Guardias civiles plantean una solución para evitar la desaparición de sus antidisturbios en Canarias
La asociación Jucil ha señalado este viernes que el Gobierno deja "desprotegidos" a la población de las Islas Canarias ante la posible desaparición de la unidad GRS nº8 de la Guardia Civil. Esta plataforma ha planteado una solución a sus responsables para que dote a los miembros de unas instalaciones propias para que puedan seguir desempeñando sus funciones.
Esta polémica se ha ido incrementando en los últimos días tras el anuncio del Jefe de Zona de Canarias en el que se planteaba la posible disolución de la unidad antidisturbios GRS n.º 8, con sede en Tenerife. Una circunstancia que ha sido denunciada por todas las asociaciones de la Guardia Civil que trabajan para que el problema se solucione.
Los antidisturbios de la Guardia Civil
Ante estos hechos, Jucil ha presentado un escrito ante la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), en el que solicita la confirmación de estos planes y pone de manifiesto su rotundo rechazo. Entienden que el requisito esgrimido, la falta de instalaciones propias, carece de peso suficiente para su desaparición de las islas.
Es más, la falta de instalaciones adecuadas para su uso y disfrute, esta unidad se encuentra ubicada actualmente en el Aeropuerto de Tenerife Norte, es solo achacable, según la asociación, a la desidia de los mandos que "no se han preocupado en dar solución a un problema que se lleva arrastrando años".
Los guardias civiles subrayan que esta decisión podría poner "en grave riesgo" la seguridad ciudadana ya que los canarios quedarían "desprotegidos" de importantes amenazas. Destacan sus labores antiterroristas o emergencias medioambientales pasando por el control de la inmigración ilegal.
La solución al problema
"Suprimir a este grupo de tanta importancia en el archipiélago por el simple hecho de carecer de una sede propia es una de las mayores imprudencias que se pueden cometer contra la ciudadanía, máxime en un momento como el actual, en el que España se encuentra en una alerta antiterrorista alta y siendo esta zona insular la puerta de entrada de miles de personas anualmente, desbordando los servicios existentes", lamentan.
Una decisión que está está generando inquietud entre los más de 100 efectivos que componen esta unidad y sus familias, que llevan ya muchos años arraigados en la isla. En una reunión convocada por el PP de Canarias para tratar este tema con todas las asociaciones de la Guardia Civil, el representante de Jucil ha dejado claro que desde su organización “no se comprende cómo, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, no se ha procedido a aclarar la situación con un comunicado que habría cortado de raíz los comentarios y bulos que se están extendiendo estos días”.
Asimismo, ha planteado posibles ubicaciones para las nuevas dependencias en El Socorro (Güímar), donde ya se empezaron a hacer obras para acoger al GRS y a otras especialidades de la Guardia Civil, pero que se paralizaron por su coste, o en la Dársena Pesquera.