Díaz prepara otra «reforma laboral» para ahogar aún más a las empresas
La reforma laboral de Yolanda Díaz va camino de no tener fin. Tras la aprobación de su primer capítulo el 23 de diciembre de 2021 –la primera y la última en la que ha tenido en cuenta la contribución de los empresarios y la única que ha logrado el sí de la patronal–, ha seguido aprobando medidas cada vez más parciales, políticas y unilaterales –solo con el apoyo de los sindicatos–, que van a acelerarse durante el presente ejercicio. Así, además de la reducción de jornada, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha comprometido a reformar el despido para que se adapte a la Carta Social Europea, para que sea «disuasorio para la empresa y para que no se pueda despedir sin causa». Para llevarlo a cabo se apoya en que Bruselas no es partidaria de fijar indemnizaciones por despido improcedente en días por año trabajado como sucede en España, pero oculta que la UE pide el absoluto consenso con los empresarios para aprobar un cambio de tanto calado en las estructuras empresariales. Pero Díaz ya ha confirmado en varias ocasiones que reformará el despido en España «sí o sí» para cumplir con la doctrina europea y con el objetivo de que éste «no sea rentable» para las empresas, y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales. Nada sobre las consecuencias que puede tener para el empresario.
Díaz entiende que este debate no va sobre indemnizaciones, sino de que el diseño del despido en España incumple la legislación europea. Para adaptar la regulación, pretende introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente o no justificado «atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada». Además, quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado. Más trabas para las empresas.
Fuentes empresariales consultadas por LA RAZÓN defienden que la normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. «Si una empresa necesita reestructurarse y no puede despedir se va a ver abocada al cierre y al despido de toda la plantilla. Y eso no lo entiende la ministra». Esta reforma del despido –que se pretende encarecer y endurecer, aunque sea uno de los más altos de Europa– será el próximo asunto que aborde la mesa del diálogo social. Será complejo de negociar por las tensiones entre empresarios y sindicatos, que se recrudecerán tras el enfrentamiento por la reducción de jornada.
Otro de los puntos de tensión es el afán sobrerregulatorio y de control de Trabajo, que se defiende con que solo quiere «construir un modelo que garantice la justicia social». Y para ello ha propuesto auditorías algorítmicas obligatorias con las que «poder identificar y corregir sesgos discriminatorios», y que pretende que cuenten con la participación sindical en el diseño y la evaluación de los algoritmos, a fin de que «estén aseguradas y reflejadas las necesidades y derechos de los trabajadores». Asimismo, pretenden la creación de un indicador de riesgo de automatización, que permita al Ministerio «identificar a los trabajadores más vulnerables y asegurar su protección».
El SMI, la semana que viene
Pero la hiperactividad de Díaz la llevará aún más allá. Una vez despejado el anteproyecto de ley de reducción de jornada, continuará con el Estatuto del Becario, «que es un compromiso pendiente de la anterior legislatura»; quiere poner coto a las horas extra sin renumerar; o seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio. En este sentido, el alza de 2025 hasta los 1.184 euros se aprobará la semana que viene.
De momento, el Estatuto del Becario solo cuenta con el apoyo de los sindicatos y con la negativa de los empresarios, y de instituciones educativas y docentes, que ya han mostrado su rechazo porque afectaría a la finalización de los estudios de miles de estudiantes.
Finalmente, esperan otras dos medidas polémicas. La primera tiene que ver con el empeño de Díaz en obligar a las empresas a que integren a representantes de los trabajadores en sus comités ejecutivos para que tengan capacidad decisoria. Y la última: hacer una revisión del derecho a la huelga y desarrollar un nuevo marco legal que otorgue más derechos a los empleados. Nada sobre los derechos de los empresarios.