El Supremo cierra filas con la UCO y afea a Ábalos que quiera ralentizar la causa

El magistrado Leopoldo Puente cierra filas con la actuación de la Guardia Civil en el caso Koldo. El instructor ha descartado que la Unidad Central Operativa, encargada de estas pesquisas, se extralimite con su investigación y ha afeado a los imputados que traten de ralentizar estas pesquisas que se siguen en el Tribunal Supremo.

Puente se pronuncia de esta forma en respuesta a un recurso del exministro de Transportes por la investigación patrimonial de la que es objeto. Al respecto explica que no va a retirarle la investigación a la UCO de la Guardia Civil pese a las críticas del propio Ábalos, o de quien fuera su asesor, Koldo García.

Al contrario, defiende su actuación asegurando que su elección en la trama Koldo no es por "capricho" o fruto de una selección aleatoria. Al respecto, ha recordado que la Guardia Civil está al frente de las pesquisas en el Supremo porque fue el cuerpo que las inició cuando estas diligencias echaron a andar en la Fiscalía Anticorrupción.

No es solo "el caso mascarillas"

El magistrado responde al 'ex número' tres del PSOE que lo lógico es mantener a la UCO al frente de estas pesquisas, que también siguen su camino en la Audiencia Nacional, siendo, además, que modificar la hoja de ruta dilataría una ya de por sí compleja investigación. "Con seguridad, gran parte de los investigados en nuestro país preferirían un cambio en la unidad de policía judicial designada, aunque solo fuera debido a que la nueva tendría que comenzar sus investigaciones desde un principio, con el sensible retraso que ello provocaría y con la natural pérdida de tiempo y eficacia que traería consigo", responde.

Cabe recordar que tanto Koldo García como Ábalos denunciaron prácticas abusiva de los agentes. El primero de ellos recurrió el registro practicado hace ahora un año en su domicilio de Polop de la Marina (Alicante) y que se produjo a punta de pistola. El segundo ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía General del Estado -ampliada hace apenas semanas- alegando que fue objeto de vigilancias y seguimientos encubiertos por parte de los agentes mientras todavía estaba aforado.

Sin embargo, Puente descarta que sean víctimas de una investigación prospectiva. Al hilo, ha avisado que este caso ya no se limita "al asunto de las mascarillas", sino que va más allá. Aunque es cierto que el procedimiento estalló en febrero del año pasado con el foco puesto en los contratos covid, la causa, 12 meses después, ha abierto otras muchas líneas de investigación. La primera de ellas en lo que respecta a José Luis Ábalos, es la relativa a sus vínculos con la red.

Más allá de haber podido mediar para que la empresa de la trama se adjudicara contratos de emergencia por 54 millones, Puente investiga si Ábalos se benefició de facilitar las adjudicaciones que salieron de su Ministerio. Por ello, se investigan todas las actuaciones de Aldama y de sus socios más cercanos, en aras esclarecer si compraron la vivienda de Cádiz en la que veraneó en 2021 de manera encubierta para agradecerle los favores. También mantienen en el foco los pagos del alquiler de su exnovia, Jessica Rodríguez, o la vivienda de lujo que el propio Aldama quiso cederle, según él, en el Paseo de la Castellana.

Dudas sobre los papeles de Aldama

Prueba de esta ampliación de la investigación es que el instructor recibió la exposición razonada sobre Ábalos desde la Audiencia Nacional por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y no solo la admitió, sino que añadió, además, un presunto delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, juega en su contra el criterio adoptado por Víctor de Aldama.

El comisionista del caso Koldo, considerado por los investigadores como el "nexo corruptor" de la red, ha confesado hasta en dos ocasiones en sede judicial que Ábalos cobró mordidas de más de 400.000 euros en metálico por facilitar la contratación de la empresa de las mascarillas y por permitir que constructoras amigas se adjudicaran obras públicas del Ministerio que entonces dirigía.

Ábalos no solo niega la mayor, sino que instó al juez a que le requiriera todos los papeles que dice atesorar y que pondrían en jaque al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El magistrado le ha respondido que no puede reclamarle todos los documentos que posea, en abstracto, sin una justificación lógica. El juez es conocedor de que Aldama ha reconocido en entrevistas a medios que posee prueba documental comprometedora. Ahora bien, desconoce si esas afirmaciones son o no ciertas.

Retirada del pasaporte para Ábalos

"Este instructor ignora, evidentemente, si dichos documentos existen o no y si están o no en poder del Sr. de Aldama. Lo cierto es que, no se refirió a ellos en la declaración que prestó en esta causa (...). Además de eso, no se olvide que el Sr. de Aldama, lo mismo que el Sr. Ábalos (y el Sr. García) tienen la posición de investigado, amparados así por su derecho a no declarar contra sí mismos y, en principio, no obligados a presentar voluntariamente unos documentos u otros", indica.

Con todo, Puente dice que desconoce si existe o no un pacto de conformidad entre Aldama y la Fiscalía Anticorrupción. "No estoy en condiciones de descartar que existiera; pero ni puedo darlo por sentado aquí ni especular acerca de su concreto contenido. Conozco, eso sí, que la colaboración franca y legítima con la administración de justicia en el esclarecimiento de los hechos podría hacerle acreedor, en un futuro, de ciertos beneficios penales", concluye el magistrado.

Con todo, considera que los hechos que se investigan son graves y, por ello, acordó este jueves medidas cautelares contra el exministro. Ábalos compareció a petición del instructor, aunque su declaración apenas se alargó media hora ya que ratificó lo declarado hace ahora dos meses. El instructor, al término del interrogatorio, le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y ordenó comparecencias quincenales.