Crisis de Muface: CSIF vuelve a pedir soluciones urgentes y asegura que evitar la huelga depende del Gobierno
El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha asegurado este lunes que la desconvocatoria de la huelga de funcionarios prevista para el 13 de febrero "depende del Gobierno", a quien ha exigido que resuelva la licitación del concierto sanitario de Muface.
En declaraciones a los medios en Toledo, donde se ha reunido con delegados del sindicato de Castilla-La Mancha, Borra ha explicado que CSIF ha iniciado una campaña informativa en los centros de trabajo para explicar las razones detrás de la huelga, señalando que la resolución del conflicto depende de la acción del Gobierno, que aún no ha definido el plazo ni las condiciones económicas para la licitación.
"Desde luego, nosotros seguimos adelante", ha avanzado Borra, quien ha asegurado que "depende del Gobierno" el poder desconvocar la huelga, porque no se sabe "cuándo se va a reabrir ese plazo para la presentación de las licitaciones", ni las condiciones económicas en las que se publicará la convocatoria, la "repercusión de las aseguradoras" y "la letra pequeña de la asistencia sanitaria de nuestros funcionarios", ha señalado.
El sindicato tiene convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia el 13 de febrero, delante de las subdelegaciones del Gobierno y, en el caso de Madrid, delante del Ministerio de Hacienda. La huelga afecta a funcionarios de diferentes sectores, incluidos docentes, trabajadores de la Administración General del Estado y personal de Correos.
Borra destacó que el concierto sanitario de Muface, que terminó el 31 de diciembre de 2024, ha generado un descontento generalizado debido a la falta de claridad y la suspensión del plazo de presentación de licitaciones. La falta de una solución efectiva podría dejar sin asistencia sanitaria a miles de mutualistas a partir del 31 de marzo, incluidos policías nacionales, docentes, funcionarios y jubilados.
Además, Borra criticó la falta de avances en las negociaciones sobre la subida salarial de los empleados públicos, acusando al Gobierno de "dejación de funciones" en este tema.