Ruanda y Arabia Saudí nos ganan en el ranking de corrupción
Los casos de corrupción de los últimos meses no pasan en balde ante los ojos de la opinión pública, aunque la mayoría se encuentre aún en la fase de instrucción. La judicialización de la política genera una imagen de país de cuarta que se refleja en el informe hecho público hoy por la organización Transparencia Internacional. En su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) España ha empeorado sus datos tras caer cuatro puntos y diez puestos con respecto a 2023, situándose en la posición 46 de 180 del ranking global y en el medio de la tabla europea, concretamente en el puesto 16 de los 27 países de la UE. Esto significa que estamos en el mismo nivel de percepción de la corrupción que otros países como Chipre, República Checa o Granada, una posición encima de Fiji, dos puestos por encima de Omán, pero dos puestos por debajo de nuestro vecino Portugal, que este año también desciende cuatro puntos.
La buena noticia es que aún ganamos a Italia, Polonia o Grecia, que cayeron en 2024. En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media de todos los países del mundo se ubica en 43 puntos. Más de dos tercios de todos los países del mundo cuentan con una nota inferior 50 puntos, según ha explicado Transparencia Internacional citado por Ep. En ese punto, España está categorizada con 56 puntos entre las 47 "democracias defectuosas", a 15 puntos de distancia de las 21 "democracias plenas". Ese listado lo lidera Dinamarca, con 90 puntos, seguido de Finlandia (88) y Singapur (84). También se encuentran países como Suiza (81), Irlanda (76), Uruguay (76), Japón (71) o Reino Unido (71).
Aunque parezca difícil de asimilar, países como Ruanda (57) o Arabia Saudí (59) han salido mejor parados que España, una anomalía que, según Manuel Villoria, presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional, se debe a que "son dictaduras que hacen muy buenas políticas de marketing" en el terreno de la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, el descenso se debe, entre otros motivos, a un "estancamiento" en las políticas y reformas anticorrupción a nivel nacional, así como "al desmantelamiento de estructuras de control" en algunas comunidades autónomas, como en Baleares o la Comunidad Valenciana. Uno de los factores que más han incidido ha sido el retraso en la transposición de directivas europeas, con 87 normas pendientes y 30 fuera de plazo. A esto se suma que España sigue sin contar con una estrategia nacional anticorrupción y a la falta de legislación sobre conflictos de interés, grupos de interés y un registro central de 'lobbies'.