Colea la "inquiocupación"

Sigue dando que hablar la «inquiokupación», práctica que consiste en alquilar una vivienda con intención de okuparla, de manera que no se produce la okupación tradicional, sino la firma de un contrato de alquiler legal, pagando sólo dos o tres meses de renta. El «inquiokupa» accede al piso legalmente, sin violencia, pero con un resultado más efectivo incluso que el de la «okupación», dado que si acredita ser vulnerable, se quedará en esa vivienda, sin pagar alquiler ni luz, agua o comunidad, bastante tiempo. En la «inquiokupación» no se produce allanamiento. El contrato reconoce que la vivienda alquilada es la morada del inquilino, por lo que no se le puede desalojar. Desde 2020, con motivo de la pandemia, miles de viviendas de pequeños propietarios están «inquiokupadas». El propietario no percibe nada y paga todo, pero no puede desalojar. En la medida en que la legislación siga siendo la actual, y al menos así será hasta finales de 2025, el «inquiokupa» está protegido, pero no el propietario. La novedad introducida por el decreto «micro-omnibus», pactado por Sánchez con Puigdemont, consiste en que el Estado asume una especie de seguro de impagos, pero los dueños de esas casas seguirán sin poder desalojar. Alguna mejora se introduce, pero lo que piden los propietarios es que el Estado se encargue de facilitar una vivienda a la persona vulnerable, permitiendo los desalojos, pues no está clara la manera como el Gobierno va a compensar a las víctimas, que en este caso son los arrendadores. Argumentan, con razón, que lo que hace el nuevo decreto es legalizar la “inquiokupación”, reconociendo derechos que nunca deben naturalizarse.