Una Justicia tensionada y en ruinas: aguas fecales que caen desde el techo

Las «trincheras» de la Justicia, como llaman en el mundillo judicial a los juzgados de instrucción y primera instancia, arrastran en nuestro país una «ruina» que afecta y mucho a las infraestructuras que albergan estos tribunales. Lo común es ir a trabajar o acudir a una cita judicial a edificios con instalaciones sobrepasadas por los años y la falta de mantenimiento y reforma, y lo raro, que estén bien acondicionadas y en buenas condiciones. Pero más allá de lo material, los conflictos laborales entre compañeros por el colapso del sistema judicial también hacen mella en los trabajadores.

LA RAZÓN accede, de mano del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios, el CSIF, a lo que no ven los ciudadanos que ocurre «cada poco» en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Desde explosiones de tuberías que obligan a los funcionarios a sacar el paraguas en plena oficina y trasladar corriendo expedientes que llevan asuntos de ciudadanos a un lugar seguro para que no queden destrozados. Hasta días en los que celebran no haber tenido que lamentar una desgracia cuando se cae el techo de una zona del juzgado encima de donde pudo estar sentado un compañero, tranquilo, cumpliendo con sus tareas, sin prevenir el peligro.

Columnas de agua

Un ejemplo de las consecuencias que, de forma habitual, tienen que sufrir los trabajadores debido al mal estado generalizado del sistema de tuberías de las sedes judiciales de nuestro país es lo que ocurrió hace pocos meses en el Juzgado Mixto Número 4 de la localidad madrileña de Parla.

El 10 de octubre, entre la planta segunda y tercera del edificio que alberga este tribunal, se produjo una ruptura de una tubería que trasladaba el agua de la calefacción y que, por suerte, como no estaba encendido el sistema, no estaba aún hirviendo. Una columna cayó encima de un puesto de un funcionario de la secretaría del juzgado, concretamente en el de un tramitador procesal, y, además, atravesando unas luces del techo. Tardó dos días en arreglarse y los servicios de mantenimiento colocaron un latiguillo en la tubería. Lo que implica, según traslada este sindicato profesional a LA RAZÓN, que puede volver a pasar al ser este un remedio temporal.

En un juzgado de Collado Villalba ocurrió una situación similar, aunque más desagradable. Estalló una bajante del falso techo que trasladaba aguas fecales de los aseos y tuvieron que estar durante una semana entera colocando cubos, soportando el olor y con todas las ventanas y puertas abiertas las 24 horas para tratar de ventilar.

El problema que tienen las tuberías es simple: muchos años de servicio y ninguna renovación en estos elementos hechos de hierro galvanizado que, inevitablemente, acaba sufriendo fisuras según se van oxidando. No se cambian porque supone una importante inversión económica que en la administración se considera innecesaria dado que se está construyendo una Ciudad de la Justicia madrileña que, en cambio, al menos hasta finales de 2026, según las previsiones, nadie va a poder estrenar.

Falta limpieza

La limpieza es otra deficiencia que sufren, en los puestos de trabajo y en los baños de los juzgados. Pese a que los distintos sindicatos envían quejas sobre las empresas que ostentan la contratación pública para cumplir con este servicio, hay ocasiones, como ocurrió en un tribunal del municipio madrileño de Fuenlabrada que no se podía utilizar un baño de mujeres porque el contenedor sanitario dirigido a depositar las compresas usadas no se limpiaba e higienizaba y el mal olor era tal que se recomendó no entrar.

En otro punto de la región, en Colmenar Viejo, cuentan testigos a este diario, había tanto polvo acumulado en las mesas de los funcionarios que se veía perfectamente hasta en los ratones de los ordenadores. Lo que quedó patente es que ese volumen de polvo solo podía generarse porque «aquí no ha pasado nadie un trapo en un año».

