Anticorrupción incluye en el caso Koldo todas las adjudicaciones de Transportes de la etapa de Ábalos
El caso Koldo avanza a pasos agigantados en el Tribunal Supremo. El procedimiento, que empezó investigando los millonarios contratos de pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, apunta ya directamente a adjudicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción así se lo ha hecho saber a José Luis Ábalos, en el marco de la causa que se sigue contra él en el alto tribunal.
En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Fiscal advierte de que el procedimiento incluye, entre otras nuevas aristas, los contratos del Ministerio de Transportes que se otorgaron bajo la etapa de Ábalos (2018-2021). De esta forma, se pone la lupa en las adjudicaciones de obra pública que concedió el departamento que hoy dirige Óscar Puente y que, según Víctor de Aldama, se amañaron para facilitarlas a empresas amigas a cambio de mordidas millonarias.
"Sí conviene aclarar que el objeto de la presente causa especial no se circunscribe al 'asunto mascarillas', como erróneamente asegura en el recurso, sino que se extiende a la contratación del MITMA durante el período en el que fue ministro el señor Ábalos pues en definitiva es este, en su condición de aforado, quien confiere unidad a la presente investigación", reza el escrito que firma el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Indicios reforzados contra los imputados
En su escrito, la Fiscalía respalda la investigación del magistrado Leopoldo Puente y, muy especialmente, las pesquisas patrimoniales encargadas sobre Ábalos y su entorno más cercano. La principal acusación del caso Koldo niega que se esté impulsando una investigación prospectiva; más bien al contrario, defiende que este procedimiento penal -que arrancó precisamente en Anticorrupción- cuenta con unos elementos indiciarios sólidos.
[[QUOTE:PULL|||Los Sres. Ábalos, García y de Aldama lejos de desvirtuar los indicios, los reforzaron, con sus explicaciones insatisfactorias, cuando no absurdas o inverosímiles ]]
"Esta inicial información dista mucho de una indagación 'en la vida y obra' del investigado. Tan solo se ha pedido una foto fija del patrimonio del investigado y de su hijo en el momento presente", matiza Anticorrupción en referencia a la solicitud sobre el exdirigente socialista y su hijo, Víctor Ábalos. El instructor reclamó a la Guardia Civil que consultase en fuentes abiertas las cuentas o depósitos de los que pudieran ser titulares, así como viviendas, sociedades o vehículos que pudieran estar a su nombre. Al respecto, fuentes de la investigación consultadas por este medio precisan que la UCO está próxima a entregar el informe solicitado.
Tampoco da pábulo Anticorrupción a las declaraciones de los tres imputados en la trama. Más bien al contrario, los testimonios prestados en diciembre por Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos lejos de desvirtuar los indicios, "los han reforzado". "Los investigados Sres. Ábalos Meco, García Izaguirre y de Aldama Delgado, lejos de desvirtuar los indicios existentes contra ellos, los reforzaron con sus explicaciones insatisfactorias, cuando no absurdas o inverosímiles", sostiene el Ministerio Fiscal.
Cabe recordar que, a diferencia del resto, Aldama ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia. Hasta el momento ha aportado al Tribunal Supremo pruebas sobre su presunta mediación como emisario del Gobierno español en Venezuela, además de los presuntos contratos amañados en el Ministerio de Transportes e información sobre las supuestas casas de lujo que alquiló en la calle Atocha o Ayala de Madrid para que el ministro Ángel Torres o el propio Koldo García se reunieran con señoritas, siempre según su versión. Ábalos y su exasesor, por el contrario, niegan cualquier ilícito penal.
Los mensajes de Santos Cerdán y del ministro Torres
Una de las diligencias adoptadas por el magistrado a la que Ábalos se opone es la relativa al rastreo de mensajes que Aldama o los otros dos investigados se hubieran intercambiado con Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, o Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. El instructor pidió a la UCO que pusiera el foco en estas supuestas comunicaciones, después de que Aldama alegara que Santos Cerdán cobró 15.000 euros en mordidas en frente de la sede del PSOE y que Koldo García le pidió 50.000 euros para Torres, entonces presidente de Canarias.
Ábalos se opuso a la diligencia, asegurando que no se puede investigar a un aforado hasta que el Congreso de los Diputados concede el suplicatorio. El magistrado respondió hace apenas unos días que se hacía "obligatorio" indagar si estos mensajes existen antes de determinar si se inicia una investigación formal contra los aforados. En su informe sobre este asunto, Anticorrupción tiró de jurisprudencia para recordar que no se puede pedir el suplicatorio a la Cámara Baja si no hay unos indicios mínimos para actuar contra el aforado, y ello hace necesario determinar si tuvieron o no vínculos con la red.
"La jurisprudencia tanto de esta Sala Segunda como del Tribunal Constitucional sobre la institución de la inmunidad parte de que es preciso constatar si las atribuciones de responsabilidad penal -en este caso formuladas por el investigado Sr. de Aldama- tienen o no fundamento", avisa la Fiscalía. El informe encargado a la UCO se circunscribe al análisis telefónico de Aldama, Koldo y Ábalos; esto es, de personas no aforadas. "Necesariamente ha de ser así, pues resulta imprescindible obtener un nivel de indicios cualificado antes de proceder, en su caso, a la solicitud del pertinente suplicatorio para proceder contra estas personas", razona.
Por todo ello concluye que se da en el auto del magistrado un "escrupuloso cumplimiento a la referida doctrina", puesto que se han acordado unas diligencias sobre Koldo García, Aldama o Ábalos y no del entorno más cercano de Sánchez; a la espera, eso sí, de que "su resultado eventualmente permita iniciar una investigación contra el aforado" una vez se terminen las pesquisas que ahora practica la Guardia Civil.
Finalmente, el fiscal jefe Anticorrupción defiende la actuación de la Guardia Civil y se opone a relegarla, puesto que fue este cuerpo el que empezó la investigación antes incluso de llegara a la Audiencia Nacional. Al hilo, lamenta que se empleen contra la UCO «graves» e «infundadas descalificaciones» en referencia a las acusaciones de Koldo García, que dijo que actúan con «animadversión e inquina» y que se extralimitaron en el registro de su domicilio.