Sánchez activa un «comité de crisis» para satisfacer a Junts

«Hay muchos platos en el aire». Esta frase de un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez revela la complejidad de las negociaciones que se están desplegando con Junts para dar viabilidad a la legislatura. En Moncloa se felicitaron de restablecer la interlocución –el «deshielo»– con Carles Puigdemont tras ceder en el recorte del decreto ómnibus, pero tenerlos sentados a la mesa de negociación no significa en sí mismo que estas conversaciones lleguen a buen puerto. Entre los platos que están en el aire, el que tiene más peso y está resultando más difícil de equilibrar es el relativo a las competencias en inmigración que se reclaman en exclusiva para la Generalitat.

El Gobierno sigue haciendo malabares, consciente de la complejidad de la materia, pues se descarta de plano traspasar la gestión de los pasos fronterizos y de las expulsiones de personas inmigrantes a la Generalitat. Se están buscando fórmulas legales que permitan la cesión de las competencias de acogida y que los Mossos sí puedan tener un rol de acompañamiento a la Policía y la Guardia Civil en frontera. Esto es, un modelo híbrido, «compartido», siguiendo la estela del que opera en Baviera (Alemania) para tratar de satisfacer las exigencias de Puigdemont, pero sin superar los límites constitucionales. Con este objetivo, Sánchez ha creado una suerte de «comité de crisis» en Moncloa, integrado por media docena de ministerios, liderados por el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con la vocación de alumbrar una solución que contente a las dos partes a la expectativa de una reunión de la «mesa de Suiza» en los próximos días para elevar y ratificar los avances.

Los socialistas son optimistas, mientras los posconvergentes niegan la mayor y enfrían las expectativas. Entretanto, se avanza en la presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos con competencias en materia de seguridad ciudadana. Un aterrizaje que se anunció a finales del pasado año y que todavía tendrá que esperar hasta septiembre, porque, en palabras de la consellera de Interior de la Generalitat, Nuria Parlon, «el cuerpo de los Mossos todavía no tiene capacidad para asumir más competencias» y está a la espera de un refuerzo 25.000 efectivos, ya que la prioridad es «la actividad delincuencial».

Fuentes gubernamentales consultadas, no obstante, reconocen que el acuerdo sobre las competencias en inmigración tardará en concretarse. «Lleva mucho tiempo avanzado y también mucho tiempo parado», resuelven. Y esto bloquea el resto de negociaciones que hay sobre la mesa y que se están desplegando de manera paralela para tratar de alcanzar un pacto global con los juntaires que desemboque en la aprobación de los Presupuestos. La tensión política es elevada que continuará una semana más. No será la última. Mañana los de Puigdemont darán el visto bueno al recortado decreto ómnibus con las medidas sociales que incluyen pensiones, transporte y ayudas de la DANA, pero el diálogo sigue abierto.

En clave puramente financiera, el Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para finales de mes en el que ofrecerá a las CC AA «reducir la deuda y liberar recursos» con una propuesta de quita. Con la propuesta todas las regiones se verán beneficiadas y el Gobierno no oculta su idea de dividir a las comunidades gobernadas por el PP. En paralelo, el Gobierno negocia con Junts la entrega a cuenta de 2025 de un paquete de 10.000 millones que se incluía en el decreto ómnibus junto con ayudas a empresas electrointensivas, ayudas fiscales a los propietarios que mejoren energéticamente sus viviendas y el plan Move III para impulsar la compra del coche eléctrico. A Cataluña le corresponderían 1.900 millones y la segunda beneficiada sería Andalucía con 1.800 millones, seguidas de la Comunidad de Madrid (1.286 millones), además de la Comunidad Valenciana (814 millones), Galicia (702 millones), Castilla y León (600 millones) y Castilla-La Mancha (458 millones).

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar un nuevo decreto que incluya las medidas económicas en las próximas semanas, aunque no se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy, también la reducción de la jornada laboral está pendiente del aval de Junts en el Congreso y en paralelo y paralizada se encuentra la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo quiere garantías de que Puigdemont no dejará caer las cuentas, una vez que consiga arrancar al Gobierno los compromisos pendientes y Junts no quiere sentarse a negociar hasta que no se materialicen estas promesas incumplidas.

Entre ERC y Orriols

Una de cal y otra de arena. La ponencia política de los republicanos recoge la opción de un consorcio para recaudar impuestos entre la agencia tributaria catalana y la española para "realizar un traspaso progresivo". Algo que el presidente catalán Salvador Illa ha reiterado en diferentes ocasiones porque a pesar del acuerdo ERC-PSC de ponerlo en marcha en 2026 existen problemas técnicos pero también políticos porque el acuerdo no está desarrollado. La ponencia política de ERC allanaba el camino pero una vez publicada por los medios de comunicación ha tenido vida efímera. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany rectificó ayer anunciado una enmienda de los propios autores de la propuesta porque es "susceptible de malinterpretación". La presión constante de Junts ha provocado la rectificación inmediata de ERC porque "estamos en el todo o nada".

Por otro lado, la próxima semana acaba el plazo para que la oposición de Ripoll presente una moción de censura a la ultraderechista Silvia Orriols. La alcaldesa perdió la moción de confianza que se presentó para aprobar los presupuestos. Si no presenta la oposición la censura, seguirá en el cargo y con presupuestos. Para que la censura prospere es necesario el voto y la participación de Junts. En 2023, el partido de Puigdemont se negó a pactar con PSC, ERC y otras fuerzas para desbancar a Orriols y ésta llegó a la alcaldía. El debate en Junts es encendido porque de este movimiento local se puede provocar un tsunami global. Aliança Catalana sube en todas las encuestas bebiendo en el electorado independentista, sobre todo en el de Junts, lo que provoca una radicalización de esta formación en temas de inmigración. Orriols levanta la bandera del independentismo más crítico contra ERC y Junts y tiene un discurso desacomplejado antiislamista y xenófobo. La bronca interna ha subido de tono tras abogar Artur Mas a hablar con Aliança Catalana en contra del criterio de Jordi Turull, secretario general de la formación.