Asesinato de Pedrosa: el juez escuchará a ex altos cargos del PP sobre el acoso de ETA al concejal

El asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) José María Pedrosa el 4 de junio de 2000 no fue un atentado más. Se trató, sobre todo, del exponente del acoso de ETA y su entorno a los políticos que decidieron no claudicar ante el terror y se negaron a abandonar el País Vasco. Pese a las pintadas que les situaban en la diana. A pesar del hostigamiento permanente y del aislamiento social de sus familias. Pese a todo eso o, quizá, precisamente por todo eso. Los compañeros del edil tenían la sensación de que Pedrosa sabía que le iban a matar. Y sucedió. Una llamada intempestiva se encargó de recordárselo a su viuda el mismo día del asesinato. «Ya hemos matado al hijo de puta».

En la querella que permitió en 2023 reabrir la investigación contra diez exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad como integrantes de la cúpula terrorista en esas fechas, Dignidad y Justicia (DyJ) ya señalaba que Pedrosa fue asesinado por su «resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco» después de padecer una «larga campaña de coacciones y amenazas terroristas». El entonces letrado de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Rodríguez Arias, argumentaba que se trató de un crimen «instrumental o ejemplificante» para amedrentar a «otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar» del País Vasco. No en balde, fueron muchos -entre 60.000 y 2000.000 personas, entre el 5 y el 10% de la población, según el Instituto Vasco de Criminología- los que se vieron forzados a dejar atrás sus hogares tras claudicar al acoso de ETA.

La investigación ahora en curso –sobre uno de los más de 300 asesinatos sin resolver de la banda terrorista– seguirá adelante al menos otros seis meses más tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge de prorrogar la instrucción hasta el próximo agosto, tiempo en el que espera poder interrogar a los antiguos jefes etarras imputados y, también, a seis exdirigentes y altos cargos del PP en el País Vasco, entre ellos Carlos Iturgaiz, que era presidente del PP vasco en el momento de los hechos.

Así se desprende al menos del auto del pasado día 13 –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– en el que el instructor acuerda prorrogar el plazo (que expiraba ese mismo día) hasta el 13 de agosto de 2025. De Jorge esgrime la necesidad de ampliar seis meses más la investigación en que «para el buen fin de la instrucción resulta necesario resolver sobre las declaraciones testificales» propuestas por la acusación popular que ejerce Dignidad y Justicia, pues según aclara tiene aún pendiente «determinar la forma en que han de desarrollarse esos interrogatorios» (el juez ya ha pedido a la asociación que preside Daniel Portero que facilite el domicilio de los ex altos cargos del PP vasco propuestos como testigos y que aclare si podrían declarar de forma presencial o telemática) y, también, «las declaraciones de los investigados, con asistencia letrada».

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional pondera en su resolución que resultaba «evidente» la «imposibilidad de finalizar la investigación» antes del plazo anteriormente fijado para su conclusión, «por lo que resulta razonable y realista ampliar seis meses más la investigación judicial necesaria y ordinaria para concluir esta instrucción».

En el escrito en el que solicita esas comparecencias, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago justifica la citación de Iturgaiz en que «conocía plenamente el hostigamiento y persecución a los que ETA sometió» a Pedrosa «desde años atrás».

Además, la acusación popular quiere que testifiquen otros ex altos cargos del PP vasco que además eran amigos del concejal asesinado: Leopoldo Barreda, expresidente del PP en Vizcaya; Carmelo Barrio, que era secretario general del PP del País Vasco; Carlos Urquijo, exparlamentario vasco; Juan Manuel Micolta, en esas fechas concejal del PP en Durango y que también sufrió esa campaña de acoso etarra; y Luciano Galán, exconcejal del PP en Orozco (Vizcaya).

La investigación se dirige contra Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Javier García Gaztelu, «Txapote»; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, «Anboto».