Hacienda ingresará 2.500 millones por el «dieselazo»

El sector del transporte se ha puesto en pie de guerra contra la intención del Gobierno de sacar adelante la subida del impuesto estatal al diésel para equipararlo al de la gasolina, lo que supondría un incremento de 10 céntimos por litro y un golpe en la línea de flotación de las empresas de transportes y de los profesionales autónomos. Un coste adicional que, según las patronales del sector, supondría unos ingresos extra para Hacienda de 2.500 millones de euros, gracias al plus pagado de más por los 25.000 millones de litros de gasóleo consumidos al año en España, la mitad de ellos correspondientes a actividades profesionales, unos 1.750 millones. El resto lo abonarán los conductores particulares.

Otras fuentes van más allá y aseguran que el coste adicional podría elevarse a unos 500 euros de más al mes, unos 6.500 millones al año por remolque. En el caso de profesionales que utilizan furgonetas y vehículos ligeros la cifra se redondearía en torno a los 1.000 euros anuales. Este encarecimiento se produciría al elevar el tipo general de 0,307 euros a 0,401 euros, lo que colocaría la subida en esos 10 céntimos por litro.

Por ello, las patronales del transporte por carretera rechazan cualquier incremento impositivo que eleve sus gastos y no descartan llevar a cabo movilizaciones inmediatas, incluso convocar paros si el Ejecutivo sigue adelante con su intención de aprobarlo por decreto ley. Se lo han comunicado al Gobierno todas las patronales del sector, incluidas las dos principales, Fenadismer y CETM, después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciara en Bruselas que en las próximas semanas lo aprobará el Consejo de Ministros para equipararlo al de la gasolina. Justifica la recuperación de esta controvertida medida por la obligatoriedad de cumplir con los compromisos fiscales adquiridos con la Unión Europea y poder recibir el quinto paquete de los fondos europeos Next Generation, que obliga a la aprobación de una reforma fiscal, que incluiría la luz verde al «dieselazo».

El pasado miércoles, las patronales del transporte advirtieron en un comunicado que «no es la primera vez» en los últimos meses que el Gobierno intenta aprobar esta controvertida medida, que ya fue rechazada en el Congreso de los Diputados por falta de apoyo parlamentario el pasado mes de noviembre, pese a lo cual «persiste en su empeño, para lo que se estaría planteando aprobarlo de nuevo con carácter inmediato mediante decreto ley». Por ello, acordaron por unanimidad de todo el sector «el rechazo absoluto a su aprobación por ser el principal sector económico afectado por dicha subida fiscal». Representantes del sector se reunirán con diferentes grupos políticos para que «tumben la medida en el Parlamento, sin descartar otro tipo de movilizaciones» en contra de dicha medida, si finalmente sale adelante, incluidos paros intermitentes y huelgas, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de los transportistas.

El Ejecutivo teme que si no logra sacar adelante el decreto ley, la Unión Europea podría bloquear parcialmente o en su totalidad el quinto paquete de los fondos europeos. El Gobierno solicitó el quinto tramo el pasado 20 de diciembre por un importe récord de 23.900 millones, de los cuales 8.000 millones corresponden a subvenciones y 16.000 a préstamos de acuerdo con la adenda, que suponía el adelanto de 55 hitos y objetivos ya cumplidos, de manera que el desembolso de transferencias y los dos primeros de préstamos pasarán de tener 32 medidas aprobadas a recoger un total de 84.

Cuerpo apuntó que la Comisión Europea tiene dos meses hasta el próximo 21 de marzo para evaluar la petición de España. Si detecta el incumplimiento de alguno de los hitos u objetivos –incluida la reforma fiscal y el impuesto al diésel–, puede decidir otorgar un pago parcial o, directamente, congelar los fondos correspondientes, como ya ocurrió con el cuarto tramo del plan, algo que quiere evitar el Ejecutivo. «Todavía estamos dentro de plazo en relación a cumplimiento del quinto pago», insistió Cuerpo, que intentará buscar apoyos a una medida que Junts y PNV ya han rechazado.