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El Senado amaga con la vía judicial para que declaren el asesor de Montero e Hidalgo

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La Comisión de Investigación del «caso Koldo» en el Senado ha aportado importantes cosas. Sin ir más lejos, hace unos días, compareció la exministra de Industria Reyes Maroto y señaló a Teresa Ribera y su Ministerio como responsables de la concesión de licencias en la trama de los hidrocarburos. También evitó negar que ella misma hubiera tenido más conversaciones de las que ya habían salido publicadas con el empresario Víctor de Aldama. De hecho, en las últimas horas, han trascendido más contactos entre Aldama y Maroto. Visto los resultados, el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, no parece que vaya a aflojar para tratar de esclarecer todavía más las cosas y, según ha podido saber LA RAZÓN, ya está estudiando la vía civil y penal para forzar a que Carlos Moreno –jefe de gabinete de María Jesús Montero–, Javier Hidalgo y más comparecientes respondan a las preguntas que plantean los senadores en la comisión.

Para activar la vía judicial, hay que dar un paso previo, que va a ser, previsiblemente, enviar un requerimiento a los comparecientes. En esos documentos, se aduce que la negativa a responder a las preguntas de los senadores «es contraria al artículo 76 de la Constitución» ya que no se invoca

ningún motivo para justificar el rechazo a declarar. Ese artículo 76 señala que «será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras» y «la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento».

Tal y como ya publicó LA RAZÓN, los letrados de las Cortes han elaborado un informe en el que se señalan argumentos jurídicos para que la Comisión de Investigación no admita el silencio sin justificación de los comparecientes, como ha ocurrido con dos figuras clave, Carlos Moreno y Javier Hidalgo. El propio informe tan solo daba dos posibles justificaciones para que los comparecientes se puedan negar a declarar, que son la libertad ideológica y el derecho a la no incriminación. Es más, según el informe, el presidente de la Comisión de Investigación, Eloy Suárez, también tiene la potestad de intervenir para recordar a los comparecientes que están obligados a declarar efectivamente: es la Comisión la que comprueba si la razón para guardar silencio está justificada y procede en consecuencia. Y, de hecho, en la sesión del 22 de enero, Suárez ya hizo referencia a ello, acusando a Carlos Moreno de colocar «a las personas (senadores) que quieran intervenir en una situación claramente de inferioridad». Asimismo, avisó que tendría que «justificar, pregunta por pregunta, cuál es el motivo por el que no declara».

En este sentido, el propio Moreno optó por escudarse en el derecho a la no incriminación (no se encuentra investigado judicialmente a pesar de las acusaciones que ha vertido Aldama sobre él en torno a un supuesto soborno por el aplazamiento de deudas tributarias). Moreno, cada vez que respondía, se escudaba en el artículo 24 de la Constitución, que recoge el derecho a «no declarar contra sí mismo», «no confesarse culpable» y mantener «la presunción de inocencia». Además, adujo que no iba a contestar «en aras de no perjudicar las acciones legales para limpiar» su nombre «ni perjudicar» su legítimo derecho a la defensa.

«Les pido disculpas por mi silencio y le recuerdo que estoy en una situación muy complicada», añadió Moreno, quien fue respondiendo pregunta a pregunta invocando el artículo 24. El senador del PP Gerardo Camps quiso aclararle que cuando invoca el artículo 24 se hace referencia a órganos judiciales y en ese momento se encontraba ante un órgano parlamentario: «Aquí nadie le juzga. Aquí se determinan responsabilidades políticas, que vienen determinadas por el ejercicio de sus competencias en sus labores de carácter político administrativo». Aun así, Moreno tampoco quiso responder a ninguna pregunta. No cabe olvidar que Moreno ha sido señalado por Aldama, mientras que Javier Hidalgo ha sido relacionado con un posible trato de favor en el marco de la operación de Air Europa, que se saldó con una ayuda de más de 600 millones de euros.




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