Sanidad declara la guerra a los psicofármacos en su nuevo Plan de salud mental

El Pleno del Consejo Interterritorial del SNS del próximo 14 de febrero será un "monográfico" en torno a la salud mental. Además del "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio", Sanidad presentará para aprobación a las comunidades autónomas el "Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027", que sucede al que finalizó el año pasado, al que el Gobierno destinó 100 millones de euros repartidos en 3 años: 2022, 2023 y 2024.

El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es más "ambicioso" que el anterior, por varios motivos. El primero, porque se aborda la actualización de la Cartera Común de Servicios de Salud Mental, que se desarrollará por medio de una orden ministerial. Así, el documento recoge que se pretende "actualizar (...) la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera que se amplíen las formas de atención comunitarias y los servicios relacionados con la salud mental". No se especifica cuáles serían esos servicios.

El segundo, porque propone un "refuerzo de los recursos humanos en salud mental" que se desarrollará a través de estrategias como "aumentar la oferta de plazas en las especialidades de Psiquiatría, Psiquiatría infantil y de la adolescencia, Psicología clínica y Enfermería de salud mental, basándose en las necesidades consensuadas con las comunidades autónomas".

Recordemos que España enfrenta una crisis sin precedentes en su sistema de salud mental. A una demanda de atención especializada que no deja de crecer desde 2021se contraponen unas ratios de profesionales de salud mental de las más bajas de Europa. La media de psiquiatras en España es de 10-12 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde es de 18.

Pues bien, según reza el documento, Sanidad pretende solucionar esta situación a través de diversas estrategias como "la planificación de la oferta de plazas de FSE", "la promoción de la capacitación en psicoterapia y la regulación de esta formación dentro del sistema sanitario" o la puesta en marcha "del proceso de negociación para la regulación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y Adolescencia".

Sin entrar a valorar si son suficientes o no, lo que por el momento hace previsible que el Plan se encuentre con resistencias en el seno del CISNS es que no habla de aumento de ratios ni establece un presupuesto finalista que soporte la estrategia de recursos humanos a nivel nacional que hace falta en salud mental.

Por otro lado, en el texto se ve claramente que Sanidad y el comisionado de Salud Mental no han abandonado su "guerra" contra la psiquiatría y los psiquíatras, ya que el texto recoge todas las proclamas ideológicas que les han enfrentado a la profesión en los últimos meses.

La participación en el documento de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) ha conseguido al menos que, junto a su iniciativa para la "deprescripción de psicofármacos", que estigmatiza a los pacientes y demoniza a los profesionales que los recetan, aparezca al menos la expresión "uso racional" de estos medicamentos, menos ofensiva.

El Plan también mantiene el foco en otras iniciativas de ataque a la psiquiatría, como la de "promocionar la prescripción social" –léase, apuntarse a un sindicato o una asociación feminista como estrategia para reducir la medicación–, la de primar "fórmulas alternativas al modelo hospitalocentrista" ante episodios de crisis de salud mental o la de la "reforma estructural de urgencias en salud mental en los hospitales generales que prevengan intervenciones coercitivas", entre otras. Intervenciones, estas últimas, que no son más que la excepción a la regla en psiquiatría y que son fruto de la infradotación de plantillas, tal y como defienden los profesionales.