensiones que dependen de criterios gubernamentales, se trata de una expropiación indirecta, pues se expropia de facto el derecho a las rentas (usufructo) impidiendo al propietario recuperar su vivienda», concluye.

Alquiler Seguro también cree que la prórroga durante cinco años de la medida «supone una clara desmotivación a los propietarios para poner inmuebles en el mercado, fruto de la inseguridad jurídica que implica una situación como la actual que, además, persiste sobre la base de prórrogas sucesivas».

Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de la compañía, considera que es necesario que se refuerce la seguridad jurídica necesaria «a través de una normativa simétrica que equipare los derechos y obligaciones de los dos principales implicados -propietario e inquilino- para fomentar la oferta de nuevos inmuebles y, con ello, la reducción o estabilización de los precios».

Como Arantxa Goenaga, Sánchez considera que la suspensión de los desahucios pone sobre los hombros de los propietarios la responsabilidad de proteger a los colectivos vulnerables en lugar de hacerlo quien debería, que es la Administración.

Registro de alquileres

Para evitar de forma preventiva las ocupaciones, Alquiler Seguro propone un registro específico en el que figuren todos los contratos de alquiler suscritos para que sea fácil e inmediatamente contrastable, entre otros, la identidad de las partes del mismo. De esta forma, «esa información podría ser contrastada por otras Administraciones, como la de Justicia, o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -como sucede en la circulación de vehículos-, y se evite someter a los propietarios a la carga adicional de probar la existencia de un contrato de alquiler para poder ejercer sus derechos como titular de un inmueble frente a terceros», argumenta Sánchez.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) también opina que la suspensión de estos desahucios es una más de las medidas que han creado «un escenario de incertidumbre jurídica en un mercado ya de por sí tensionado» y que no hacen más que «agravar la falta de estabilidad». Este constante vaivén normativo, añade, «genera inseguridad entre quienes podrían aumentar la oferta de vivienda en alquiler, desincentivándoles de invertir en este mercado», remacha la agencia.