Error de García Ortiz

La declaración de ayer ante el juez Hurtado del teniente fiscal Diego Villafañe, brazo derecho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, adquiere un valor relevante con relación a la de su jefe, al menos en el ámbito de las formas. Villafañe sí respondió a las preguntas del juez, contrariamente a lo que hizo el fiscal general, que se limitó a contestar al abogado del Estado. El fiscal general del Estado incurrió en algo que procedimentalmente no tiene valor, pero sí desde el punto de vista de la cultura judicial, e incluso desde lo que podríamos llamar la cultura democrática.

Lo normal en un procedimiento es responder al juez que instruye la causa. Cuando no hay nada que ocultar, y se va con la verdad por delante, se contesta a todas las preguntas, pues de esas respuestas se van a deducir datos que inevitablemente favorecerán al investigado. Siempre que sea inocente. Cuando no se responde, ni tan siquiera al magistrado que lleva el caso, se puede deducir que se actúa de esa manera para evitar errores que, como consecuencia del interrogatorio, podrían llevar a concluir que se cometió delito.

La costumbre de contestar al juez instructor está tan extendida que solo los etarras actuaban de la misma manera el otro día que Álvaro García, aunque con una diferencia importante. Al menos aquellos tenían un abogado que se ocupaba defenderlos. También en esto Diego Villafañe se quiso diferenciar de su jefe. Primero por contestar a las preguntas del magistrado del Tribunal Supremo. Pero, además, por ocuparse de comparecer junto a su abogado, un conocido penalista. Que es lo que debería haber hecho el fiscal general del Estado, como cualquier persona que se ve inmersa en un procedimiento judicial, por muy alto cargo del Estado que sea.

Va uno con su abogado y responde al juez como corresponde. Una por una y a todas las preguntas. Igual que hicieron, por ejemplo, cada uno de los encausados del «procés» catalán, Oriol Junqueras incluido, que además nunca cuestionaron al juez.

Por eso García Ortiz ha cometido un error impropio de quien ocupa la más alta representación de la Fiscalía. Con su actitud no solo socava la reputación del magistrado que lleva el caso, sino que daña por igual al poder judicial del Estado.

De ahí que llame tanto la atención la actitud bien diferente de Villafañe respecto de su jefe. No en el ámbito del contenido de su declaración, pero sí en la manera de proceder, impropia en quien dirige el Ministerio Público.

El reproche a García Ortiz no está en que se defienda del delito que se le imputa. Eso es lo que corresponde. Tiene derecho a hacerlo y es su obligación, como es lógico. También a sostener que se vulneraron determinadas garantías en el registro de su despacho, por mucho que se atisbe que esa es su estrategia para que el día de mañana le exonere de toda culpa el Tribunal Constitucional de Pumpido.

Lo peor es que incurra en un comportamiento inadecuado para su cargo, y la declaración de su subordinado Villafañe lo evidencia.

Más aún. Al fiscal general del Estado incluso se le dejó hacer algo que no es habitual en este tipo de procedimientos. Se le permitió un discurso previo a su declaración, igual que a Begoña Gómez, por cierto. En el juicio del «caso Rubiales», el juez del tribunal se lo ha puesto claro estos días a los declarantes: aquí no se viene a decir lo que uno quiere, sino a responder a lo que se les pregunta.

Pena que el fiscal general del Estado no tenga esto claro.