Cada vez más conflictos

Desde CSIF explican a este diario que cada vez son más las quejas y denuncias que se reciben de funcionarios dependientes de la Comunidad de Madrid que se enfrentan a conflictos o acoso laboral en su día a día. No para de crecer el número de evaluaciones psicosociales que la Consejería de Justicia madrileña tramita cuando un trabajador tiene problemas con un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) o un juez. El proceso funciona de manera que la administración manda una encuesta anónima a todos los que trabajan en ese departamento para que expliquen qué está ocurriendo a fin de recogerlo todo en un posterior informe. Como los LAJ dependen del Ministerio de Justicia y los magistrados, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, no suele tener un efecto solventador y la solución a la que en ocasiones se llega es que desde la secretaría de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se invita al profesional señalado por mala conducta a concursar para que cambie así de juzgado.

El mal ambiente surge normalmente, trasladan desde CSIF, por las malas formas que muchos compañeros, en un gran número jueces, utilizan para comunicarse con otros empleados públicos. «Hay muchos que son déspotas, tratan mal a los funcionarios, se expresan a gritos y, en general, actúan en su lugar de trabajo con poca educación», cuenta un trabajador de los Juzgados de Plaza de Castilla que lleva muchos años de trayectoria y ha visto «de todo», ya que también se ha encontrado con «grandes personas y profesionales». En situaciones como estas que llegan a ser «insostenibles» los titulares de una plaza suelen optar por trasladarse a otro tribunal, pero los que tienen que «resistir y sufrirlo» son los interinos ya que, si renuncian al puesto se les penaliza y quedan excluidos de la bolsa de trabajo de sustituciones. Esto es ya, advierten desde el sindicato, un mal endémico en nuestra Justicia, como las infraestructuras que se caen, al que no se debe quitar importancia.

Una de las causas más determinantes y poco conocidas del colapso en los juzgados es el daño que hace el perfil de muchos interinos. Y no es culpa suya, advierten las fuentes consultadas, sino el sistema que se aplica. El Servicio Público de Empleo (SEPE) nutre la bolsa de empleo de sustituciones de gente de más de 52 años. En su mayoría se trata de parados de larga duración que tienen la licenciatura en Derecho. Llegan a los juzgados y nadie les enseña cómo desarrollar su labor, cuando nunca han hecho ese trabajo y llevan mucho tiempo fuera del mercado. «Llegan aquí y la carga de trabajo es brutal» y, cuando alguno no es capaz de sacar adelante el trabajo, supone «hundir aún más» un juzgado que ya está sobrecargado, «profundizando así en el caos». Lo positivo, reconoce el CSIF, por su parte, es que en la Comunidad de Madrid los interinos tienen desde este pasado septiembre un curso de cuatro días. En el que les enseñan, al menos, a usar el programa de gestión procesal. Lo ha implantado la Dirección General de Justicia.

La seguridad, sin revisión

Cada día en los juzgados de la Comunidad de Madrid cientos de ciudadanos y sus pertenencias pasan por el control de seguridad que hay en el acceso. Las máquinas de detector de metales y rayos X que hay en las puertas de los juzgados de toda la región, según ha confirmado LA RAZÓN, estuvieron sin pasar una revisión, a la que sobre el papel deben someterse de manera semestral, durante casi dos años, desde 2022 y hasta finales del pasado año. Estas comprobaciones técnicas, trasladan fuentes con conocimiento de su funcionamiento, son imprescindibles para garantizar tanto su correcto funcionamiento como que son seguras para las personas dado que emiten radiación, aunque sea a un nivel muy bajo.

Los problemas son, en definitiva, muchos y no acaban aquí. Falta, asimismo, hasta el material de oficina. Los bolígrafos, lápices y post-it brillan por su ausencia. En Plaza de Castilla estuvieron por lo menos un año y medio sin que les suplieran estos elementos de trabajo y muchos «tuvieron que pagárselo de su bolsillo». Hasta entonces, lo normal era que cada tres meses se hiciese un pedido y llegase el material. ¿Qué ocurrió para que, de repente, todo cambiara? La administración cambió el sistema para que desde los juzgados pidiesen más dotación y nadie les avisó. Se hacían pedidos y se denegaban porque no utilizaban ya la vía correcta. Lo que da cuenta de que falta también coordinación.