¿Por qué se negó Marlaska a realizar una nueva auditoría sobre la equiparación de policías y guardias civiles?
La equiparación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno. Basta con echar un vistazo a las nóminas de los agentes para comprobar que los 807 millones "invertidos" tras el pacto firmado en 2018 no han sido suficientes. Es más, esa brecha salarial ha aumentado año tras año. Tanto es así que hace apenas diez días el Ejecutivo vasco llegaba a un acuerdo con la mayoría de sindicatos de la Ertzaintza para subir 4.200 euros más al año a cada uno de sus agentes.
Cifra que hay que sumar a la brecha ya existente de 8.251 euros al año, gracias a las "artimañas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lejos de tomar medidas al respecto se afana por poner más trabas. Así lo demuestra el hecho de que ocultara a los agentes que había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a renegociar con los sindicatos el cumplimiento de ese acuerdo de equiparación. En concreto, las cláusulas tercera y octava, que contemplaban una partida de cien millones al año incentivar la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad y reserva, así como tramitar una ley de igualdad retributiva que asegure acabar con las desigualdades salariales entre cuerpos policiales.
Pero no son los únicos problemas del titular de Interior con la Justicia a cuenta de la equiparación salarial. Polémico fue también el proceso de auditorías para cuantificar la cantidad exacta para cumplir con la equiparación. Hasta en cinco ocasiones se ha negado el ministerio que dirige Marlaska a entregar el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado el 18 de marzo de 2018 entre Interior, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil existentes en ese momento. Una negativa que llegó a los tribunales, siendo el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo quien exigió, sin éxito, la entrega del expediente con todas las actas e informes de auditorías que Interior se niega a proporcionar a los agentes.
¿Se manipularon las auditorías?
Apenas un año después de rubricarse el acuerdo, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles exigieron ver esas auditorías, ya que no estaban de acuerdo con la cantidad destinada para cubrir el tercer y último tramo de la equiparación. Una cifra, 807 millones, que Interior defendía a capa y espada argumentando que era lo pactado y que así lo confirmaba la auditoría encargada a la empresa Ernest & Young, a los que pagaron 120.516 euros por su trabajo. Sin embargo, ante la insistencia de los agentes, Marlaska accedió a reunirse con ellos para informarles al detalle.
Esos detalles nunca llegaron, ya que se limitó a entregarles un CD e indicarles que la cifra acordada era la correcta, por lo que ponía fin al acuerdo de equiparación. Sobra decir que esos 807 millones no solo no eran suficientes, sino que se quedaban muy lejos de la cantidad necesaria para una "equiparación real" con los policías autonómicos. Pero el afán por ocultar esos informes fue lo que dio la voz de alarma. En ese CD había un apartado de "conclusiones" donde Ernest & Young manifestaba que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". Hay que recordar que esta auditora hizo un informe previo al presentado por Grande-Marlaska, que fue desestimado por Interior alegando que no habían tenido en cuenta la equiparación "puesto a puesto" y no se ajustaba al pliego de prescripciones técnicas. Una explicación que no convenció a los agentes, quienes acusaron al ministro de presentar una "auditoría a la carta".
"Presiones" a la consultora
En ese informe original, Ernest & Young explicaba que "existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente a los Mossos d'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior". Los conceptos de los que habla son el plus de vestuario, el de acción social y el de residencia. Retribuciones que, de haberse excluido de la masa salarial utilizada por la Secretaría de Estado para el cálculo, demostrarían que la cantidad de 807 millones suscrita en el acuerdo no sería suficiente para alcanzar la equiparación real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos o la Ertzaintza.
Sin embargo, en su segundo informe este hecho cambió completamente. En este segundo documento, la consultora externa aseguraba que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo, eran "el marco total y absoluto" del que debía partir la auditoría. De este modo, certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada" a la realidad retributiva existente.
Los distintos sindicatos y asociaciones recriminaron a Interior la vulneración de sus derechos y se preguntaron si pudo haber algún tipo de "presión" a la consultora para hacer un informe "a medida". Así, decidieron emprender acciones jurídicas, con el objetivo de averiguar si en el informe de la consultora se aplicaron "criterios profesionales" o si, por el contrario, hubo "injerencias o presiones" que lo hubieran condicionado. Sea como fuere, Marlaska se resiste a cumplir con las sentencias y mucho menos realizar una nueva auditoría.