La quita de la deuda se revuelve contra Montero

El Ministerio de Hacienda ha descafeinado la reunión de la próxima semana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La reforma del sistema de financiación autonómica ha quedado fuera de la agenda y, aunque oficialmente se mantenga viva en el discurso político, tanto Hacienda como las comunidades autónomas dan por hecho que no habrá ningún avance en esta materia en lo que queda de legislatura.

La «liebre» que usa la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la quita de la deuda, pero en las comunidades hay una gran incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar la ejecución de este asunto. Entra en la agenda como guiño al independentismo y al compromiso que el PSC adquirió con ERC en el pacto de investidura de Salvador Illa, en concreto, la condonación del 20 por ciento de la deuda que la Generalitat ha acumulado por la vía del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Este fue un mecanismo extraordinario de financiación de las comunidades en 2012, en pleno colapso económico de España, y se ha convertido en una vía ordinaria de financiación al no tener posibilidades de salir a los mercados privados.

No hay todavía un orden del día ni ningún documento de trabajo, aunque es obligatorio que las comunidades lo reciban como muy tarde 72 horas antes de la cumbre, que está convocada para el próximo 26 de febrero. Pero, todavía a ciegas sobre el contenido del Consejo, los representantes autonómicos se temen que la doble condición de Montero, como ministra y candidata socialista en Andalucía, descafeíne también la quita de la deuda, que de arranque divide a los dirigentes autonómicos del PP –esto es una de las motivaciones del Gobierno.

Para que la reunión del CPFF avance en la quita de la deuda tiene que conseguir primero un apoyo unánime de todas las comunidades (Madrid siempre ha hecho gala de su oposición a una medida que cree que atenta contra el Estado autonómico). Además, también tendría que haber un acuerdo sobre los porcentajes que se aplican a cada comunidad y el mecanismo que se utiliza.

Con independencia de los intereses que pueda tener el presidente Pedro Sánchez en que se concrete la quita, en un gesto hacia el independentismo, ejecutar este compromiso puede no ser ya rentable para el líder socialista por las penalizaciones que conlleva por un lado y por otro.

En el juego del engaño que acompaña todo proceso de negociación con los independentistas, activar la condonación de la deuda beneficiaría finalmente, en el caso catalán, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo que rebaja, en la práctica, el interés real que puedan tener ERC o Junts en conseguir cesiones que sumen al cesto de su principal adversario. Pero, además, tampoco Montero puede salir beneficiada, salvo en el caso, inviable, de que aplique a Andalucía el mismo criterio que utiliza con Cataluña.

La quita de la deuda, de ejecutarse, supone dinamitar por la puerta de atrás el Estado autonómico y romper con el principio multilateral que marca la Constitución. Para establecer, a cambio, una especie de sistema de «vasallaje» hacia el presidente del Gobierno por parte de los dirigentes autonómicos que «acudirán a Hacienda, o a Moncloa, uno a uno, para negociar su chequera», señalan fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

«Los criterios objetivos no existen. Y estaremos en manos de lo que decida hacer el Gobierno en función de sus intereses, aunque es evidente que será difícil mantener un frente de oposición conjunto cuando cada uno tiene sus propios intereses», señalan en la dirección popular.

Al margen de esta batalla política, la realidad es que Cataluña tiene un serio problema de financiación. En lo que va de año, ha tenido que solicitar ya 2.850 millones de euros del FLA. En 2024, la cantidad ascendió a los 11.405 millones. Y desde 2012, acumula una deuda de 140.000 millones de euros. Pero la quita también es una medida que puede ser útil, aparentemente, para otras comunidades como Andalucía o Valencia. Si no se tiene en cuenta que supone negarles a futuro el acceso a los mercados.

La otra exigencia de Junts y ERC para que la Generalitat recaude todos los impuestos, de aplicarse a todas las comunidades autónomas daría 8.800 millones extraordinarios a la Cataluña. Y hasta 84.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid.