Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales: "Si eres investigado no puedes ser fiscal general"

Como presidenta de la principal asociación de la carrera fiscal, Cristina Dexeus considera que Álvaro García Ortiz –investigado por el Tribunal Supremo por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso– debe dimitir. La decana de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona mantiene que su permanencia en el cargo «provoca una tensión innecesaria y daña nuestra reputación y la credibilidad en la institución y en la imparcialidad de los fiscales».

¿Qué sensaciones percibe en la carrera por el hecho de que el fiscal general haya declarado como investigado en el Tribunal Supremo por primera vez en la historia de la institución?

En la carrera lo que hay es desazón, tristeza, indignación también, por el hecho de que el fiscal general del Estado se mantenga en el cargo pese a que se le ha recibido ya declaración en calidad de investigado. Dejando al margen su derecho de defensa como investigado, lo cierto es que su paso por el Tribunal Supremo y que cada día sea portada la investigación contra él realmente provoca una situación compleja en la carrera, una tensión absolutamente innecesaria, y creo que daña nuestra reputación y la credibilidad en la institución y en la imparcialidad de los fiscales.

El borrado masivo de mensajes, por parte de García Ortiz, ¿es indicativo de que tiene algo que esconder?

Eso habría que preguntárselo a él; es una línea de defensa. Precisamente porque es investigado y tiene derecho a ejercer su defensa utiliza las estrategias que considera oportunas. Y precisamente por eso debiera haberse apartado del cargo, porque es muy difícil compatibilizar esas dos condiciones, no debieran compatibilizarse en modo alguno. El ejercicio de su derecho de defensa necesariamente perjudica al final al crédito de la institución. Si eres investigado no puedes ser fiscal general, al margen del resultado de las actuaciones.

El fiscal general se escuda en un protocolo interno de seguridad y protección de datos. ¿Esa obligación existe?

No es un protocolo que sea aplicable a esa situación ni que se haya distribuido a la carrera. Se refiere a investigaciones de carácter penal en curso y una vez finalizadas. No parece que sea el caso. Es una estrategia de defensa, imagino.

Su asociación ha pedido varias veces la dimisión de García Ortiz. Si finalmente el Tribunal Supremo abre juicio oral contra él por revelación de secretos, ¿su renuncia es inevitable?

Considero que sí. Si hacemos un paralelismo con lo que establece el artículo 145 del Reglamento de la carrera fiscal para el resto de fiscales, ese es un punto de inflexión a partir del cual se ha de separar al fiscal al que se abre juicio oral por la comisión de un delito en el ejercicio del cargo. Por tanto, debiera ser el momento en el que tendría que ser apartado del cargo el fiscal general o debería de renunciar, aunque ya hemos visto que ha atravesado distintos puntos de inflexión sin hacerlo; por tanto no se si lo hará de motu proprio.

¿Es por tanto una línea roja?

Sí. Es una línea roja.

[[QUOTE:PULL|||Reforma|||Hay que establecer barreras para evitar que el fiscal general se mimetice con el Gobierno]]

Sin embargo, García Ortiz ha defendido en el Senado que dimitir dejaría en una situación de debilidad a la Fiscalía porque supondría hacer una concesión a los delincuentes. ¿Su renuncia perjudicaría a la institución?

García Ortiz dice proteger a la institución como justificación para mantenerse en el cargo, aunque hace precisamente todo lo contrario con su permanente cuestionamiento de los informes de la UCO o de la imparcialidad del juez instructor, cuando se refiere a la entrada y registro en su despacho como un allanamiento o permitiendo que un fiscal de delitos económicos sea llamado a declarar como investigado. También cuando tilda de mentirosa a la fiscal superior de Madrid y habla de desafección, un término que no se oía desde los tiempos de Franco, y carga contra ella por no prestarse a publicar una nota, como sí se hizo con Xabi Alonso o Ancelotti. Pero en estos casos, ¿se publicaron también los correos con sus abogados o la Secretaría Técnica pidió los expedientes tributarios? ¿A qué Fiscalía dice proteger? Se protege a sí mismo y protege su relato. No protege ni a la Fiscalía ni a los fiscales. Para protegerla debe dejar el cargo.

¿En qué medida la teniente fiscal del Tribunal Supremo puede mantener su independencia en la causa contra el fiscal general del Estado tratándose de su superior jerárquico?

Es muy complicado y resulta prácticamente imposible convencer a la ciudadanía de que este hecho no va a afectar cuando es su mano derecha, departe con el habitualmente y es quien le sustituye. Por tanto, esa es precisamente una de las razones por las que siempre hemos dicho que debería haber renunciado al cargo, porque de lo contrario se sitúa a la fiscal en una situación imposible, compromete la apariencia de imparcialidad y resta credibilidad a la institución en esta actuación. Es muy difícil de justificar que la fiscal no tiene un interés directo o indirecto en el pleito, porque en este caso quien esta investigado es el jefe de la fiscal que está actuando.

El Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento del fiscal general. ¿Cree que su renovación no se debió producir?

Hay que tener en cuenta que los requisitos para su designación son puramente formales, por lo que existe una discrecionalidad. También es verdad que no se habían producido todas las circunstancias que hoy en día ya conocemos. Es una decisión puramente gubernamental, pero lo que propone la Asociación de Fiscales es que se renueve el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer determinadas cautelas a fin de evitar nombramientos de personas que puedan acabar siendo afines al Gobierno que les propone; que la duración del cargo no coincida con la del Gobierno que lo nombra y, por tanto, no cese con el Gobierno; que las comunicaciones del fiscal general con el Gobierno sean transparentes; que no pueda acceder al cargo quien inmediatamente ha ejercido un cargo público, como ha sucedido ya con Dolores Delgado. En definitiva, establecer una serie de barreras para evitar que el fiscal general se mimetice con el Gobierno que le ha nombrado o incluso aparezca como si de un ministro más se tratara.

[[QUOTE:PULL|||Línea roja|||Si se abre juicio oral, García Ortiz tendría que ser apartado del cargo o renunciar]]

¿Esa es la impresión que cree que tiene el ciudadano de a pie del fiscal general?

Hay una cierta sensación en la ciudadanía de que eso es lo que se está produciendo y eso es nocivo para la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público. Por tanto, todas las posibles cautelas que se adopten respecto a su nombramiento, dotándole además de un estatuto jurídico propio, así como de independencia económica a la institución, bienvenidas sean para evitar situaciones similares.

A tenor de la situación que describe, ¿es posible dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas en las actuales circunstancias?

No es el momento oportuno para hacer ese cambio de modelo que hemos defendido, y sobre todo si no existe una reforma integral del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que fortalezca la independencia de la institución del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Ministerio de Justicia, a fin de permitir ofrecer ese servicio de instrucción por el Ministerio Fiscal sin despertar recelos o resquemores en la ciudadanía o en el resto de operadores jurídicos. Y, desde luego, si eso se enlaza con la pretendida reforma de limitación de la actuación de la acción popular, se generaría una situación de amordazamiento en las causas penales.

En relación a esa reforma legal para limitar la acusación popular, ¿es necesaria o es una reacción a las causas judiciales contra el entorno del presidente del Gobierno?

Si al Ministerio Fiscal se le da absoluta libertad de actuación y se separa muy bien la institución del Poder Ejecutivo podría reformarse mínimamente la figura de la acusación popular, podría restringirse un poco esa figura, pero precisamente en este momento consideramos que no es oportuno por la situación que atraviesa la Fiscalía.

[[QUOTE:PULL|||García Ortiz|||En la carrera hay desazón, tristeza e indignación porque se mantenga en el cargo]]

¿Sería pernicioso por tanto?

Sería pernicioso. Además, tiene una finalidad última bastante evidente pues contiene una disposición que atribuye efectos retroactivo a una ley procesal penal pese a que por naturaleza no tienen efectos retroactivos, sino a partir de su momento de publicación. Ahí esta la clave para entender por qué se está intentando hacer esta reforma, para aplicarla a causas concretas. Y eso, evidentemente, levanta suspicacias.

Esa proposición de ley insta a los jueces a no abrir diligencias por una denuncia sustentada en informaciones periodísticas. ¿Está de acuerdo?

