La política hacia las empresas lastra la competitividad y desincentiva la inversión

Durante las últimas décadas, la economía europea no ha dejado de perder terreno frente a Estados Unidos. Desde 1980, el PIB de la UE ha pasado de representar el 28,6% de la economía mundial al 16,7% en la actualidad.

En el caso español, está tendencia es aún peor. Solo hay que ver la evolución del PIB per cápita en comparación con el restos de nuestros vecinos. En 2002, se elevaba al 101%, mientras que, a día de hoy, esta cifra se ha reducido al 85%, y ya nos superan Chipre, Eslovenia, República Checa, Lituania y Estonia. En un periodo no muy largo de tiempo también Polonia, Hungría, Portugal, Rumanía, Letonia o Croacia podrían lograr rebasa, tal como ha advertido la Fundación Civismo en informe «¿Por qué la economía de EE UU aventaja la europea?» El análisis dedica uno de sus capítulo, a analizar, precisamente, la situación de España, que no sala bien parada. Una situación de desventaja que, tal y como reflejan los autores, mucho tiene que ver con las políticas en materia empresarial que, a su juicio, reducen la competitividad y desincentivan la inversión, la atracción de talento. «España presenta, en mayor o menor medida, todos los grandes vicios de la Unión Europea, muchas veces sin sus virtudes. Justificar todo tipo de políticas con la necesidad de tender a la media comunitaria en las variables más inusitadas, en lugar de tratar de replicar las mejores políticas de aquellos que mejor evolución presentan, tampoco ayuda a resolver el problema», sentencia el informe.

En este sentido, recuerda que España es el segundo país desarrollado con mayores cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo que encarece el coste de la contratación. No obstante, las subidas proyectadas incluidas en la última reforma de las pensiones harán que escale a la primera posición en este capítulo. A juicio de la Fundación Civismo, este incremento limitará la posibilidad de subidas salariales y reducirá el atractivo del país para los profesionales más capacitados, así como la competitividad de los sectores de mayor valor añadido.

Además, alerta de que España sigue teniendo unos costes de despidos relativamente elevados (el octavo para los despidos procedentes y por causas económicas), pero que el verdadero problema para las empresas se encuentra en la litigiosidad asociada a estas recisiones de contrato, ya que, en ocasiones, se fija compensaciones distintas a las establecidas en la Ley. La consecuencia para las compañías es un entorno de incertidumbre y aumento de los costes que soportan.

España tampoco destaca por premiar la productividad, ya que el grueso de los salarios se rige por lo pactado en el convenio de empresa o de sector, o por el SMI. De hecho, el país presenta una de las peores relaciones de los países desarrollados entre salario y productividad, según el Foro Económico Mundial. «Si bien es cierto que hay una cierta movilidad entre compañías que favorece un cierto crecimiento de los salarios a lo largo de la vida laboral, también hay que tener en cuenta que los elevados costes de despido favorecen la permanencia dentro de la empresa, incluso en negocios poco viables, y que parte de estas mejoras se producen gracias a los trienios, lo que no favorece la productividad», apunta el informe.

Las bajas por enfermedad en España son un problema cada vez mayor para las empresas, especialmente después de que en 2020 se suprimiera la posibilidad de despido objetivo por bajas recurrentes de corta duración. El número de bajas, se disparó con el coronavirus, pero, una vez superada la fase más dura de la pandemia, se ha mantenido, hasta el punto de que las jornadas perdidas por cada trabajador en 2022 duplicaban a la de 2012 y 2013. «Esto da una idea de hasta qué punto se puede estar produciendo un abuso de la generosidad del sistema», añade la fundación.

En cuanto a los impuestos corporativos, el informe indica que España tiene una fiscalidad en el Impuesto de Sociedades cercana al promedio de los países europeos, pero en los últimos años ha introducido numerosos impuestos añadidos a sectores y actividades concretas, como es el caso del impuesto a la banca, a las empresas energéticas, a las transacciones financieras o a los gases fluorados, claves para la refrigeración. Esta tributación desincentiva la inversión, pero no tiene gran alcance fiscal, como pone de manifiesto que la recaudación del Impuesto de Sociedades es todavía la mitad que la de 2006, descontada la inflación, cuando la recaudación del IRPF ha crecido un 29,5% en términos reales.

Barreras al talento

También en materia tributaria, los tipos impositivos máximos del IRPF en ocho comunidades autónomas rebasan o igualan el 50% de los ingresos (Comunidad Valenciana, 54%; Navarra, 52%; La Rioja, 51,5%; Canarias, 50,5%; y Cataluña, Cantabria, Asturias y Aragón), y se sitúan entre los más elevados del mundo. Por ello, estas regiones tienen problemas para atraer talento, lo que frena la creación de empleo de alto valor añadido, al no lograrse una cantidad significativa de ingresos extra a cambio. Considera que existen otros impuestos, como a la propiedad, que son muy lesivos para la actividad económica, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que puede llevar a descapitalizar una empresa familiar cuando el heredero es un sobrino.

Asimismo, la fragmentación entre las distintas comunidades autónomas impone una diversidad normativa que eleva la carga regulatoria para las empresas que quieran operar en varias regiones, y que, según el Instituto de Estudios Económico, se traduce en un coste que equivale al 3% del PIB. A ello se une, el gasto público discrecional, que muchas veces se utiliza para favorecer a las empresas de la región o del ayuntamiento, cuando no de amigos y conocidos dificulta a ciertas empresas en sectores donde la contratación pública supone el grueso de la facturación la posibilidad de crecer hasta ganar masa crítica y lastra la productividad y la competencia. Esta regulación resulta perjudicial en aquellas actividades donde un mayor tamaño es conveniente para poder ser competitiva.

Además, España también tiene una escasa presencia de empresas disruptivas, algo que el informe atribuye a la desconexión entre la universidad y el mercado laboral y la falta de capital riesgo. «Mientras que las universidades estadounidenses y de algunos países europeos amparan el emprendimiento, en España no sucede lo mismo. La universidad española debe mejorar su acercamiento a las necesidades del mercado laboral», concluye el informe.