La desazón de Sánchez: dos peones y un SMS de Begoña
El problema del Gobierno con Junts tiene más fondo que los pulsos económicos y fiscales que vemos habitualmente en el Congreso. A Moncloa se le echa el tiempo encima para tramitar la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales, en la que, entre otras reformas, se incluye la limitación de la acusación popular y otras acciones para frenar el acoso derivado de lo que han bautizado como «acciones judiciales abusivas».
Pero esta modificación legislativa, que nada más conocerse se interpretó como un movimiento para interferir en la investigación a la esposa del presidente, Begoña Gómez, o incluso en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá muchas dificultades para salir adelante. El precio que ponen en Junts es muy caro y afecta directamente a los jueces, y también a la Fiscalía, de la que el partido de Carles Puigdemont no se fía por su dependencia orgánica del Gobierno de Sánchez. En absoluto comparten el protagonismo que el proyecto concede a la Fiscalía, a la que se deja el control de todo el proceso judicial.
Si el eje de la propuesta de Moncloa es acotar a la acusación popular, en Junts consideran que esto es bastante discutible desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, y, además, rechazan que sea la Fiscalía la que ocupe su espacio. Junts es tan duro con este proyecto como lo puede ser la oposición; en su caso, porque no perdonan a Pedro Sánchez que haya movilizado «todos los recursos judiciales y fiscales» para intentar proteger a su esposa o al fiscal general, mientras que ha aplicado «una doble vara de medir» con los casos que afectan al independentismo. O, dicho de otra manera, que acusan a los socialistas de preocuparse solo de los abusos judiciales cuando les han afectado a ellos. La amnistía plena a Puigdemont sigue siendo moneda de cambio, y esta misma semana se conoció que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mueve piezas para que se active el proceso de estudio de los recursos de amparo de los líderes del «procés» contra la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía.
Si el PSOE quiere tirar hacia adelante con la llamada «ley Begoña» tendrá que sentarse a negociar con Junts y hacer cesiones en la línea de las enmiendas que los catalanes presenten al proyecto. El tema que sobrevuela en esta negociación es la demanda tradicional de Junts respecto a que se exijan responsabilidades a los jueces si se acredita, a través de comisiones parlamentarias, que ha habido casos de «lawfare» contra el independentismo catalán, con sanciones incluso económicas.
El Gobierno necesita a Junts para sacar adelante esta reforma, y, además, le gustaría acelerarla, pero tiene que enfrentarse al mismo problema de siempre, que es su debilidad parlamentaria.
En los mentideros madrileños se escucha decir que el ministro Torres y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, van camino de verse imputados. Y también se apunta a la existencia de mensajes entre la esposa del presidente, Begoña Gómez, y Javier Hidalgo (exconsejero de Globalia) relacionados con el rescate de Air Europa.
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró precisamente esta pasada semana, en un desayuno informativo organizado por LA RAZÓN, que los frentes judiciales que el Gobierno tiene abiertos son su principal fuente de inestabilidad, y el mayor riesgo para que Sánchez pueda cumplir su compromiso de no convocar elecciones hasta 2027. En concreto, señaló al empresario Víctor de Aldama, de quien dijo que es «una bomba de racimo». El «caso Koldo» y la «trama del fuel» han ido cruzando conexiones, y el llamado «caso hidrocarburos» es el que se ve más problemático para el futuro del PSOE.
Por cierto, la «ley Begoña», que entrará en el Congreso en las próximas semanas, ha sido ya diseccionada por el PP para estudiar qué recursos tiene a su alcance para hacerle frente. En ese sentido, la primera aproximación de los populares aprecia «errores de bulto» en el proyecto. El más relevante sería que la enumeración de los delitos que son susceptibles de ser perseguidos por la acusación popular no se corresponde con la denominación del Código Penal. Y que, además, se omiten deliberadamente delitos, con conexiones claras con los anteriores, con la única finalidad de beneficiar a cargos y familiares del PSOE que está en procesos actualmente en curso. En concreto, el delito de prevaricación o la violación de secretos. Muy polémico es el artículo 277 bis, por el que pretenden que la acusación popular no pueda intervenir de ninguna manera en la instrucción. «Eliminar toda posibilidad real de acusación popular atenta contra la Constitución». Esta semana se ha visto a todo el Gobierno salir a defender al hermano del presidente del Gobierno, después de que haya renunciado a su puesto en la Diputación de Badajoz en medio de la investigación que se sigue en un juzgado por presuntos delitos en su contratación contra la Administración y la Hacienda Pública.