Es una limitación que no tiene sentido. Si un juez tiene noticia de la comisión de un posible hecho delictivo tiene de oficio que examinar la existencia o no de indicios de criminalidad. No parece razonable limitar la posibilidad de investigar aquello que aparecer en una noticia periodística. Luego por supuesto si no hay indicios, se archivan las diligencias. Pero en ocasiones de noticias han salido indicios de criminalidad contra determinadas personas. Por lo tanto, ¿por qué hay que cercenar esa línea de investigación?

Pese a las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la situación del Estado de derecho en España, el mandato del fiscal general -como comentaba hace un momento- sigue anudado al del Gobierno que le nombra y tampoco hay independencia económica de la institución. ¿Esas carencias a las que ha aludido merman la imagen de independencia de la Fiscalía?

Sí. Es una evidencia que muchas veces se confunde al Ministerio Fiscal con el Gobierno, con el Ministerio de Justicia, como si se tratase de un ministerio más dentro del Gobierno. Por eso, aparte de la labor didáctica, es conveniente una reforma del modelo de Fiscalía dirigida en este sentido.

[[QUOTE:PULL|||Cambios legales|||La limitación de la acción popular no es oportuna ahora por la situación que atraviesa la Fiscalía]]

El Gobierno también quiere modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. ¿Le preocupa esa reforma en ciernes?

La reforma pretende dar la apariencia incierta de que ambas son carreras elitistas, en las que quienes opositan son hijos de jueces y fiscales y que todo el mundo pertenece a la clase medio o media alta. La realidad la expuso perfectamente Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, en la entrega de despachos a la última promoción, cuando puso de manifiesto la realidad de la carrera, que es muy limitado el número de jueces o fiscales de procedencia judicial, creo que rondaba el seis por ciento, que es una carrera de gente que pertenece a la clase media o media baja, donde muchos de los progenitores no están relacionados con el ámbito de la Justicia o incluso no tienen carreras universitarias. Por tanto, lo que hay que desmentir es el primer motivo que se esgrime para hacer esa reforma, democratizar la carrera. La carrera es suficientemente democrática ahora mismo porque el sistema de acceso permite que accedan a ella con esfuerzo personas de un abanico social muy plural. Eso sí, está basada en una cultura del esfuerzo y de dedicación donde se valora es el mérito y la capacidad, y el conocimiento global de la normativa, la interrelación de las normas y la claridad en la exposición de ese conocimiento. Son exámenes públicos, orales, donde es muy difícil hacer trampa.

¿Se busca entonces un determinado perfil de jueces y fiscales?

Por supuesto. Lo que se combate a través de esta pretendida reforma es la posibilidad de que accedan a la carrera a través del sistema de oposición quienes están ahora accediendo y puedan acceder otros perfiles a través de un sistema más abierto, menos exigente, más fácil, para modificar el perfil de los miembros de la carrera, que se dice conservador aunque yo creo que es plural.

[[QUOTE:PULL|||Acusación popular|||Se está intentando hacer esta reforma para aplicarla a causas concretas. Levanta suspicacias]]

El Tribunal Constitucional ya tramita los recursos contra la Ley de Amnistía y los primeros recursos de amparo de los condenados por el "procés" contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. ¿Hay margen para apreciar una posible vulneración de derechos fundamentales?

Lo van a tener que decidir en el tribual. Pero la tramitación de los recursos nace ya con polémica desde el momento en que se ha conseguido apartar a uno de los magistrados, José María Macías, por el simple hecho de haber emitido voto respecto de un dictamen del Consejo General del Poder Judicial relativo a la Ley de Amnistía cuando él era vocal.

El tribunal también tramite ya el recurso de amparo de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la anulación de su ascenso por desviación de poder. ¿Puede el Constitucional corregir al Tribunal Supremo sin descafeinar el control judicial de los nombramientos del fiscal general?

La cuestión radica, desde mi punto de vista, en que se ha forzado la admisión a tramite del recurso de amparo considerando que existe un interés constitucional, lo que parece excesivamente forzado. Es curioso que para ese primer trámite de admisión el presidente, Cándido Conde-Pumpido, no se haya abstenido pese a que incurría en causa de abstención y que posteriormente, cuando ha sido recusado por uno de los interesados, haya adoptado la decisión de abstenerse. No se entiende por qué sí votó la admisión a trámite y posteriormente él mismo asumió que debería haberse abstenido.