Las comunidades del PP usarán los juzgados para frenar el reparto de menores

Las comunidades del PP recurrirán incluso a los tribunales para frenar el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) acordado entre Moncloa y el Gobierno de Canarias. El contenido del decreto que aprobará el Consejo de Ministros todavía no se conoce, y el PP «toca de oídas» porque tampoco ha recibido ninguna comunicación al respecto. Sus gobiernos autonómicos se han enterado por los medios de comunicación, pero, aunque todavía no estén claros los criterios del reparto, la rebelión de las autonomías populares ya está en marcha. Algunas de ellas han puesto incluso a trabajar a sus servicios jurídicos: el decreto ley solo es recurrible ante el Tribunal Constitucional, pero las normas para su desarrollo sí se pueden llevar a un juzgado ordinario. Y ahí es por donde se plantean atacar.

Además, también apuntan contra el PP canario, y defienden que antes se rompa su acuerdo de gobierno en las islas que aceptar un modelo negociado unilateralmente, sin respetar los criterios pactados en la conferencia sectorial. En algunos casos, como Castilla y León, exigen que esos mismos criterios se apliquen también al modelo de financiación. «La doble vara de medir no la aceptamos».

Con la mayoría de sus comunidades en pie de guerra, el PP votará en contra del decreto en el Congreso. El Gobierno se habría asegurado el apoyo de Junts y del PNV con la selección de los criterios, «políticos» (según denuncia el PP), que delimitarán las cuotas que corresponden a cada territorio. Génova denuncia que esos criterios eximen a Cataluña y País Vasco de tener que participar en la reubicación de 4.500 menas que están en Canarias y Ceuta. Junts insistió ayer en que no aceptarán que lleguen más menas a Cataluña: su voto afirmativo al decreto, que necesita el Gobierno para sacarlo adelante, está sometido a esta condición.

En paralelo a esta negociación con Canarias, para dar repuesta al problema de hacinamiento de menas en el archipiélago, el Gobierno mantiene abierta con Junts la discusión sobre la cesión íntegra de competencias en inmigración a Cataluña. Junts exige el control de fronteras y capacidad plena de decisión sobre quiénes entran y quiénes son expulsados.

Desde el Gobierno insisten en que el decreto solo busca aliviar una emergencia humanitaria, y que es la única solución que tienen a su alcance después del fracaso de la negociación con el PP para reformar la Ley de Extranjería. En Canarias hay más de 6.000 menas en sus centros de acogida, en un estado de saturación insostenible. El pacto establece que serán repartidos entre las comunidades autónomas 4.000 de estos menores. En Ceuta, la cifra supera los 600 bajo tutela de la administración, y serán trasladados unos 500. A los criterios de PIB, desempleo y población se ha añadido el del esfuerzo previo de las comunidades receptoras, lo que se ajusta al pacto con el lendakari, Imanol Pradales, y que recoge, asimismo, el espíritu de la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Sin haber tenido acceso todavía a la letra del decreto, el PP acusa a Moncloa de fijar las cuotas atendiendo a criterios políticos mezquinos y a la necesidad de salvar sus apoyos en el Congreso.

La reactivación de la batalla por la política migratoria del Gobierno coincide con la celebración en Madrid de una cumbre de los partidos europeos de extrema derecha, que se reúnen en el grupo europeo de Patriots. El PP sabe que compite con Vox en una posición de desventaja en este terreno, porque los de Santiago Abascal no necesitan mantener la imagen de responsabilidad institucional que se espera de un partido de gobierno. Las encuestas que manejan en el centroderecha confirman que hay un segmento de la población, con mucha cuota de voto joven, que es cada vez más contrario a la entrada de inmigrantes en España, vinculando, además, migración irregular con delincuencia. Vox se mueve como pez en el agua en este debate, mientras que al PP le cuesta más encontrar su sitio sin dejar el campo abierto a Vox.

Las críticas al Gobierno desde las filas populares se acompañaron ayer de la acusación de que Moncloa sostiene una política que tiene un efecto llamada para los inmigrantes. El voto en contra del decreto lo acompañan también del mensaje de que el Gobierno de coalición está fallando en el control de fronteras y en la lucha contra las mafias, lo que amenaza incluso el sistema de protección de menores.

«Han elegido un modelo de reparto asimétrico que no va a contar en ningún caso con nuestro apoyo», avisan.

Esta confrontación anticipa un escenario muy delicado. Si el decreto se vota y sale adelante, habría un problema de primera magnitud en el caso de que el PP acuda a los tribunales y estos paralicen la reubicación de los menores. Y el mensaje que lanzan desde Génova no deja lugar a dudas sobre que están dispuestos a ir a por todas para anular un pacto que «da a entender que Cataluña y País Vasco no son España».

El PP utilizó el perfil más moderado de Borja Sémper, su portavoz, para anunciar su veto al pacto de Moncloa con Fernando Clavijo (quien gobierna, por cierto, en Canarias con el apoyo de los populares). «La solidaridad no puede ser asimétrica», defendió Sémper en una entrevista en RNE. Acusó también al Gobierno de usar a los menores como moneda de cambio para mantener el apoyo de Junts, ERC y PNV.

«Estamos ante un error político de primer nivel que va a enfrentar a comunidades y a ciudadanos», insistió. A lo que el Gobierno replicó con duras acusaciones contra el PP por defender políticas «xenófobas» y de «extrema derecha». Esta campaña no preocupa en la dirección popular, donde tienen medido que el rechazo sociológico a los menas es transversal y cuaja más allá del voto de derechas. Creen que el problema lo tiene el Gobierno porque debe elegir entre llevar al Congreso una propuesta que le voten sus socios, pero que en la práctica choque con los gobiernos autonómicos del PP, o, por contra, pactar esta política con el PP y romper la alianza con sus socios. La defensa del Gobierno es que «lo que se está haciendo es plantear un reparto donde se tiene en cuenta la cantidad de menores que hay ya en otros territorios para que el reparto sea justo». De la línea del Ejecutivo se desmarcó el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que exigió al presidente Sánchez que acuerde el reparto de inmigrantes con todos y excluya a Puigdemont, porque es lo mismo que «negociar con Trump». El PP canario también se desmarcó de Génova.